La reciente revocación de visas a varios funcionarios y políticos mexicanos vinculados a Morena por parte del gobierno de Estados Unidos ha reabierto un debate que se mueve entre la diplomacia, la seguridad y la soberanía. Más allá de la controversia política en México, el episodio expone una realidad jurídica que suele pasarse por alto: la visa no es un derecho adquirido, es un privilegio otorgado, y por lo tanto, puede ser retirado en cualquier momento.
En las últimas semanas, diversas figuras políticas en México han sido notificadas de la cancelación o suspensión de sus visas estadounidenses, una situación sin parangón.
Entre los casos que se han hecho públicos se encuentra el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. De acuerdo con información confirmada en su entorno, la funcionaria fue informada de la cancelación de su permiso de viaje. El hecho generó especulación debido a la relevancia de la mandataria y al contexto político en su estado. La gobernadora sostuvo que no existe acusación alguna en su contra y que se trató de una decisión unilateral del gobierno estadounidense, sin explicación detallada.
Otro nombre vinculado al episodio es el de Carlos Torres Torres, exdiputado federal y excoordinador de proyectos estratégicos en Baja California. Su nombre apareció también entre las figuras cuyas visas habrían sido canceladas o sujetas a revisión. Tampoco en su caso se dieron a conocer motivos específicos, lo que ha alimentado declaraciones y posturas encontradas.
Lo que sí es claro es que estas decisiones no se dan en el vacío. La revocación de visas forma parte de una política más amplia de Estados Unidos orientada a reforzar el control en torno a posibles vínculos entre actores públicos y estructuras del crimen organizado, operaciones financieras irregulares o contextos de riesgo en fronteras estratégicas. Sin embargo, debe subrayarse que la cancelación de una visa no es equivalente a una acusación judicial. Se trata de un acto administrativo.
A partir de estos casos, la discusión se movió rápidamente a la esfera pública, donde surgieron voces que denunciaron lo ocurrido como una “injerencia” o un “abuso diplomático”. Sin embargo, el debate revela un error conceptual: la suposición de que una persona tiene derecho a poseer una visa y, por lo tanto, derecho a conservarla.
La visa no es un derecho humano. No está protegida por convenciones internacionales. No constituye propiedad personal del titular. La visa es un documento que el país receptor concede de manera discrecional. Esto significa que puede otorgarla, negarla o revocarla con base en sus criterios internos, los cuales pueden incluir evaluación de riesgo, políticas exteriores, cambios diplomáticos o información reservada. Es un permiso condicionado.
Esta distinción es fundamental para comprender la legitimidad de la revocación, incluso cuando el afectado es una figura pública de alto perfil. El Estado tiene el derecho, y la obligación, de decidir quién entra a su territorio y bajo qué condiciones. Esto forma parte del ejercicio pleno de la soberanía.
Entender la visa como un privilegio no implica renunciar al derecho a exigir claridad, debido proceso y trato digno. Pero sí obliga a aceptar que el poder final sobre ese documento recae en el país que lo expide. Confundir la visa con un derecho genera percepciones erróneas, expectativas indebidas y reacciones políticas que no siempre corresponden con la base legal.
La cancillería mexicana ha señalado que Estados Unidos no está obligado a comunicarle la revocación de visas ni a explicar los motivos, pues la decisión es considerada información personal entre el gobierno estadounidense y el titular de la visa. Esto añade una capa adicional de complejidad para los afectados, pero subraya nuevamente el carácter discrecional del permiso.
En términos más amplios, el episodio refleja la tensión permanente entre movilidad, diplomacia y seguridad en una relación bilateral marcada por intereses compartidos y posiciones asimétricas. La revocación de visas se ha utilizado históricamente como instrumento diplomático, mecanismo de presión y señal política. No es algo nuevo, pero sí un recordatorio de que las fronteras también se ejercen en lo simbólico.
Te puede interesar: Uso temprano de tecnología frena habilidades cognitivas
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
