El Paquete Económico 2026 fue aprobado bajo el discurso de continuidad social y responsabilidad fiscal, pero las cifras revelan otra historia. Detrás del aumento histórico del presupuesto, el nuevo gobierno avaló un ajuste silencioso que reduce el margen real para atender derechos básicos. Salud para la población sin seguridad social, educación superior, seguridad pública y órganos autónomos figuran entre los sectores que enfrentarán menores recursos efectivos, no por recortes explícitos, sino por una redistribución que privilegia el pago de deuda, pensiones y transferencias a empresas del Estado, aun cuando el rezago social y la violencia siguen marcando la agenda nacional.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 asciende a poco más de 10.1 billones de pesos, el más alto del que se tenga registro. Sin embargo, el tamaño del gasto no se traduce automáticamente en mayor capacidad del Estado para resolver problemas estructurales. De acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda, más de 80 por ciento del presupuesto está comprometido desde su origen en obligaciones ineludibles: pensiones, participaciones a estados, costo financiero de la deuda y programas prioritarios heredados. El margen para fortalecer servicios públicos es cada vez más estrecho.
Uno de los rubros que más presión ejerce sobre el gasto es el pago de la deuda. Para 2026, el costo financiero supera nuevamente el billón de pesos y se consolida como uno de los componentes más voluminosos del presupuesto federal. En términos prácticos, el Estado destina más recursos a pagar intereses que a ampliar sustancialmente la cobertura o calidad de servicios como salud o educación. El Instituto Mexicano para la Competitividad ha advertido que este crecimiento del servicio de la deuda desplaza gasto productivo y limita la capacidad del presupuesto para generar desarrollo de largo plazo.
La narrativa oficial insiste en que la prioridad sigue siendo el bienestar social. No obstante, al revisar la distribución interna del gasto en salud, el contraste es evidente. Aunque el sector recibe un aumento nominal, organizaciones como México Evalúa documentaron que el presupuesto destinado a la población sin seguridad social pierde poder adquisitivo frente a la inflación y al crecimiento de la demanda. El gasto per cápita para este grupo retrocede, lo que anticipa mayor presión sobre hospitales, falta de personal y persistencia en el desabasto de medicamentos, un problema que el discurso gubernamental ha prometido resolver sin lograrlo hasta ahora.
La educación tampoco escapa a esta lógica de contención disfrazada de incremento. Mientras la educación básica conserva recursos relativamente estables, la educación media superior y superior vuelven a absorber el ajuste. Universidades públicas y centros de investigación enfrentarán, en términos reales, menos recursos para operar, ampliar matrícula o sostener proyectos académicos. Para el IMCO, esta decisión compromete la formación de capital humano y refuerza una visión de corto plazo que prioriza transferencias inmediatas sobre inversión en capacidades futuras.
En el terreno de la seguridad pública, el presupuesto refleja una contradicción profunda. A pesar de que la violencia y la inseguridad continúan como una de las principales preocupaciones ciudadanas, el gasto destinado a seguridad y justicia se mantiene en niveles históricamente bajos en proporción al PIB. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ha señalado que, lejos de fortalecerse, el Estado de derecho sigue siendo uno de los grandes perdedores del reparto presupuestal, lo que limita la capacidad institucional para enfrentar al crimen organizado y reducir la impunidad.
El énfasis del Paquete Económico 2026 se desplaza hacia otros frentes. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad concentran una parte relevante del aumento presupuestal, bajo el argumento de garantizar soberanía energética y estabilidad operativa. Sin embargo, especialistas advierten que estos recursos no necesariamente se traducen en eficiencia ni en saneamiento financiero. Enrique Díaz-Infante, economista y analista, ha señalado que el presupuesto continúa funcionando como un mecanismo de contención política y financiera para empresas públicas altamente endeudadas, sin una estrategia clara de largo plazo que reduzca su dependencia del erario.
Desde la óptica macroeconómica, Hacienda sostiene que el paquete es sostenible y se apoya en una proyección de crecimiento económico de hasta 2.8 por ciento para 2026. Analistas independientes consideran esta estimación optimista frente a un entorno internacional adverso y señales de desaceleración interna. Si ese crecimiento no se materializa, el margen de maniobra fiscal se reducirá aún más y obligará a ajustes posteriores que podrían profundizar los recortes reales en sectores sociales.
El problema de fondo, coinciden diversos centros de análisis, es que el Paquete Económico 2026 vuelve a posponer una discusión estructural sobre los ingresos del Estado. La recaudación tributaria sigue siendo insuficiente para sostener un gasto creciente y altamente rígido. En lugar de una reforma fiscal integral, el gobierno opta por ajustes marginales y nuevos gravámenes específicos, que no corrigen la debilidad de fondo ni garantizan financiamiento suficiente para derechos básicos.
Así, el presupuesto aprobado no sólo refleja prioridades económicas, sino una visión política del ejercicio del poder. El aumento del gasto convive con una reducción efectiva en servicios clave y con una creciente dependencia de la deuda. Mientras el discurso oficial insiste en un presupuesto social, las cifras muestran que el ajuste recae en áreas que no generan rentabilidad política inmediata. El riesgo no es únicamente fiscal: es social. Un Estado que gasta más pero invierte menos en salud, educación y seguridad compromete su capacidad para responder a las crisis que ya enfrenta.
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