En una sesión legislativa reciente, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación del Estado de Chihuahua que ha encendido el debate público: incorporar en su artículo 8º una fracción que “fomente el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”, y al mismo tiempo–según sus promotores–impida promover el uso de expresiones de lenguaje inclusivo en materiales, documentos o comunicaciones escolares.
Esta medida, impulsada por el diputado Carlos Olson San Vicente (PAN), ha sido presentada como una defensa de la claridad del idioma y de la “unidad en la comunidad educativa”, pero a su vez ha despertado fuertes cuestionamientos desde la perspectiva de derechos, legalidad y valores de inclusión. En un momento en que jóvenes de 18 a 35 años ejercen un rol creciente como agentes de cambio social y simbólico, la iniciativa plantea preguntas inevitables: ¿Puede el Estado legislar sobre cómo hablamos? ¿Se protege una lengua o se restringe la pluralidad? Y, desde valores como el humanismo, ¿cómo se conjugan la legalidad, el respeto y la dignidad de todas las personas?
Este artículo explora el contexto histórico-lingüístico, los argumentos a favor y en contra, los efectos concretos en la comunidad educativa y las implicaciones éticas y legales, para ofrecer una visión profunda, documentada y con testimonio humano de lo que está en juego.
Contexto histórico y lingüístico
La educación básica en México está regulada por la Ley General de Educación (LGE), la cual establece que el Estado debe garantizar el derecho a la educación y el desarrollo integral de las personas. En el ámbito estatal, la Ley Estatal de Educación de Chihuahua declara que la educación es un servicio público prioritario, de orden público e interés social. Desde esta óptica, el dominio de una lengua, su gramática, ortografía y claridad son considerados elementos fundamentales del aprendizaje escolar: la capacidad de escribir, de argumentar y de participar cívicamente dependen, en gran medida, de una adecuada competencia lingüística.
Por ello, no es extraño que los sistemas educativos promuevan formas normativas de la lengua, apoyándose en instituciones como la Real Academia Española o los manuales oficiales. Pero la lengua, como señalan los lingüistas, es una realidad viva, dinámica, plural, sujeta a variación por región, comunidad, grupo social y época.
El lenguaje inclusivo —o lenguaje no sexista, o lenguaje con perspectiva de género— busca modificar o adaptar expresiones lingüísticas para hacer visibles a colectivos históricamente invisibilizados (mujeres, personas no binarias, diversidades de género) y evitar que el masculino genérico mantenga el predominio lingüístico simbólico. Para ello se han propuesto recursos como el uso de “@”, “x”, “e” o construcciones explícitas (“todas y todos”).
En el ámbito educativo, algunas instituciones han impulsado guías para comunicación inclusiva. Por ejemplo, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua cuenta con un “Manual para el uso de un lenguaje incluyente y con perspectiva de género”.
Sin embargo, críticos del lenguaje inclusivo presentan argumentos relacionados con la “dificultad de comprensión”, la “desviación” de la normativa lingüística, o el riesgo de “ideologización” del lenguaje. Estos elementos confluyen ahora en este debate en Chihuahua.
¿Qué establece exactamente la reforma en Chihuahua?
El texto aprobado por el Congreso de Chihuahua añade una fracción (la XXV o 28 según algunas fuentes) al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación, cuyo objetivo es “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”.
El diputado impulsor afirmó: “Las escuelas deben enseñar las reglas gramaticales, no un lenguaje ideologizado que adoctrina a nuestros niños y entorpece el aprendizaje”. También señaló que “no más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’”.
Sin embargo, el medio verificativo Verificado MX señala que la reforma no prohíbe expresamente el lenguaje inclusivo, pues no lo sanciona ni impide la libre expresión de estudiantes o docentes; simplemente dispone que el sistema educativo fomente el “uso correcto” del español.
Por tanto, el alcance legal es objeto de controversia: la presentación como “prohibición” se basa en interpretaciones políticas y mediáticas; jurídicamente, hasta el momento, la reforma no detalla penalizaciones ni procedimientos disciplinarios específicos.
Quienes apoyan la reforma señalan que:
- Un dominio sólido del idioma español es indispensable para el éxito académico, la argumentación crítica y la participación ciudadana.
- En una sociedad plural, el idioma representa un factor de cohesión cultural e identidad nacional; por ejemplo, el diputado Olson afirmó que la etapa de educación básica es “fundamental para preservar la riqueza y unidad del español”. i
- Consideran que el lenguaje inclusivo puede generar complicaciones en la enseñanza de la lectura, la ortografía o la gramática, así como distracción de otros aprendizajes básicos. La reforma cita a la lingüista Concepción Company Company, quien argumentó que “el lenguaje incluyente es un distractor de los verdaderos problemas” y que “solo el 3 % de la gramática española depende del sexo del referente”.
Por otro lado, las voces críticas sostienen que:
- La medida puede invisibilizar luchas de mujeres, personas no binarias, comunidades LGBT+, al restringir formas de nombrarse y de hacer visible la diversidad. La diputada Jael Argüelles Díaz calificó que “este decreto no es consistente con los retos de una sociedad abierta y democrática”. El usar correctamente un idioma, ¿es discriminatorio o es una cuestión de cultura?
- Los colectivos de derechos humanos señalan que promover una forma única del español sin reconocer la evolución del lenguaje o las múltiples identidades que conviven en el aula puede generar segregación simbólica y pedagógica. Sin embargo este es un argumento falaz, ya que dicha evolución debería fundamentarse en el diccionario de la Real Academia Española, misma que no ha reconocido esta forma de comunicarse.
¿Cómo se genera un entorno educativo que sea exigente en calidad, pero también abierto, humano y plural sin distorsionar la cultura ni imponerla a otros?
Legalidad y valores: ¿hacia dónde va esta reforma?
El marco constitucional mexicano reconoce el derecho a la educación, a la igualdad, a la no discriminación y a la libertad de expresión. En este sentido, cualquier reforma educativa debe armonizar con esos principios. La mera adición al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación no ha sido acompañada (hasta el momento) de disposiciones sancionadoras o reglamentarias públicas que definan exactamente qué se considera “correcto uso del idioma” o cuáles serían los alcances disciplinarios.
Esto deja un riesgo de arbitrariedad y de interpretación desigual por cada institución educativa. Además, la reforma podría ser impugnada si se considera que produce un efecto restrictivo indirecto a la libertad de expresión de las personas LGBTQ+ o de comunidades que utilizan variantes lingüísticas. Sin embargo, se acota esta reforma par fines del contexto educativo, de ninguna forma para la comunicación en el ámbito social, lo cual cambia la perspectiva
Desde la mirada del humanismo, se subraya el valor de la persona humana, su dignidad innata, el derecho a la educación, la subsidiariedad y la participación comunitaria. En este caso concreto, estos valores animan a reflexionar lo siguiente:
- Educación con dignidad: toda persona tiene derecho a ser reconocida y escuchada. Esto significa escuchar a todas las personas, respetarlas y no discriminarlas. Llamarlas por su nombe es más que suficiente sin necesidad de usar pronombres ni causar confusión a la hora de enseñar
- Bien común: el sistema educativo debe favorecer el bien de todos, sin excluir grupos que representan a una mayoría. No podemos en aras de unos cuantos vulnerar a la mayoría. Una política educativa válida no puede dejar atrás a niñas, niños o jóvenes que no se sienten representados.
- Legalidad y normativa justa: las leyes deben implementar procesos transparentes, participativos y respetuosos de los derechos humanos. Una reforma impulsiva puede vulnerar estos principios.
- Solidaridad y cultura del encuentro: implica reconocer la diversidad como riqueza, no como obstáculo. Las escuelas deben abrir espacio al diálogo y al reconocimiento mutuo, sin vulnerar las reglas lingüísticas.
En ese sentido, la reforma en Chihuahua plantea un reto: ¿puede conciliar la exigencia de una lengua estándar con el reconocimiento de la pluralidad del alumnado y del derecho a la expresión? ¿O privilegia la uniformidad por sobre la inclusión?
Impacto educativo y social: riesgos y oportunidades
La reforma obliga a las escuelas del estado, públicas y privadas con validez oficial, a adoptar materiales, documentos y comunicaciones que no promuevan expresiones del lenguaje inclusivo, si se entiende la reforma en su interpretación más estricta. Esto genera retos como que los docentes deberán revisar sus materiales, comunicados y dinámicas para adaptarse; puede aumentar carga de trabajo y generar confusión sobre qué sí es “correcto”.
No obstante, esta controversia también abre una oportunidad para:
- Revisar cómo la educación aborda la lengua, la gramática y la diversidad cultural de manera inclusiva.
- Impulsar espacios de formación docente en el uso adecuado del idioma, interculturalidad e identidad.
- Promover un debate público sobre qué significa el “uso correcto” del idioma y cómo puede equilibrarse con la libertad de expresión de los jóvenes.
- Reforzar los mecanismos de participación de estudiantes, madres, padres y comunidades en la construcción de políticas lingüísticas escolares.
La reforma aprobada por el Congreso de Chihuahua representa una encrucijada educativa, lingüística y ética. Por un lado, persigue la noble aspiración de fortalecer el dominio del idioma español, su gramática y ortografía: elementos clave para la comunicación, el pensamiento crítico y la participación ciudadana. Por otro lado, al intervenir directamente en el lenguaje que circula en las aulas, abre interrogantes sobre derechos, pluralidad y la capacidad de reconocimiento de todas las personas en el ámbito escolar.
Desde la perspectiva del humanismo, es esencial que la educación no solo enseñe habilidades y conocimientos, sino que promueva la dignidad humana, el respeto por la diversidad y la inclusión social. En ese marco, una política educativa que imponga una forma lingüística sin considerar las identidades de las personas puede quedar lejos de estos valores.
¿Hacia dónde va esta iniciativa? Dependerá en gran medida de su implementación: si se convierte en una imposición rígida y excluyente, podría generar climas de rechazo, invisibilización y desigualdad simbólica; si, por otro lado, se convierte en un inicio de diálogo educativo sobre lengua, identidad y pertenencia, podría servir como detonador de una reflexión más amplia.
Para los jóvenes de 18 a 35 años —millennials y centennials—, este debate no es abstracto: tiene que ver con cómo se dan a conocer, con cómo nombran su propia identidad, con cómo participan en la escuela, con cómo sienten que son vistos. Y también tiene que ver con su relación con las instituciones, con la legalidad y con los valores mexicanos de justicia, solidaridad y equidad.
En definitiva: la lengua importa. No solo como medio de comunicación, sino como espacio de reconocimiento, de memoria, de convivencia. Y por eso cada reforma, cada norma, cada aula, importa. Porque cuando cambiamos cómo hablamos, cambiamos también cómo vivimos juntos.
El reto ahora es vigilar que esta reforma no se quede en la forma, sino que genere un impacto positivo, respetuoso, incluyendo a todos los alumnos, sin dejar atrás a quienes piensan, sienten y se expresan de forma distinta. Porque educar es, antes que nada, acompañar el crecimiento humano de cada persona. Y en ese acompañamiento, el respeto, la dignidad y la inclusión no pueden quedar al margen.
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