México abrió en 2025 un nuevo ciclo de discusión sobre las reglas del juego democrático. La presidenta Claudia Sheinbaum creó por decreto, el 4 de agosto, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y encomendó su coordinación a Pablo Gómez, con el objetivo de recoger propuestas, analizar alternativas y preparar un anteproyecto que —según el propio Gobierno— se presentará al Congreso en 2026.
Aunque la iniciativa aún no está votada ni rige la elección intermedia de 2027, el debate ya cruza a instituciones, partidos y sociedad civil. La mandataria ha reiterado que el INE se mantendrá como órgano autónomo, pero que se buscarán ajustes al gasto electoral y cambios en la representación proporcional (plurinominales). “El INE se va a mantener como un organismo autónomo”, dijo el 25 de junio.
El propósito de este reportaje es explicar los cambios en discusión, su contexto político, las implicaciones para la democracia y las controversias que ya se perfilan, con testimonios y fuentes verificables. Pregunta guía: ¿qué tan profunda será esta reforma y qué impacto tendrá en la calidad de nuestra vida democrática?
La ruta de 2025-2026 se abre tras dos antecedentes inmediatos: el intento de “Plan B” del sexenio anterior, invalidado por la Suprema Corte, y la elección judicial de 2025, que tensó la relación Gobierno–INE por la nulidad de votos en casillas irregulares. En ese marco, Sheinbaum anunció que busca “elecciones limpias y democráticas” con menos gasto y una revisión de la fórmula de plurinominales; a diferencia de la propuesta de su antecesor, descartó desaparecer al INE o tocar su autonomía.
Para procesar el tema, el Ejecutivo creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral por decreto en el DOF (edición vespertina del 4 de agosto). La oposición en la Comisión Permanente del Congreso respondió con un extrañamiento, cuestionando la creación de un órgano presidencial que —a su juicio— puede marginar a autoridades electorales, expertos y sociedad civil.
Mientras tanto, el INE abrió canales para recibir insumos técnicos y de organizaciones, como la entrega de propuestas de la Red Cívica el 29 de octubre, y reuniones para sistematizar recomendaciones.
Cambios que están sobre la mesa
- Autonomía y atribuciones del INE
Situación actual: El INE organiza elecciones federales y coordina con los OPLE estatales; es un órgano constitucional autónomo.
Propuesta en discusión: Mantener su autonomía, pero racionalizar costos y —según se ha planteado en diálogos públicos— revisar el alcance operativo y la relación con organismos locales.
Objetivo declarado: Abaratar comicios sin mermar credibilidad.
- Financiamiento a partidos
Antes: México es de los países con mayor financiamiento público estable a partidos, con fórmulas anuales y de campañas.
Ahora: El Ejecutivo impulsa reducir prerrogativas; aliados oficialistas advierten resistencias si el recorte es amplio. El tema será eje del proyecto.
Riesgo/beneficio: Menos gasto vs. potencial desventaja para minorías y riesgo de mayor influencia de dinero privado.
- Representación proporcional (plurinominales)
Antes: Listas de partido para “pluris” buscan corregir sobrerrepresentación y dar cabida a minorías.
Ahora: Se propone eliminar listas de partido y rediseñar la proporcionalidad con base territorial; expertos piden reformar, no eliminar, para no afectar pluralidad y equilibrio.
Claves: Si se reduce o elimina la RP, podría aumentar la sobrerrepresentación del partido mayoritario.
- Modalidades de votación (incl. electrónico/anticipado)
Antes: Pilotos acotados (voto electrónico no generalizado).
Ahora: El INE y actores técnicos han enlistado modalidades de votación como tema a discutir (electrónico/anticipado, logística), sin una redacción final aún.
- Participación ciudadana y consultas
Antes: Mecanismos constitucionales para consultas y revocación con reglas vigentes.
Ahora: Entre los temas en la discusión pública: facilitar consultas y fortalecer educación cívica; organizaciones piden reglas claras y calendarios que eviten choques con procesos político-electorales.
- Fiscalización y transparencia
Antes: Fiscalización en manos del INE con tiempos y topes definidos en ley.
Ahora: La agenda técnica incluye reforzar fiscalización para no relajar controles si bajan recursos públicos. Oposición y OSC alertan sobre el peligro de abrir “hoyos” a recursos opacos.
Nota: La iniciativa completa no se ha presentado al Congreso; los puntos anteriores resumen temas anunciados por gobierno y recogidos por INE y sociedad civil en el proceso de consulta.
Implicaciones: ¿quién gana, quién pierde?
Autonomía del árbitro. Mantener el carácter autónomo del INE es condición de confianza pública. Si la reforma se ciñe a eficiencias presupuestales sin intervenir en el diseño constitucional del órgano, el impacto puede ser neutral/positivo en credibilidad. Si se desborda hacia controles políticos o debilitamiento de capacidades, el costo en legitimidad sería alto.
Financiamiento. Recortar prerrogativas puede ahorrar y responder al malestar ciudadano con el gasto partidista. Pero si el recorte es abrupto, crece el incentivo al dinero privado y a “terceros” opacos. Aliados de gobierno (PVEM/PT) ya han marcado líneas rojas.
Plurinominales. Eliminar listas puede sonar atractivo, pero expertos recuerdan que la RP nació para evitar sobrerrepresentación y dar voz a minorías. Alternativas: listas abiertas, pluris elegidos entre mejores perdedores o umbrales más altos. Reformar mejora rendición de cuentas; eliminar puede concentrar poder.
Participación y educación cívica. La ventana 2025-2026 permite fortalecer observación electoral y educación cívica; organizaciones ya lanzaron un Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) para incidir en el diseño final.
- Arturo Espinosa (Laboratorio Electoral), sobre la interlocución con autoridades desde OPINE: “Sabemos que rara vez se nos atiende”, pero la meta es mejorar el sistema electoral. (Presentación del Observatorio ante medios, 6 de noviembre).
- INE y sociedad civil. El 29 de octubre, la Red Cívica entregó al INE una propuesta de educación cívica para incorporar mejores prácticas de 17 OPLE; el instituto ha sostenido reuniones para integrar insumos a la discusión.
“Para mí, que voté por primera vez este año, lo importante es confiar en el árbitro y que mi voto cuente. Si cambian las reglas, solo pido que no nos dejen fuera de la conversación”. — resumen de la preocupación expresada por asistentes a las consultas públicas y foros de OSC en torno a OPINE, recogida en sus presentaciones ante medios.
Controversias y desafíos jurídicos
1) Forma de conducir la reforma. La oposición en la Comisión Permanente del Congreso emitió un punto de acuerdo de extrañamiento a la presidenta por crear la Comisión Presidencial sin un diseño “abierto” que integre a expertos, autoridades y partidos. El reclamo: evitar una reforma unilateral.
2) Acciones de inconstitucionalidad. Cualquier cambio legal-electoral significativo suele ser impugnado. En 2025, la SCJN admitió diversas acciones en materia electoral (p. ej., 44/2025; 82/2025 y acumuladas), y la Sala Superior del TEPJF emitió opiniones técnicas cuando se le requirió, recordando que su criterio orienta pero no vincula al Pleno. Esto perfila un escenario donde la Corte evaluará con lupa el diseño final.
3) Potenciales conflictos poselectorales. Si la reforma altera reglas de representación o recursos, partidos perdedores podrían alegar inequidad. Prevenirlo exige transparencia, calendarios graduales y amplia socialización de cambios.
4) Sociedad civil vigilante. El lanzamiento de OPINE y la agenda de Red Cívica muestran que la ciudadanía organizada pretende monitorear, proponer y vigilar la integridad del proceso de reforma.
Una reforma electoral válida es la que incluye, rinde cuentas y mejora la justicia procedimental. Reducir costos no debe traducirse en menor integridad; ajustar la representación no debe erosionar la pluralidad; y cambiar reglas no debe significar ciclos de desconfianza.
A la luz de lo dicho por la presidenta, mantener al INE autónomo es un buen punto de partida. Los riesgos están en la ingeniería fina: si el recorte a partidos merma competencia; si la eliminación de plurinominales amplifica la sobrerrepresentación; si nuevas modalidades de votación se implementan sin pilotos robustos; o si la fiscalización se relaja.
El camino responsable pide: (1) deliberación abierta y plural; (2) diagnóstico basado en evidencia; (3) respeto al federalismo electoral; (4) gradualidad y evaluación de impacto; y (5) garantías de transparencia y control judicial. Think tanks y especialistas han subrayado que no hay receta única, pero sí principios que aseguran procesos limpios y resultados legítimos.
En palabras sencillas: la democracia es de todos y para todos. Si el país decide mover sus reglas, que sea para ampliar derechos, abaratar sin precarizar y escuchar a la gente. Informarnos y participar —en foros, consultas o como observadores— es parte de nuestra responsabilidad cívica.
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