En México, la crisis del agua dejó de ser una advertencia futura para convertirse en una realidad cotidiana. Ríos, lagos y humedales enfrentan un deterioro acelerado por descargas industriales, residuos urbanos y prácticas agrícolas sin regulación, una combinación que no sólo compromete la biodiversidad, sino que reduce de manera alarmante la disponibilidad de agua apta para consumo humano.
De acuerdo a especialistas el problema no es únicamente ambiental también es un asunto de salud pública. Salvador Alejandro Sánchez Tovar, experto en tratamiento de aguas residuales y tecnologías limpias, alertó que el país se encamina a un escenario crítico justo cuando está por entrar en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que a partir de 2026 endurecerá los límites de contaminantes permitidos en las descargas de aguas residuales, incluidos metales pesados y disruptores endócrinos.
El investigador subrayó que la mayoría de las plantas de tratamiento en operación no cuenta con la capacidad técnica para cumplir con estos nuevos parámetros. El resultado, dijo, será una brecha aún mayor entre la regulación ambiental y la realidad operativa de la infraestructura hídrica nacional, con consecuencias directas para ríos y humedales que ya muestran signos de colapso.
Durante el congreso Educar y actuar: cambio climático y desafíos ambientales, celebrado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Sánchez Tovar impartió la conferencia magistral Contaminación de aguas y humedales, en la que insistió en la urgencia de cambiar el paradigma de gestión del agua residual en el país. Frente a un modelo centrado en la obra pública y el cumplimiento administrativo, planteó la necesidad de colocar a la investigación científica y a la participación social en el centro de la toma de decisiones.
De acuerdo con el especialista, México sigue apostando por métodos de tratamiento obsoletos, como los sistemas de lodos activados y las lagunas de oxidación. Estas tecnologías, explicó, no separan de forma adecuada los drenajes pluviales de los residuales, lo que reduce su eficacia y aumenta el riesgo de descargas contaminantes en temporadas de lluvia. A ello se suma la escasa inversión en innovación tecnológica y la ausencia de políticas robustas de reutilización del agua tratada.
Las consecuencias son visibles. Numerosas plantas operan por debajo de su capacidad instalada o permanecen inactivas, lo que genera pérdidas económicas y agrava la contaminación de cuerpos de agua superficiales. Sánchez Tovar recordó que la propia Comisión Nacional del Agua ha reconocido que más de 40 por ciento de las plantas de tratamiento del país no funciona de manera idónea, a pesar de las inversiones realizadas en infraestructura que, en muchos casos, prioriza la apariencia de sostenibilidad sobre su eficacia real.
El académico señaló que la selección de proyectos hídricos suele estar condicionada por criterios políticos y procesos burocráticos rígidos, apoyados en asesorías técnicas desactualizadas. Esta dinámica, afirmó, provoca un impacto ambiental doble: por un lado, los ríos y lagos continúan acumulando materia orgánica, metales pesados y microorganismos patógenos; por otro, los humedales pierden progresivamente su capacidad natural de filtración y recarga, un servicio ecosistémico clave para el equilibrio hídrico.
Frente a este panorama, Sánchez Tovar presentó una alternativa desarrollada junto con su equipo de trabajo: sistemas de digestión anaerobia combinados con humedales artificiales, diseñados para comunidades de hasta dos mil 500 habitantes. Esta propuesta, explicó, resulta más eficiente y menos costosa que los modelos convencionales, al tiempo que mejora la calidad del agua tratada mediante procesos biológicos naturales, sin depender de tecnologías altamente complejas o de alto consumo energético.
Más allá de una solución técnica, el investigador planteó la necesidad de una transformación institucional profunda. Aseguró que la salida a la crisis del agua no pasa únicamente por destinar mayores recursos financieros, sino por reestructurar la forma en que se toman las decisiones. Entre sus propuestas destacó la descentralización de los criterios técnicos y la integración de universidades, centros de investigación y comunidades locales en la gestión del agua residual.
En un contexto marcado por la creciente desigualdad en el acceso al agua, el especialista advirtió que insistir en soluciones costosas y de baja productividad sólo profundiza la crisis ambiental y amplifica los riesgos para la salud de las poblaciones más vulnerables. Para Sánchez Tovar, el desafío es claro: sin un cambio de rumbo sustentado en conocimiento científico y corresponsabilidad social, la degradación de los cuerpos de agua seguirá avanzando, incluso bajo un marco normativo más estricto.
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