Si algo define al México que entra a 2026 es la concentración del poder y el acelerado proceso de militarización de funciones civiles, económicas y administrativas. Lo advierte el informe Mexico Country Outlook 2026 del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker (Universidad Rice), así como analistas del CIDE, México Evalúa y la UNAM: México vive la transformación institucional más profunda desde la reforma del Estado de los años 90, pero en sentido inverso, hacia un modelo centralizado, opaco y dependiente del Ejecutivo.
Para millones de jóvenes, este panorama no es abstracto; afecta su vida diaria, su seguridad, sus oportunidades económicas y su confianza en el futuro. Lo resume Julio Santiago, estudiante de ingeniería en Monterrey, quien expresa: “Antes pensábamos que el ejército era quien cuidaba el país. Ahora es quien construye aeropuertos, maneja trenes, vigila puertos y hasta vende boletos de avión. Ya no sabemos qué es civil y qué es militar.”
La mezcla de roles militares y civiles está redefiniendo la relación entre gobierno y ciudadanía, mientras la concentración de facultades en el Ejecutivo reduce contrapesos y limita la vigilancia democrática.
La supermayoría legislativa: cuando el Congreso deja de ser contrapeso
El punto de quiebre ocurrió en 2024, cuando MORENA y aliados obtuvieron una supermayoría del 73% en ambas cámaras, con apenas 54% del voto. Esto no es inusual en sistemas mayoritarios, pero sí es peligroso cuando se utiliza para:
- Reformar la Constitución sin negociación
- Desaparecer organismos autónomos
- Rediseñar la estructura del Estado
- Debilitar vigilancia ciudadana
- Expandir la influencia militar en el Ejecutivo
El especialista en derecho constitucional Diego Valadés lo explicó así: “Cuando el Congreso deja de representar la pluralidad social y se convierte en un apéndice del Ejecutivo, la democracia pierde su esencia: el equilibrio.” La ausencia de debate real permite modificar leyes orgánicas en cuestión de horas y absorber instituciones que llevaban décadas consolidándose.
La desaparición de organismos autónomos: la arquitectura del control
Los organismos autónomos nacieron para algo muy simple: evitar abusos del poder. Hoy están siendo absorbidos por secretarías controladas por el partido mayoritario. Entre los organismos debilitados o eliminados se encuentran:
- INAI (transparencia)
- COFECE (competencia económica)
- IFT (telecomunicaciones)
- CONEVAL (medición de pobreza)
- CRE (regulación energética)
- CNH (hidrocarburos)
Su desaparición significa, en términos prácticos:
- Menos acceso a información pública
- Más discrecionalidad en contratos
- Menor vigilancia del gasto
- Monopolios regulados por el mismo actor predominante
- Opacidad estructural
La investigadora María Amparo Casar, de México Evalúa, lo resume así: “Sin contrapesos, el Estado se vuelve juez y parte. El ciudadano queda desamparado frente al poder.” El poder debe ser limitado por la ley y orientado al servicio, nunca a la concentración.
El ascenso del poder militar: de cuartel a corporación
La militarización en México no empezó en 2024. Desde 2006 las fuerzas armadas han participado en seguridad pública. Pero lo que ocurre desde 2018 y se acelera para 2026 es algo distinto: la conversión del ejército en un actor económico y administrativo, con mayor poder que cualquier empresa privada o dependencia civil.
Las Fuerzas Armadas administran o participan en:
- Aeropuertos (AIFA, Tulum, Chetumal, Palenque)
- Aerolínea Mexicana
- Trenes (Tren Maya, Istmo)
- Hoteles
- Puertos y aduanas
- Desarrollos turísticos
- Grandes obras de infraestructura
El ejército controla, por decreto, la mayoría de los ingresos operativos del AIFA y del Tren Maya, a través de la empresa estatal “Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca–Maya–Mexica”.
La asociación civil Signos Vitales advierte en su reporte Poder Militar 2025: “El ejército se ha convertido en el actor económico más grande y menos transparente del país.”
Esto preocupa porque implica:
- Roles híbridos que violan el principio de separación militar–civil
- Falta de supervisión externa
- Riesgo de corrupción sin auditoría
- Competencia desleal contra empresas privadas
- Incentivos para expandir el poder político del ejército
La militarización de la seguridad pública: un círculo sin salida
La Guardia Nacional, creada como cuerpo civil, quedó formalmente bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En 2023, la Suprema Corte frenó parcialmente esta transferencia, pero en 2025 la reforma judicial y legislativa terminó de consolidar el modelo militar. Esto implica:
- Policías estatales debilitadas
- Municipios sin capacidades de seguridad
- Un único modelo centralizado bajo mando militar
Las consecuencias se ven en cifras: El SESNSP reportó más de 29,000 homicidios en 2024, cifra que se mantiene estable en 2025 y se proyecta similar en 2026, pese a despliegues militares crecientes. Para Alejandro Figueroa, taxista en Morelos, esto significa algo simple: “Hay soldados por todos lados, pero cada vez conocemos a más personas desaparecidas. No se siente más seguro.”
Competencia económica desigual: el ejército como “empresa preferida del Estado”
Cuando una institución tiene:
- Exenciones fiscales
- Control de permisos
- Contratos directos
- Protección política
- Infraestructura propia
- Opacidad asegurada
No está compitiendo. Está dominando. Empresarios logísticos en Veracruz, organizaciones turísticas en Quintana Roo y transportistas en el Istmo han denunciado que competir contra filiales de SEDENA “no es posible ni rentable”. Una ejecutiva de transporte ferroviario (que pidió anonimato) declaró en Reforma: “No compites contra una empresa. Compites contra el Estado mismo.”
Esta situación genera miedo, inhibe inversión privada y aleja proyectos de nearshoring que requieren reglas claras, no discrecionalidad militar.
El ciudadano como espectador: pérdida de voz y participación
Con un Estado concentrado y militarizado, el ciudadano deja de ser protagonista y se convierte en espectador. La participación ciudadana real requiere:
- Información pública
- Organismos autónomos
- Prensa libre
- Tribunales independientes
- Espacio democrático para el disenso
Sin esos elementos, el ciudadano está formalmente reconocido, pero materialmente silenciado. La joven universitaria Camila Ruiz, 20 años, lo expresa así: “Nos dicen que votemos, pero cuando llegas a la vida pública, todo ya está decidido desde arriba.”
En una democracia sana, el poder baja de la ciudadanía hacia el gobierno. En un sistema concentrado, el poder sube desde un grupo reducido hacia todo el aparato del Estado.
¿Y los principios?
- Subsidiariedad: el poder debe ejercerse en el nivel más cercano al ciudadano, no concentrado arriba.
- Bien común: toda autoridad debe servir, no dominar.
- Participación: la ciudadanía debe tener voz real.
- Transparencia: sin verdad, no hay justicia.
Desde esta perspectiva, la concentración de poder y la militarización sin control no son solo un problema político, sino una herida moral al proyecto de una sociedad justa.
Conclusión: México frente a su encrucijada institucional
2026 será un año decisivo. La concentración de poder y la militarización no son inevitables ni permanentes, pero sí profundamente riesgosas. México tiene una larga tradición de ciudadanía fuerte, familias organizadas, comunidades solidarias y jóvenes capaces de impulsar cambios auténticos. El desafío es enorme: recuperar equilibrio, transparencia, legalidad y participación real.
La pregunta es si tendremos el valor de defenderlos. Porque cuando un país entrega todo su poder al Ejecutivo y normaliza un ejército omnipresente, corre el riesgo de olvidar lo más importante: que la dignidad del ser humano debe ser siempre el centro del poder.
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