En el corazón de los Emiratos Árabes Unidos, el emirato de Abu Dhábi ha anunciado su ambición de convertirse para 2027 en el primer gobierno del mundo totalmente nativo de inteligencia artificial (IA), es decir, un Estado que opera sus principales servicios públicos mediante sistemas de IA integrados de forma permanente.
La estrategia se articula mediante la plataforma única de servicios gubernamentales llamada TAMM —la cual ya agrupa más de 900 servicios de la administración pública en una única aplicación— y despliega actualmente más de 100 casos de uso de IA activos en unas 40 entidades gubernamentales.
Según la propia administración de Abu Dhábi, se está invirtiendo en infraestructura digital, nube soberana, alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos (por ejemplo Microsoft, G42) y un enfoque de servicios públicos basado en datos, automatización y atención al ciudadano mediante IA.
Hammad Hanif Pasha, consultor en TI que vive en Abu Dhábi desde 2010, dice lo siguiente tras usar la aplicación TAMM para trámites cotidianos: “I haven’t been in a government building in four or five years… I just don’t need to go anymore.” Este testimonio permite aterrizar la idea: para el ciudadano, la promesa es que los trámites públicos —licencias, multas, renovaciones— se vuelven digitales, sencillos, sin esperas largas.
Este tipo de iniciativas merece tanto reconocimiento como reflexión crítica.
Dignidad y persona humana: Si el Estado despliega IA para servir mejor al ciudadano, eso puede favorecer la dignidad humana al facilitar acceso, transparencia y participación. Pero si la tecnología sustituye la interacción humana sin garantía de justicia, equidad o control democrático, puede vulnerar la dignidad del ciudadano.
Bien común: Un gobierno digital altamente eficiente puede potenciar el bien común al facilitar servicios públicos de calidad a todos. La iniciativa de Abu Dhábi aspira precisamente a “24/7” de atención, accesible, inteligente. Pero hay que preguntarse: ¿incluirá a personas vulnerables, migrantes, quienes no dominan tecnología? ¿Garantizará la equidad en el acceso?
Subsidiariedad: las actividades de mayor escala (como el Estado) deben respetar las iniciativas más pequeñas y promover participación. Un modelo estatal de IA debe permitir a la comunidad, al ciudadano, actuar, participar y exigir rendición de cuentas, no solo recibir servicios. Un riesgo es que la automatización centralizada genere dependencia o disminuya espacios de participación humana real.
Solidaridad: La apuesta tecnológica debe acompañarse por una dimensión de acompañamiento comunitario, no solo eficiencia fría. Si un trámite digital se vuelve imposible para cierta población (por falta de conectividad, alfabetización digital), se rompe el principio de solidaridad.
Desde el marco de los valores mexicanos —respeto, legalidad, comunidad— también se plantean retos: ¿cómo se regula esta “IA estatal” para que respete la ley, los derechos humanos, la privacidad, la transparencia y rendición de cuentas? ¿Qué garantías habrá para el ciudadano?
¿Qué sabemos hasta ahora y qué falta por ver?
Lo que se ha logrado
- La plataforma TAMM agrupa ya más de 900 servicios gubernamentales de Abu Dhábi bajo una sola aplicación móvil o portal.
- La versión TAMM 3.0 lanzada en 2024 integra un “assistente IA” que permite al usuario interactuar por voz o texto, en árabe o inglés, para guiarlo en el trámite.
- Colaboraciones estratégicas: por ejemplo, Abu Dhábi firmó con Microsoft y G42 para desplegar una nube soberana que soporta más de 11 millones de interacciones digitales al día, como parte de la estrategia de digitalización.
- Reconocimientos internacionales: TAMM fue galardonada por los premios WSIS de la ONU como mejor proyecto de gobierno electrónico en 2025.
Lo que aún requiere clarificación
- Aunque la inversión ha sido grande, la cifra exacta de 3.54 mil millones de dólares (como señalas en el planteamiento) no aparece claramente en las fuentes consultadas. Algunas fuentes mencionan “AED 13 mil millones” para infraestructura digital en el emirato, pero no necesariamente tradicionalmente convierte a USD 3.54 mil millones.
- Alcance real de qué tan “IA-nativa” será el gobierno: la meta es para 2027 que todos los procesos públicos sean gestionados de forma nativa por IA, pero no se detalla cómo se manejarán los procesos críticos, ni qué garantías de supervisión humana habrá.
- Impacto social: faltan datos públicos —al menos en las fuentes revisadas— sobre el impacto en grupos vulnerables, inclusión digital, brechas de género o etnia al momento de implementar esta plataforma.
- Transparencia, responsabilidad y privacidad: un gobierno potenciado por IA plantea preguntas de fondo: ¿quién responde ante un algoritmo que decide? ¿Cómo garantizar que los sesgos no se reproduzcan? ¿Qué control ciudadano habrá?
¿Por qué lo hacen? Motivaciones y contexto estratégico
El contexto geopolítico y económico de Abu Dhábi ayuda a entender las motivaciones detrás de esta apuesta tecnológica:
- Diversificación económica: los Emiratos van más allá del petróleo y apuestan por la tecnología, la innovación y los servicios avanzados como motores de desarrollo.
- Competencia global: en el Medio Oriente, países como Arabia Saudí desarrollan también estrategias de IA, por lo que ser pionero en “gobierno inteligente” brinda ventaja.
- Mejora de servicios públicos: la lógica es simple: si los trámites son más rápidos, eficientes y accesibles, el ciudadano (o residente) percibe mejor calidad de vida. En palabras de un usuario, “ya no tengo que ir al edificio de gobierno”.
- Reputación internacional: ganar premios como los WSIS ayuda al emirato a posicionarse como hub global de innovación.
Los riesgos y dilemas que no se deben ignorar
Aunque la propuesta suena futurista y eficiente, hay varios retos que merecen atención desde la perspectiva del ciudadano –y especialmente desde la Doctrina Social de la Iglesia y el buen gobierno.
1. Brecha digital e inclusión
¿Accederá toda la población por igual a los servicios? Quienes no tienen smartphone, internet o dominio digital podrían quedar rezagados. Convertir todo en “app” puede excluir.
2. Algoritmos, sesgos y control humano
Un algoritmo puede cometer errores, puede replicar sesgos, puede no tener empatía. Es esencial que haya supervisión humana, mecanismos de apelación y transparencia en cómo se toman decisiones automatizadas.
3. Privacidad de datos y seguridad
Una plataforma que agrupa cientos de servicios maneja datos intensivos —residencia, salud, multas, licencias—. Garantizar que estos datos estén protegidos, que no haya vigilancia indiscriminada y que se respete la intimidad es fundamental.
4. Autonomía del ciudadano
El ciudadano debe seguir siendo sujeto activo, no receptor pasivo. La automatización no puede volverse paternalismo digital. La subsidiariedad exige que la comunidad, los individuos tengan espacios de participación y decisión.
5. Gobernanza, transparencia y rendición de cuentas
Quien programa el algoritmo, quien define los criterios, quien decide los flujos de servicio debe rendir cuentas ante la población. La legalidad debe adaptarse para los tiempos de IA.
Una reflexión final: ¿modelo replicable para otros países?
Para jóvenes de 18 a 35 años que consumen noticias, empresas, apps y se relacionan con la tecnología casi como parte de su vida diaria, este experimento de Abu Dhábi resulta fascinante: un gobierno que “piensa” digitalmente, que anticipa tus trámites, que promete rapidez y eficiencia. Pero también debe generar preguntas: ¿qué tipo de ciudadanía estamos construyendo? ¿Un ciudadano que solo recibe o uno que participa, controla, cuestiona?
En México, por ejemplo, si se contempla adoptar modelos similares, se debe hacer con plena conciencia de los valores: dignidad humana, inclusión, derecho a la participación, transparencia. Un “gobierno de IA” puede ser herramienta poderosa para el bien común, pero sin valores se puede tornar máquina fría.
El elemento clave es que la tecnología sea servicio al ser humano, no al revés. Y que quede claro: la meta no es “gobernar con algoritmos” sino «gobernar para la persona, con la persona y por la persona».
En conclusión, el esfuerzo de Abu Dhábi es un faro de innovación que invita a otros países a mirar hacia adelante. Pero también un espejo donde medirse: ¿cómo garantizamos que la digitalización del Estado no deje a nadie atrás? ¿Cómo aseguramos que la autoridad siempre rinda cuenta y que la ciudadanía no se convierta en mero cliente sino en agente político? En esa tensión —entre eficiencia tecnológica y valores humanos— reside el verdadero desafío del siglo XXI.
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