La posibilidad de que la administración Trump en Estados Unidos reactive un arancel generalizado del 25% a las importaciones mexicanas —similar al propuesto en 2019, pero ahora con un alcance mayor y bajo criterios de “seguridad nacional”— ha encendido las alarmas en Palacio Nacional, en la Secretaría de Economía y en la planta productiva nacional. No se trata solo de un amago político: de acuerdo con la Tax Foundation, un gravamen de ese tamaño podría costar a Estados Unidos más de 30 mil millones de dólares en cargas adicionales para consumidores y empresas. Pero para México, cuya economía depende en más de 82% de sus exportaciones hacia el mercado estadounidense (Secretaría de Economía, 2025), el impacto sería inmediato y profundo.
Frente a esta amenaza, la Secretaría de Economía mexicana apuesta por lo que denomina una “diplomacia de resultados”, una estrategia que busca mantener abiertos los canales de negociación técnica, mostrar evidencia sobre el daño compartido que generaría un arancel de esta magnitud y preservar la vigencia y funcionalidad del T-MEC, un acuerdo que sostiene millones de empleos en América del Norte.
La coyuntura, sin embargo, ya comienza a hacerse sentir: la industria del acero y la automotriz —dos pilares de la integración regional— registran caídas del 12% en sus exportaciones bajo las restricciones de la Sección 232, que desde 2018 permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional. Para cientos de pequeñas y medianas empresas proveedoras, este descenso representa algo más que números: significa incertidumbre, reducción de pedidos, retrasos en pagos y riesgo real de despidos.
Un contexto histórico que vuelve a tensarse
El comercio entre México y Estados Unidos ha atravesado ciclos de tensión desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994. Sin embargo, la lógica que dominó durante décadas —la interdependencia positiva y la apuesta por cadenas de valor cada vez más integradas— se encuentra hoy bajo cuestionamiento.
El economista Enrique Dussel Peters, especialista en cadenas de suministro, explica en entrevista para El Financiero que “el sistema productivo norteamericano funciona como un solo cuerpo; si uno de sus miembros es lesionado, todos los demás lo resienten”. Esta imagen resulta especialmente clara para la industria automotriz: un automóvil ensamblado en México cruza la frontera hasta ocho veces antes de estar terminado, con piezas provenientes de plantas en Michigan, Ontario, Coahuila y Nuevo León.
Un arancel generalizado del 25% rompería esa lógica. Para México implicaría perder competitividad de inmediato. Para Estados Unidos significaría encarecer autos, acero, maquinaria y bienes de consumo esenciales, afectando directamente a sus propios trabajadores.
El impacto real: cifras que muestran la fragilidad del momento
Los datos disponibles confirman el deterioro en el ambiente económico.
- Exportaciones en caída
Banxico reportó que, durante el último trimestre de 2025, el valor de las exportaciones manufactureras cayó 6.4%, y que la reducción más pronunciada se registró en el acero y en el sector automotriz, con retrocesos acumulados del 12%. Esta reducción coincide con la intensificación de revisiones aduaneras, medidas precautorias y la ampliación de criterios de la Sección 232. - Proyecciones de crecimiento recortadas
El Banco Mundial, en su informe de enero de 2026, recortó el pronóstico de crecimiento de México a 1.3% para 2026, señalando que “la incertidumbre comercial y el riesgo arancelario generan un ambiente adverso para la inversión, particularmente en sectores vinculados al comercio exterior”. - Efecto en las cadenas de valor
Un estudio de la Tax Foundation advierte que un arancel generalizado incrementaría los costos de producción en Estados Unidos en proporciones que impactarían directamente a las empresas norteamericanas: hasta el 70% de las importaciones automotrices desde México corresponden a insumos intermedios, no a autos terminados.
El riesgo es claro: si el costo sube, la producción baja; si la producción baja, los empleos se pierden, y con ello se rompe la promesa de un crecimiento compartido que ha sostenido la relación bilateral durante tres décadas.
Voces desde la primera línea: testimonios de trabajadores y empresarios
Para comprender la dimensión humana del problema —y aterrizarlo en la vida cotidiana de los mexicanos— es útil escuchar a quienes dependen directamente de estas exportaciones.
María Fernanda Ruiz, supervisora en una planta autopartista en Ramos Arizpe, explica: “Desde septiembre nos vienen ajustando turnos. En mi línea éramos 23 personas; hoy somos 17. No nos han corrido, pero ya no hay horas extra. La incertidumbre pega más que el cansancio.”
En el Bajío, donde la industria automotriz genera más de 1.2 millones de empleos directos e indirectos, los efectos son similares. Un pequeño proveedor de Querétaro, cuya identidad se reserva por motivos laborales, relata: “Dependemos en 80% de un cliente estadounidense. Si nos meten el arancel, ellos mismos nos dijeron que evaluarían mover parte de sus procesos. No es política: es supervivencia.”
Este tipo de testimonios confirma que lo que se discute no es un conflicto técnico o diplomático abstracto. Es la estabilidad de familias, comunidades y regiones enteras.
Diplomacia de resultados: la apuesta mexicana
Frente a este panorama, la Secretaría de Economía ha descrito su estrategia como una combinación de diálogo técnico y evidencia empírica. De acuerdo con declaraciones recientes, la meta es demostrar que el arancel no solo sería contraproducente para México, sino también para Estados Unidos.
La secretaria ha repetido en diversos foros que “el T-MEC no es un favor unilateral, sino un pacto de corresponsabilidad productiva”. Esta afirmación se alinea con un principio fundamental de la Doctrina Social de la Iglesia: la economía debe estar al servicio de las personas y de la comunidad, no al revés. En palabras de Caritas in Veritate: “el desarrollo de los pueblos depende de un intercambio respetuoso, solidario y justo”.
Brújula ética: comunidad y destino común
En un momento donde el discurso político busca dividir, la realidad económica recuerda un principio clave: México y Estados Unidos comparten destino.
La noción de destino común —recurrente en la tradición ética y humanista— implica que las decisiones económicas deben orientarse hacia el bien de todos. En el caso del comercio bilateral, esto se traduce en reconocer que:
- Los empleos estadounidenses también dependen de México.
Más de 5 millones de empleos en Estados Unidos están vinculados al comercio con México, según el Wilson Center. - Un arancel del 25% golpearía a los sectores obreros y manufactureros, no a las élites corporativas.
- La estabilidad fronteriza y la cooperación migratoria requieren condiciones económicas que favorezcan la integración, no la confrontación.
Nadie se salva solo.En términos económicos, esto significa que la prosperidad sostenible es aquella construida con justicia, responsabilidad compartida y visión de largo plazo.
¿Hacia dónde avanzar? Propuestas para México
El desafío obliga a México a pasar de la reacción a la propuesta. Algunos especialistas sugieren tres líneas estratégicas:
- Definir un “piso parejo” para la industria nacional
Esto implica fortalecer programas de financiamiento, logística y capacitación para aumentar la competitividad mexicana sin incurrir en subsidios distorsionantes. - Diversificar mercados sin abandonar Norteamérica
La diversificación es clave, pero debe ser realista: ningún mercado sustituye a Estados Unidos. Sin embargo, Sudamérica, Europa y Asia ofrecen nichos importantes para sectores agroindustriales, electrónicos y de manufactura avanzada. - Fortalecer la certidumbre jurídica interna
Las empresas —mexicanas y extranjeras— requieren reglas claras. La legalidad, principio central de la Doctrina Social de la Iglesia, es un pilar del desarrollo justo.
La amenaza del arancel del 25% es un recordatorio de la fragilidad del momento global, pero también una oportunidad para que México defina con claridad su visión de futuro. La interdependencia con Estados Unidos no es una debilidad, sino una plataforma que debe administrarse con inteligencia, ética y responsabilidad.
El llamado es claro: proteger el empleo nacional, promover un comercio justo y fortalecer la cooperación norteamericana. No se trata de ceder, sino de liderar con propuestas. México debe colocarse no como víctima de presiones externas, sino como un actor maduro, consciente de que el bienestar de su pueblo está ligado a una relación comercial estable, justa y mutuamente beneficiosa.
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