Hay reformas que se anuncian como ajustes administrativos, pero cuyo verdadero propósito es desmontar los cimientos de la vida democrática. La reforma electoral que el gobierno presentará en las próximas semanas pertenece a esa categoría. No busca modernizar ni simplificar: busca centralizar el poder político en manos del Ejecutivo, borrar contrapesos y reescribir las reglas del juego para que el árbitro deje de ser árbitro y vuelva a ser subordinado.
Las declaraciones de Pablo Gómez, nombrado como responsable de coordinar la propuesta de reforma electoral del gobierno de Claudia Sheinbaum, son un síntoma revelador y amenazante de la democracia. Al afirmar que no está de acuerdo con “el concepto” de la autonomía e independencia de los órganos electorales, no solo contradice décadas de construcción institucional: contradice su propia trayectoria.
El gris ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de López Obrador, durante su carrera parlamentaria, defendió con vehemencia la necesidad de limitar al poder presidencial, de garantizar elecciones limpias y de blindar al árbitro electoral de presiones gubernamentales. Hoy sostiene lo contrario.
La pregunta es inevitable: ¿En qué momento quienes se asumían como demócratas decidieron convertirse en custodios de un proyecto que concentra poder y desconfía de los ciudadanos?
El oficialismo perdió la memoria, olvidó que México no siempre tuvo un órgano electoral autónomo. La independencia y autonomía electoral se conquistó a pulso, después de fraudes, movilizaciones, rupturas y acuerdos que exigieron décadas de presión social.
La autonomía del árbitro electoral permitió que la competencia dejara de depender de la voluntad presidencial y se trasladara a una institución vigilada por los ciudadanos.
La credencial para votar con fotografía fue otro hito. Profesionalizó el padrón, redujo la suplantación de identidad y devolvió confianza en el proceso electoral. Fue un símbolo de dignidad democrática: cada ciudadano con rostro, nombre y responsabilidad.
Y la participación ciudadana -funcionarios de casilla, observadores, consejeros- cerró el círculo. Sin ciudadanía, no hay democracia que resista.
La reforma anunciada apunta en dirección opuesta: centraliza, subordina, diluye la independencia institucional y reduce la participación ciudadana, y ese modelo no es nuevo: se parece demasiado a los sistemas venezolano y cubano, donde el aparato electoral es una extensión del poder político y donde la pluralidad se sustituye por unanimidad obligada.
En esos regímenes, el gobierno no compite: administra. No arbitra: decide. No escucha: impone. El partido en el poder se convierte en el único intérprete legítimo de la voluntad popular, y los ciudadanos quedan relegados a obedecer.
Los avances democráticos que hoy se pretenden desmontar fueron los mismos que permitieron la llegada desde 1997 de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno del Distrito Federal ahora CDMX y de Morena al gobierno federal en 2018.
Pero la soberbia suele borrar la memoria. Resulta incómodo para el obradorato, reconocer que fueron millones de personas -activistas, periodistas, organizaciones civiles, opositores de todos los colores-, quienes dieron las batallas democráticas que hicieron posible su triunfo. Hoy, sin embargo, el oficialismo intenta apropiarse de luchas que no les pertenecen, como si la historia empezara y terminara con ellos.
La pregunta persiste: ¿dónde están aquellos que marcharon en 1988 exigiendo democracia? ¿Dónde están quienes denunciaban el autoritarismo, la manipulación electoral y el control presidencial? ¿Cómo explicar que hoy respalden un proyecto que reproduce los mismos vicios que combatieron? La metamorfosis no es ideológica: es de poder.
Si esta reforma se concreta, no solo se pone en riesgo la autonomía electoral. Se pone en riesgo la libertad de pensamiento. Cuando el gobierno controla el árbitro, controla la competencia. Y cuando controla la competencia, controla la narrativa, la disidencia, la crítica. La democracia no se pierde de un día para otro: se erosiona desde adentro, hasta que un día descubrimos que ya no podemos elegir, disentir o cuestionar sin permiso.
El país ya vivió un sistema donde el gobierno lo era todo y la ciudadanía solo obedecía. Costó décadas salir de ahí. No podemos permitir que, bajo el disfraz de una reforma, regresemos a ese pasado que tanto trabajo costó superar.
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