A meses de que el Estadio Akron reciba miles de visitantes por la Copa Mundial 2026, los alrededores del inmueble en Zapopan se han convertido en escenario de uno de los hallazgos más inquietantes de los últimos años: la recuperación de centenares de bolsas con restos humanos en zonas boscosas y barrancas aledañas. Una tragedia silenciosa que ha avanzado entre búsquedas ciudadanas, omisiones institucionales y un notable contraste con la atención nacional que sí alcanzó el caso del Rancho Izaguirre, también en Jalisco.
Los descubrimientos no son nuevos, pero su magnitud apenas comienza a dimensionarse. Desde hace varios años, colectivos de búsqueda como Guerreros Buscadores y Madres Buscadoras han recorrido predios cercanos al estadio guiadas por denuncias anónimas, testimonios vecinales o simples intuiciones. En esos trayectos han encontrado bolsas enterradas, restos dispersos entre la maleza y puntos que muestran señales de haber sido utilizados reiteradamente como sitios de abandono. Las cifras varían según la fuente, pero todas coinciden en una conclusión contundente: son cientos de bolsas y decenas de víctimas. La cantidad sugiere una operación sistemática de ocultamiento que se extendió durante años, no un evento aislado.
Pese al impacto humanitario y territorial, la difusión pública de estos hallazgos ha sido limitada. A diferencia del Rancho Izaguirre, que desató una cobertura masiva por las detenciones, el hallazgo de instrumentos de tortura y la contundencia de las escenas documentadas, el caso del entorno del Akron se ha dispersado en múltiples hallazgos pequeños, sin un punto de concentración mediática clara ni un operativo oficial que articulara la narrativa. Además, gran parte del trabajo ha recaído en las familias y no en las autoridades, lo que ha dificultado que la información surja de una sola voz institucional. La proximidad del Mundial también ha alimentado la percepción de que existe una voluntad política de reducir el impacto mediático, al menos hasta que los trabajos forenses y las investigaciones sean oficialmente presentadas.
La magnitud del drama humano emerge precisamente de esa dispersión. No se trata de un predio aislado, sino de varios puntos ubicados alrededor de una de las zonas más transitadas del área metropolitana de Guadalajara, cerca de avenidas, complejos habitacionales y espacios deportivos. El mensaje es brutal: la violencia y la desaparición han convivido con la vida cotidiana de la ciudad sin que la mayoría lo supiera. El contraste entre el gran evento deportivo que se avecina y la crisis humanitaria subyacente transforma el paisaje en un recordatorio de la deuda que el Estado mantiene con miles de familias.
La pregunta inevitable es cómo pudo ocurrir un fenómeno de tal escala sin conocimiento pleno de las autoridades. Los colectivos han insistido en que muchas de sus denuncias sobre zonas sospechosas tardaron meses en ser atendidas o simplemente no fueron procesadas con rigor. Las unidades de búsqueda y las fiscalías especializadas en desaparición enfrentan un rezago crónico: falta de personal, laboratorios forenses rebasados y una cadena de investigación que, en ocasiones, se rompe desde el primer paso. Jalisco, una de las entidades con mayor número de desapariciones del país, arrastra problemas estructurales que han impedido dar respuestas con la velocidad y la profundidad necesarias.
Las autoridades estatales han emitido comunicados anunciando inspecciones, reforzamiento de operativos y avances periciales, pero hasta ahora no existen resultados que permitan reconstruir con precisión cuántas víctimas corresponden a los restos recuperados ni quiénes operaron los sitios de disposición de cuerpos. Desde el ámbito federal, la respuesta ha sido más bien general: coordinación con el estado, supervisión de las búsquedas y llamados a mantener el proceso dentro del marco institucional. Sin embargo, ninguna de las dos esferas de gobierno ha ofrecido una explicación completa de por qué durante tanto tiempo estos predios funcionaron como depósitos clandestinos.
Las familias, por su parte, sostienen que el caso abre una herida ya conocida: la distancia entre la crisis real de desapariciones y la capacidad institucional para afrontarla. La falta de identificación forense, la ausencia de detenciones sólidas y la incapacidad para reconstruir patrones criminales profundizan la percepción de abandono. Muchos de los restos encontrados en las inmediaciones del Akron permanecen sin nombre, sin fecha precisa de muerte, sin historia reconstruida. Son vidas suspendidas en la incertidumbre.
La situación también destapa un dilema político de fondo. Con un evento internacional en puerta, la presión por proyectar una imagen de seguridad y estabilidad puede entrar en conflicto con la urgencia de reconocer la magnitud de la violencia local. La geografía del horror coincide, por desgracia, con la geografía del espectáculo deportivo. Y mientras los preparativos avanzan, las familias continúan buscando en silencio, en terrenos donde los indicios son tantos que a veces resulta imposible recorrerlos por completo.
No es la primera vez que una ciudad se prepara para recibir al mundo mientras lidia con una crisis interna, pero pocas veces la proximidad física entre ambos escenarios ha sido tan clara. El estadio donde miles celebrarán goles y victorias se encuentra rodeado de espacios donde otros miles siguen esperando verdad y justicia.
El caso revela, una vez más, que la desaparición en México no es un fenómeno aislado, sino un sistema operativo que requiere de capacidad institucional, vigilancia ciudadana y voluntad política para ser desmontado. Los restos encontrados en Zapopan no solo cuentan una historia de violencia, sino que exponen las grietas de un Estado que ha normalizado su propia incapacidad y que hoy enfrenta la obligación de dar respuestas antes de que el mundo pose la mirada sobre Jalisco.
Porque, más allá de la Copa del Mundo, lo que ocurre en estos terrenos habla del país que somos y del país que, con o sin reflectores, seguimos sin resolver.
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