Tras semanas de incertidumbre, retrasos en el escrutinio y un clima de alta polarización política, Honduras concluyó el proceso de sus elecciones presidenciales de 2025 con la declaratoria de Nasry “Tito” Asfura como presidente electo.
El resultado, oficializado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de un recuento especial de actas, puso fin a un empate técnico que mantuvo en vilo al país y evidenció las tensiones institucionales, los cuestionamientos al proceso y la fragilidad del sistema electoral hondureño.
Un resultado definido en medio de la incertidumbre
El recuento especial de las boletas electorales concluyó el 24 de diciembre con la proclamación de un nuevo presidente para Honduras. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró vencedor al conservador y exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, quien obtuvo el 40.3 % de los votos, superando por un estrecho margen al centrista Salvador Nasralla, postulado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), con el 39.5 %. En un distante tercer lugar quedó la candidata oficialista Rixi Moncada.
La declaratoria fue respaldada por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, quienes firmaron el acta correspondiente tras la revisión del 15 % de las papeletas, un proceso que se desarrolló en un ambiente de alta tensión política e institucional. El escrutinio especial se realizó en medio de intentos por impedir el conteo, acusaciones cruzadas entre partidos y anuncios anticipados de posibles impugnaciones por parte de Nasralla y Moncada.
La decisión del CNE de anunciar un ganador antes de completar el recuento total generó cuestionamientos internos. El consejero Marlon Ochoa, identificado con el oficialismo, se negó a validar el acto de proclamación, argumentando irregularidades en el procedimiento. Aun así, el órgano electoral sostuvo que actuó conforme a los plazos legales establecidos.
El resultado se inscribe en una tendencia reciente observada en América Latina, marcada por el debilitamiento de proyectos progresistas y el avance de opciones conservadoras y de derecha, en un contexto regional de alta polarización política.
Nasry Asfura: del gobierno municipal a la presidencia
Nasry Juan Asfura Zablah, hijo de inmigrantes de ascendencia palestina, inició su trayectoria en la administración pública en la década de 1990, dentro de la Alcaldía del Distrito Central, conformado por Tegucigalpa y Comayagüela. Durante esos años ocupó cargos operativos y gerenciales en distintas administraciones municipales, una experiencia que, según analistas, moldeó su estilo pragmático y orientado a la ejecución de obras.
Su figura comenzó a ganar visibilidad en 2005, cuando participó por primera vez en las elecciones primarias del Partido Nacional para la alcaldía capitalina. En esa campaña adoptó el eslogan “¡Papi a la orden!”, una frase coloquial diseñada para transmitir cercanía y disposición al servicio público. Aunque perdió la contienda interna frente a Ricardo Álvarez, el lema se consolidó como su principal marca política.
El punto de inflexión en su carrera llegó en 2013, cuando fue elegido alcalde del Distrito Central, cargo que renovó en 2017. Durante casi ocho años al frente de la capital hondureña, impulsó un amplio programa de infraestructura que incluyó 1,142 obras, entre ellas 45 proyectos de gran escala, como puentes, pasos a desnivel, túneles y ampliaciones viales.
Su gestión también contempló la pavimentación de más de 200 kilómetros de calles, así como proyectos de mitigación de inundaciones, drenaje y servicios básicos en zonas vulnerables, lo que le permitió consolidar una base de apoyo importante entre sectores urbanos.
En 2021 presentó su primera candidatura presidencial, que perdió frente a Xiomara Castro. Cuatro años después, en las primarias de 2025, se impuso con el 75.8 % de los votos a la exprimera dama Ana García, consolidándose como el líder indiscutible del Partido Nacional y encabezando la campaña que lo llevaría finalmente a la presidencia.
Una jornada electoral marcada por la polarización
Honduras celebró las elecciones generales de 2025 bajo un sistema presidencialista y con un Congreso unicameral, conforme a lo establecido en la Constitución de 1980. En una sola jornada, el electorado eligió autoridades presidenciales, legislativas y municipales, lo que convirtió al proceso en un desafío logístico de gran magnitud.
El sistema de listas abiertas y desbloqueadas para el Congreso, organizado por distritos departamentales, complicó tanto la emisión del voto como el conteo posterior. A ello se sumó un clima político caracterizado por la polarización extrema, campañas de desinformación, tensiones institucionales y acusaciones de fraude por parte de los principales partidos.
Durante la campaña predominó el intercambio de ataques entre candidatos, con escaso énfasis en propuestas programáticas. No obstante, de acuerdo con el informe preliminar de la Unión Europea, “las libertades fundamentales se respetaron durante la campaña electoral, a pesar de que se había declarado el estado de excepción en la mayoría de los municipios”, y los partidos pudieron realizar actividades proselitistas sin obstáculos formales.
Las encuestas previas apuntaban a un empate técnico. La tensión aumentó tras el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato opositor Asfura, apenas tres días antes de la elección, así como por el indulto concedido al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
A pesar de este contexto, la jornada electoral transcurrió con relativa calma y registró una alta participación, especialmente entre jóvenes. Sin embargo, el proceso fue lento y fragmentado, con largas filas, fallas en el sistema biométrico, problemas de accesibilidad para personas con discapacidad, episodios de “voto cantado” y una fuerte presencia militar. El CNE se vio obligado a extender una hora el cierre de las casillas.
El conteo: retrasos, suspensiones y desconfianza
El conteo de votos avanzó con lentitud desde las primeras horas. Para las 22:30 del domingo 30 de noviembre, apenas se había procesado el 34 % de las papeletas presidenciales. La situación se agravó cuando el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue suspendido tras alcanzar solo el 57 % del cargue de actas, lo que incrementó la desconfianza entre partidos y ciudadanía.
El escrutinio especial de actas con inconsistencias, iniciado el 18 de diciembre, se vio afectado por lo que el CNE calificó como “conductas deliberadamente dilatorias y obstructivas” dentro de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento. Entre estas se señalaron paralizaciones injustificadas, tiempos excesivos de revisión, anulaciones sin sustento legal e incluso episodios de violencia en instalaciones institucionales.
Las consejeras Hall y López sostuvieron que estos hechos respondían a un patrón sistemático orientado a impedir la declaratoria electoral y forzar la repetición de los comicios. Reiteraron que el CNE se encontraba dentro del plazo legal para proclamar resultados y calificaron como “injerencia indebida” cualquier intento del Poder Legislativo de intervenir en el proceso.
En contraste, el presidente del Congreso, Luis Redondo, del partido Libre, aseguró que la Comisión Permanente estaba lista para convocar al pleno y realizar un conteo voto por voto en caso de que el CNE no emitiera la declaratoria definitiva antes del 30 de diciembre.
Reacciones nacionales e internacionales
Tras el anuncio de la victoria de Asfura, Estados Unidos fue el primer país en pronunciarse oficialmente. El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó al presidente electo y llamó a todas las partes a respetar los resultados para garantizar una transición pacífica.
El expresidente Juan Orlando Hernández, militante del Partido Nacional y recientemente indultado, celebró el triunfo y afirmó que Honduras inicia una “nueva etapa”. A nivel regional, los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su deseo de una transición ordenada.
De manera individual, el presidente argentino Javier Milei señaló que el resultado representaba “una derrota del narcosocialismo” y un retorno de la libertad en Honduras.
Un nuevo gobierno ante viejos desafíos
Uno de los principales retos de Asfura será deslindarse de la imagen negativa del Partido Nacional, profundamente afectada por la gestión de Juan Orlando Hernández, marcada por denuncias de corrupción y su posterior condena en Estados Unidos. Casos como el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social, superior a los 200 millones de dólares, siguen presentes en la memoria colectiva.
Asfura ha buscado presentarse como un político pragmático, cercano y eficiente, capaz de enfrentar la pobreza, la desigualdad y la violencia que afectan a un país donde, según el Banco Mundial, el 63 % de la población vive en condiciones de pobreza y la institucionalidad es frágil.
Honduras también enfrenta una alta vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres naturales, como quedó evidenciado con los huracanes Eta e Iota, que dejaron más de 4.5 millones de damnificados. En este contexto, el nuevo presidente ha reiterado su visión de administrar el Estado con criterios empresariales, una lógica que marcó su gestión municipal y que ahora pretende trasladar al ámbito nacional.
Honduras y la tendencia latinoamericana
Más allá del resultado numérico, la elección reflejó un reacomodo político que se inscribe en una tendencia regional: el desgaste de los proyectos progresistas y el avance de liderazgos conservadores que capitalizan el descontento social, la inseguridad y la crisis económica. En Honduras, este giro ocurre en un contexto marcado por altos niveles de pobreza, corrupción estructural y vulnerabilidad climática, factores que condicionarán el margen de maniobra del nuevo gobierno.
El desafío inmediato para Asfura no será únicamente la gobernabilidad, sino la legitimidad. Su administración deberá operar en un país dividido, con una oposición que cuestiona el proceso electoral y con una ciudadanía expectante ante la promesa de eficiencia y pragmatismo que definió su carrera política. El rumbo que adopte Honduras a partir de este cambio de signo ideológico dependerá tanto de la capacidad del nuevo gobierno para responder a las demandas sociales como del fortalecimiento de sus instituciones democráticas.
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