La reforma a la Ley de Amparo representa un punto de quiebre en la justicia en México, pues de ser aprobada en la Cámara de Diputados en los mismos términos que la recibió por parte del Senado, los derechos humanos de los ciudadanos estarían en riesgo.
El argumento bajo el cual el Ejecutivo propuso esta reforma es que se busca mejorar y perfeccionar el Juicio de Amparo, a fin de que sea ágil, sencillo y de pronta tramitación, más social y accesible al grueso de la población en beneficio de los ciudadanos. Aunque efectivamente en algunos casos se han presentado demoras y abusos, los especialistas en la materia consideran que es regresiva y afecta los derechos ciudadanos.
También con se afirmó que esta reforma tenía la intención de agilizar la recuperación de créditos fiscales y fortalecer la política fiscal del gobierno.
Pero en concreto ¿por qué es tan importante lo que concierne a Juicio de Amparo? Pues porque este es el medio de defensa legal en México que tiene por objetivo proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

Además, el amparo protege a los ciudadanos frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos que señala la propia Ley de Amparo.
En el Senado esta reforma ya fue aprobada imponiéndose la mayoría de Morena y sus aliados, y al llegar a la Cámara de Diputados, se ha hecho mayor el reclamo de quienes se oponen a cambios sustanciales que contiene la reforma y que sin chistar, los morenistas están dispuestos a aprobar.
Muchas voces se levantaron en contra desde el momento mismo de darse a conocer la propuesta de reforma, sin embargo, los senadores de Morenta, PT y PVEM hicieron oídos sordos a todos, y obedecieron a pie juntillas la línea que se les marcó desde el Ejecutivo, ahora el turno es para los diputados quienes tienen que sortear miles de cuestionamientos ante la instrucción que deben seguir.
En San Lázaro se anunció que se llevarían a cabo audiencias públicas para escuchar a la sociedad los pros y contras que ven en esta reforma para que con base en ello, teóricamente, los legisladores escuchen y atiendan al momento de decidir y votar, en lo que la ciudadanía no está de acuerdo.
Para tal efecto, las comisiones unidas de Justicia y Hacienda de la Cámara de Diputados respondieron rápidamente a estas audiencias públicas, y el 8 de octubre, eliminaron el artículo transitorio y restablecieron el texto original de la reforma, alineándose con la propuesta presidencial. Esta acción fue vista como un intento por corregir el rumbo y evitar posibles impugnaciones constitucionales.
Aunque otros afirman que sólo fue un distractor pues lo grave no era la retroactividad, la cual era inconstitucional, sino la intención misma de dificultar que los gobernados puedan obtener una suspensión frente a actos fiscales arbitrarios.
La reforma propuesta introduce modificaciones significativas en diversos aspectos del juicio de amparo:
Interés legítimo: Se busca restringir quiénes pueden interponer un amparo, limitando su uso a casos donde se demuestre un interés directo y personal. Esto afecta especialmente a organizaciones civiles y colectivos que defienden derechos difusos.
Suspensión provisional: Se establecen restricciones más estrictas para conceder suspensiones provisionales, lo que podría dificultar la protección temporal de derechos fundamentales mientras se resuelven los juicios.
Cumplimiento de sentencias: Se incorporan disposiciones que permiten a las autoridades argumentar “imposibilidad jurídica o material” para no acatar sentencias de amparo, lo que podría debilitar la eficacia del juicio como herramienta de control de la constitucionalidad.
Negritos en el arroz
La reforma ha generado una respuesta contundente de diversos sectores de la sociedad. Organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han expresado su preocupación, señalando que la reforma pone en riesgo el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. Académicos y abogados también han manifestado su rechazo, argumentando que las modificaciones propuestas limitan el alcance del amparo y favorecen a las autoridades en detrimento de los ciudadanos.
Además, partidos de oposición han criticado la reforma por considerar que concentra poder en el Ejecutivo y debilita los contrapesos institucionales. La senadora Guadalupe Murguía, del PAN, afirmó que la reforma “favorece la concentración del poder de las autoridades y reduce los contrapesos ciudadanos”.
Los cambios que se darían con la reforma a la Ley de Amparo no sólo tiene repercusiones jurídicas, sino que también impacta en el ámbito político, social y económico:

Político: La modificación del amparo puede alterar el equilibrio entre los poderes del Estado, fortaleciendo al Ejecutivo y reduciendo la capacidad de control del Poder Judicial.
Social: Al restringir el acceso al amparo, especialmente para colectivos y organizaciones civiles, se limita la protección de derechos fundamentales, afectando a grupos vulnerables como comunidades indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos.
Económico: La reforma busca facilitar la recuperación de créditos fiscales, lo que podría aumentar la recaudación del Estado. Sin embargo, también genera incertidumbre jurídica que podría afectar la confianza de inversionistas y la seguridad jurídica en el país.
El futuro de la reforma
Las audiencias públicas realizadas en la Cámara de Diputados han permitido escuchar diversas opiniones sobre la reforma. Aunque algunos sectores han propuesto modificaciones para garantizar la protección de derechos, se prevé que el dictamen final se apruebe en los próximos días.
La reforma a la Ley de Amparo representa un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los ciudadanos. Mientras el gobierno busca fortalecer su capacidad recaudatoria, la sociedad civil y partidos de oposición defienden el acceso a la justicia como un pilar fundamental del Estado de derecho.
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