Hubo un tiempo en México en el que portar una sotana podía llevar a la cárcel, celebrar una misa era motivo de fusilamiento y educar a un niño en la fe se consideraba un delito contra el Estado. No es una metáfora ni una exageración retórica: es un capítulo documentado y todavía incómodo de la historia nacional. La persecución religiosa en México, extendida a lo largo de los siglos XIX y XX, dejó decenas de miles de muertos, comunidades enteras fracturadas y una herida profunda en la relación entre el Estado y la conciencia de su pueblo.
Hablar de persecución religiosa no significa negar el carácter laico del Estado mexicano. Significa reconocer que, durante décadas, ese laicismo derivó en políticas abiertamente hostiles que vulneraron derechos humanos fundamentales, particularmente la libertad religiosa y la dignidad de millones de personas creyentes. México no solo separó Iglesia y Estado; en distintos periodos intentó someter, silenciar o erradicar la expresión pública de la fe.
La relevancia del tema hoy no es histórica únicamente. En un país que presume pluralidad, derechos y democracia, comprender cómo se negaron esos mismos derechos en el pasado es clave para valorar lo conquistado y defenderlo. Como advierte el historiador Jean Meyer, uno de los mayores especialistas en la Cristiada, “la persecución religiosa en México fue una de las más severas del siglo XX en un país no comunista”. No conocerla es aceptar una memoria incompleta.
Un recorrido de dos siglos: del Estado confesional al Estado laico hostil
Tras la Independencia, México nació como una nación formalmente católica. La Constitución de 1824 establecía que la religión católica era la única permitida. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el proyecto liberal impulsó una ruptura radical. Las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857 buscaron secularizar al país, pero lo hicieron mediante la confiscación de bienes eclesiásticos, la supresión de órdenes religiosas y la restricción del culto público.
Bajo el liderazgo de Benito Juárez, el Estado liberal consolidó un marco legal que, en nombre del progreso, redujo drásticamente y de hecho persigió a los católicos, expropiando bienes, quitando y cerrando escuelas y hospitales que eran administrados y guiados por ordenes religiosas de la Iglesia, Juárez quería a la Iglesia fuera de la vida social. La Guerra de Reforma (1858–1861) fue la primera expresión armada de este conflicto: mexicanos enfrentados por convicciones religiosas y políticas.
El siglo XX radicalizó la tensión. La Revolución Mexicana desembocó en la Constitución de 1917, uno de los textos más anticlericales de su tiempo. Artículos como el 3, 5, 24, 27 y 130 limitaron severamente la libertad religiosa: prohibieron órdenes religiosas, negaron personalidad jurídica a las iglesias, restringieron el culto al interior de los templos y despojaron de derechos políticos a los ministros.
La aplicación estricta de estas disposiciones bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles detonó el conflicto más sangriento: la Guerra Cristera. Campesinos, obreros, mujeres y jóvenes se alzaron al grito de “¡Viva Cristo Rey!” frente a un Estado que criminalizó su fe. El saldo fue devastador: cerca de 90 mil muertos, miles de desplazados y una sociedad marcada por el miedo.
“Morir por Cristo no era locura, era dignidad”
José Sánchez del Río tenía 14 años cuando fue capturado por tropas federales en 1928. Antes de fusilarlo, le exigieron renegar de su fe. Se negó. Según los testimonios recogidos en el proceso de canonización, caminó descalzo tras ser torturado y repitió una frase que hoy sigue estremeciendo: “Nunca fue tan fácil ganarme el cielo”. Su historia no es un símbolo aislado; es el rostro humano de miles de familias que vieron a hijos, padres y hermanos morir por ejercer un derecho básico.
En Jalisco, Michoacán y Guanajuato, todavía hoy hay abuelos que recuerdan misas clandestinas en cuevas, campanas silenciadas y sacerdotes ocultos en graneros. “Mi madre aprendió a rezar en voz baja”, relató décadas después María Gómez, hija de cristeros, en una entrevista al Archivo Oral del INAH. “No por vergüenza, sino por miedo”.
Persecución silenciosa y normalización tardía
Tras el fin armado de la Cristiada en 1929, México entró en una etapa de persecución institucionalizada: la ley seguía siendo hostil, pero se aplicaba con discreción. La Iglesia existía, pero sin reconocimiento jurídico. Durante más de 60 años, templos, escuelas y congregaciones funcionaron en una especie de tolerancia precaria.
La reconciliación no llegó sino hasta 1992, cuando el Estado mexicano reformó la Constitución y promulgó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Por primera vez se reconoció plenamente la libertad religiosa y la personalidad jurídica de las iglesias. La visita de Juan Pablo II en 1979 había anticipado ese cambio cultural: millones en las calles evidenciaron que la fe seguía viva y que perseguirla ya no era viable.
La Doctrina Social de la Iglesia como hilo conductor
Este recorrido histórico se ilumina desde los valores de la Doctrina Social de la Iglesia:
- Dignidad humana, negada cuando se criminalizó la conciencia.
- Libertad religiosa, restringida durante más de un siglo.
- Justicia y bien común, vulnerados por guerras y exclusiones.
- Subsidiariedad, ignorada al suprimir la labor social de la Iglesia.
- Solidaridad, puesta a prueba en comunidades fracturadas.
Analizar la persecución religiosa en México no busca reabrir heridas, sino comprenderlas para no repetirlas. La libertad que hoy se ejerce sin miedo fue conquistada con sangre, silencio y perseverancia.
En un país joven, plural y marcado por nuevas tensiones ideológicas, recordar cuando creer fue delito es un acto de responsabilidad cívica. La historia demuestra que ningún proyecto político puede sostenerse atropellando la conciencia de su pueblo. México aprendió esa lección tarde, pero la aprendió.
Esta primera entrega abre un recorrido que irá profundizando en cada etapa de la persecución religiosa. Porque solo con memoria completa puede construirse una libertad auténtica, duradera y verdaderamente humana.
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