México es tradicionalmente uno de los países con mayores niveles de consumo de refrescos, bebidas azucaradas y altas tasas de tabaquismo, lo que ha contribuido a una pandemia silenciosa de enfermedades no transmisibles (ENT) como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Según la Organización Panamericana de la Salud, los “impuestos saludables” (gravámenes aplicados a productos que dañan la salud, como alcohol, tabaco o bebidas azucaradas) son una política costo-efectiva para reducir su consumo y financiar acciones sanitarias.
Desde 2014 México ya tiene un antecedente: se impuso un IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) de un peso por litro sobre las bebidas azucaradas. Estudios han observado que esa medida redujo en promedio un 6 % las compras de dichas bebidas en hogares mexicanos, y que, tras tres años, los consumidores de alta ingesta fueron menos numerosos.
Pero esas reducciones no han sido suficientes para frenar los crecientes costos en salud ni la epidemia de obesidad y diabetes. Un análisis estimó que una reducción en el consumo de bebidas azucaradas podría disminuir la obesidad en 2.5 %, prevenir 20,000 casos de enfermedades cardiovasculares y 189,000 casos de diabetes al año, además de evitar alrededor de 2,000 muertes.
Organismos de salud pública y sociedad civil advierten que las simples alzas fiscales —aunque útiles— no bastan si no van acompañadas de políticas de educación, etiquetado, acceso a opciones saludables, regulación publicitaria y refuerzo institucional.
En ese escenario, el Gobierno federal ha planteado para 2026 una reforma radical del régimen fiscal —el llamado “Paquete Económico”— que contempla un aumento importante en los impuestos al tabaco, las bebidas azucaradas y otras propuestas polémicas. El debate ya está en marcha entre diputados, especialistas, industria y organizaciones civiles.
Aumento récord al IEPS de bebidas azucaradas
El gobierno propone que el IEPS aplicado a refrescos, bebidas saborizadas y productos con azúcares o edulcorantes pase de 1.6451 pesos por litro a 3.0818 pesos por litro, un incremento del 87 % aproximadamente.
La Secretaría de Hacienda estima que esta medida podría generar ingresos adicionales del orden de 41 mil millones de pesos para 2026, recursos que se dirigirían al sector salud.
El gobierno calcula que dicho incremento conllevaría una reducción de consumo del 7 % en los refrescos.
Sin embargo, algunos economistas y analistas advierten que esta medida, por sí sola, será insuficiente si no va acompañada de estrategias complementarias de salud pública y regulación. Jacobo Rodríguez, analista de Roga Capital, señala que “la prevalencia de enfermedades ligadas al consumo no se ha reducido” y que las empresas han sabido resistir con ajustes estratégicos.
Por su parte, la industria de bebidas ha manifestado una postura crítica: Andrés Massieu, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas, advierte que un alza de ese nivel impactará en los consumidores, pequeños comerciantes y empleo. Asegura que podría considerarse “inequitativa” y recaudatoria.
También se discute si las bebidas sin azúcar o light estarán sujetas —o serán exentadas— del nuevo impuesto: la propuesta contempla gravarlas con tasas similares.
Tabaco: impuesto ad valorem más agresivo
En el caso del tabaco, se plantea modificar la tasa del IEPS ad valorem, pasando de 160 % a 200 %. Algunos especialistas defienden que esa alza es conservadora. En el foro “Gravar el daño” —realizado por diputados y expertos— se señaló que para tener impacto real, el impuesto debería elevarse hasta 3 pesos por cigarro, lo que podría disminuir el consumo en más del 40 %.
Las organizaciones civiles demandan que esta medida no solamente suba el gravamen sino que incluya mecanismos de vigilancia, control al contrabando, mayor fiscalización y prevención del tabaquismo en jóvenes.
Alcohol: la asignatura pendiente
El paquete fiscal 2026 no incluye un gravamen adicional específico para bebidas alcohólicas ni una reforma sustancial al impuesto existente.
Expertos han criticado esta omisión. En artículos recientes, sostienen que ajustar la carga impositiva de las bebidas alcohólicas con base en su grado alcohólico podría lograr una doble ganancia: reducir el consumo nocivo y aumentar la recaudación.
Organizaciones de sociedad civil, como El Poder del Consumidor, han exigido al Congreso que modifique la propuesta de Hacienda para que también incluya un nuevo impuesto al alcohol, pues consideran que sin él las medidas quedan incompletas.
Otras medidas fiscales conexas
El Paquete Económico 2026 propone también gravar productos con nicotina, apuestas y videojuegos con contenido violento (8 % de IEPS), como parte de una lógica de “impuestos saludables” que van más allá del consumo tradicional dañino. Lo simpático del asunto, es que el 99% de los videojuegos, aunque sean de niños y clasificación A, tienen ese impuesto, por “supuesta violencia”
En el caso de bebidas como los electrolitos orales (por ejemplo, Electrolit), la propuesta contempla reclasificarlos como bebidas azucaradas para que paguen el IEPS correspondiente, pues aunque se encuentren registrados como medicamento están siendo comercializados ampliamente fuera de su uso terapéutico.
“Ya no podíamos permitir que nuestro hijo tomara refresco cada día; ahora cuando lo pida le doy agua natural. Sabemos que es mejor para él, aunque cuesta más trabajo,” dice Mariana, madre de un niño de ocho años en Zapopan, Jalisco.
El caso de Mariana es parecido al de muchas familias mexicanas que, conscientes de los daños del consumo excesivo de azúcar, tratan de cambiar hábitos, pero enfrentan barreras culturales, económicas y de accesibilidad.
“Trabajo en una tiendita de colonia; si suben mucho los refrescos, muchos clientes se van. Nosotros no ganamos mucho margen de ganancia,” narra Don Raúl, comerciante informal en Coyoacán. “Si sube el precio, quizá menos gente compre, y nuestra ganancia diaria caerá.”
En otra esquina del país, jóvenes universitarios experimentan cambios: “Antes yo tomaba cuatro latas al día mientras estudio; ahora solo una si acaso,” comenta Jorge, estudiante en UNAM. “Pero cuando salgo a fiestas o con amigos, sigue siendo difícil resistir; la costumbre pesa más que la cartera.”
Estas experiencias muestran que las medidas fiscales potencialmente pueden influir en decisiones cotidianas, pero también que el cambio de hábitos requiere acompañamiento institucional: acceso a agua potable segura, campañas educativas, regulación publicitaria y programas sociales para comunidades vulnerables.
Qué dicen diputados, especialistas y organizaciones
En un foro reciente en la Cámara de Diputados titulado “Gravar el daño”, legisladores y especialistas coincidieron en que los impuestos al tabaco, al alcohol y a las bebidas azucaradas deben ser vistos como políticas preventivas integrales, no solo recaudatorias.
Diputados promueven que la recaudación se etiquete específicamente para salud, es decir, que los recursos del IEPS no se diluyan en el presupuesto general sino que se asignen directamente para prevención, atención y fortalecimiento del sistema sanitario.
No obstante, críticos reprochan que Hacienda no ha incorporado esa etiquetación formal en leyes como la Ley General de Salud o la Ley de Coordinación Fiscal, lo que deja en riesgo la transparencia del destino del gasto.
Las organizaciones civiles han saludado las propuestas como un paso importante, pero han exigido que el Congreso fortalezca las tasas, incluya al alcohol y garantice mecanismos de rendición de cuentas. “Los intereses de estas industrias no son conciliables con la salud pública”, advirtió un comunicado de El Poder del Consumidor.
Por ejemplo, se ha planteado que el impuesto a refrescos podría subir no a 3.08 pesos por litro, sino hasta 7 pesos por litro, y que el impuesto al tabaco debería ser de 3 pesos por cigarrillo, en línea con estándares internacionales.
Riesgos, obstáculos y críticas
Muchos especialistas coinciden: los impuestos son útiles, pero no suficientes por sí solos. Si no hay programas paralelos de educación, regulación de la publicidad (especialmente dirigida a jóvenes), acceso a agua y opciones saludables accesibles, el impacto en salud será marginal.
Jacobo Rodríguez critica que, aún con alzas importantes, las tasas históricas no han sido capaces de revertir los crecientes índices de diabetes y obesidad.
Un desafío técnico es que los impuestos no siempre se trasladan íntegramente al precio final. Un estudio encontró que en áreas rurales, el IEPS a bebidas no se trasladaba completamente, sino que el alza promedio fue de 0.73 pesos por litro cuando el impuesto era de 1 peso.
Además, en zonas donde los monopolios de distribución o concesiones de agua son fuertes, el impacto puede aminorarse, lo que debilita la efectividad del impuesto como instrumento universal.
La industria de bebidas ha advertido que el 87 % de aumento propuesto en el IEPS puede provocar despidos, afectaciones a pequeños comerciantes y pérdida de competitividad. Acusan al gobierno de aplicar medidas recaudatorias disfrazadas.
Ante estos argumentos, el gobierno defiende que la medida no es recaudatoria sino sanitaria: la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que la propuesta busca proteger la salud y no solo aumentar ingresos.
La omisión de gravar más agresivamente al alcohol es vista por especialistas como una brecha importante que debilita el diseño integral de la política. Consumidores de bebidas alcohólicas también representan un riesgo sanitario y social que merece regulación fiscal.
Aunque Hacienda indica que los 41 mil millones recaudados irán al sector salud, aún no hay claridad en el destino específico ni mecanismos legales que garanticen que esos recursos sean ineludibles hacia prevención y atención sanitaria.
La falta de etiquetado presupuestal formal es un riesgo institucional que organizaciones como México Evalúa e IMCO han señalado como pendiente urgente.
Desde una perspectiva humanista, el bien común, la dignidad de la persona y la protección de los más vulnerables deben guiar las políticas públicas. En este contexto, gravar productos que dañan la salud puede considerarse una forma de garantizar el derecho a la salud y reducir desigualdades, pues las ENT suelen afectar con más fuerza a poblaciones de menores recursos.
El principio de subsidiariedad y participación implica que estas políticas fiscales no deben imponerse sin consulta ni sin promover corresponsabilidad ciudadana: los ciudadanos deben entender, participar y apropiarse de la cultura de cuidado de la salud. Además, la transparencia en el destino del recurso es un imperativo moral: quien contribuye debe saber que su aportación sirve para prevenir y curar, no para canalizarse a gastos generales sin control.
El valor de la solidaridad llama a que esas medidas no carguen desproporcionadamente sobre los pobres: debe contemplarse apoyo social, fortaleza de sistemas sanitarios locales y políticas redistributivas que mitiguen el impacto regresivo. De igual modo, la legalidad exige que las reformas estén bajo normas claras, mecanismos de control y rendición de cuentas ante ciudadanos.
Propuestas y recomendaciones para mejorar el diseño
Para que los “impuestos saludables” de 2026 sean más eficaces, equitativos y legítimos, es clave considerar:
- Elevar las tasas más allá de lo planteado
Las organizaciones piden que el IEPS a refrescos se acerque a 7 pesos por litro, y que el impuesto al tabaco suba a 3 pesos por cigarrillo, siguiendo estándares internacionales. - Incluir el alcohol como objeto fiscal
Ajustar gravámenes según el grado alcohólico y reconocer los daños del consumo excesivo como parte de la política sanitaria integral. - Establecer etiquetado legal del destino del impuesto
Modificar leyes sanitarias y fiscales para que los recursos recaudados estén legalmente asignados a salud, con controles específicos y transparencia pública. - Combinar con otras intervenciones estructurales
Implementar campañas educativas para jóvenes, regulación de publicidad dirigida a menores, límites a la comercialización en escuelas, acceso universal a agua segura, infraestructura sanitaria en comunidades marginadas, y apoyo alimentario saludable. - Fortalecer vigilancia contra el contrabando y evasión
Muchas zonas del país enfrentan contrabando de tabaco o bebidas azucaradas; sin fiscalización efectiva, las alzas serán inútiles. - Monitoreo impactado y evaluación continua
Crear mecanismos que midan cambios en consumo, efectos en salud (diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares) y efectos sociales (consumo cultural, empleo), con actualización periódica de tasas en función de resultados.
Las propuestas de impuestos al tabaco, bebidas azucaradas y —con menor énfasis— alcohol para 2026 representan una de las reformas fiscales con más implicaciones en salud pública de la última década. Si se aprueban como están, podrían recaudar hasta 41 mil millones de pesos e inducir una reducción del consumo cercano al 7 %, según estimaciones del propio gobierno.
No obstante, su eficacia dependerá de aspectos estructurales: que las tasas sean suficientemente disuasorias, que el impuesto se traslade al precio para el consumidor, que se acompañe de políticas educativas y regulatorias, que el recurso se etiquete con transparencia y que se incluya al alcohol. De lo contrario, podrían quedar como una pancarta simbólica sin trascendencia real en salud.
Para jóvenes de 18 a 35 años, estas medidas podrían marcar diferencias concretas: menos azúcar, menos riesgo de diabetes, conciencia colectiva de que no todo lo que está en lata o botella merece consumirse. Pero también representa un reto social: resistir la cultura de consumo, transformar hábitos y cultivar alternativas saludables.
Aun con riesgos y críticas, este momento fiscal puede ser una oportunidad para que México demuestre que puede gravar no solo lo que produce, sino lo que enferma, y que puede invertir esos recursos para cuidar la vida. Para que eso ocurra, los ciudadanos también debemos involucrarnos, vigilar, exigir y participar en el diseño y evaluación de estas políticas. Porque, al final, no basta recaudar: lo real es sanar
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