El cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue hallado sin vida en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, después de que desde el sábado había sido reportado como desaparecido. El crimen, perpetrado en una de las regiones más violentas del país, volvió a sacudir a la Iglesia católica mexicana, que denuncia desde hace años un patrón de agresiones, amenazas y homicidios contra sacerdotes, especialmente en estados dominados por el crimen organizado.
Con este nuevo asesinato, el clero mexicano enfrenta una dolorosa confirmación: ejercer el ministerio en zonas de conflicto se ha convertido en un riesgo de vida. En Guerrero, territorio fracturado por las disputas criminales, la impunidad y la pobreza, el crimen del padre Bertoldo no parece una excepción, sino parte de una larga cadena de violencia que apunta también contra quienes predican la fe.
Bertoldo Pantaleón, párroco de la iglesia de San Cristóbal, en Mezcala, era un religioso conocido por su cercanía con los fieles. Durante más de ocho años sirvió en comunidades rurales de Guerrero, una de las entidades más afectadas por la violencia criminal. Según versiones de feligreses, el sacerdote desapareció la mañana del 4 de octubre, cuando se dirigía a celebrar misa. Dos días después, su cuerpo fue localizado a un costado de la carretera federal México–Acapulco, con señales de violencia.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por homicidio calificado y señaló que entre las líneas de indagación se encuentra la posible participación de personas cercanas al sacerdote, incluido su chofer, quien se encuentra prófugo. Hasta ahora no se ha dado a conocer un móvil concreto, aunque las circunstancias apuntan a un ataque planeado.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó profundamente el asesinato y expresó su “tristeza y dolor” por la pérdida del sacerdote. En un comunicado, exigió una investigación “pronta, exhaustiva y transparente” que permita esclarecer el crimen y castigar a los responsables.
Los obispos del país afirmaron que la Iglesia “no puede permanecer indiferente ante la violencia que desangra nuestras comunidades y golpea a sus servidores”.
El Episcopado también se solidarizó con el obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, y con la comunidad parroquial de San Cristóbal, a quienes pidió mantener la esperanza y la unidad. “Hechos de violencia como este vuelven a enlutar a la Iglesia católica en México y nos llaman a la oración, pero también a la acción”, subrayaron los obispos mexicanos.
No es la primera vez que la CEM levanta la voz. Desde hace más de una década ha denunciado el incremento de agresiones a sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en distintas regiones del país. En muchos casos, las víctimas habían denunciado amenazas, extorsiones o presencia de grupos criminales cerca de sus parroquias.
Un patrón repetitivo
El Centro Católico Multimedial (CCM), organización que documenta las agresiones contra el clero, advirtió que el caso del padre Bertoldo se suma a una larga lista de crímenes impunes. En sus registros, México figura entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el ministerio sacerdotal.
De acuerdo con sus reportes, desde 1990 más de 80 sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos con la pastoral han sido asesinados en el país, y cientos más han sido víctimas de amenazas, extorsiones o secuestros. Guerrero, Michoacán, Veracruz y Chihuahua figuran entre las entidades con mayor número de ataques.
El director del CCM, el padre Omar Sotelo, ha señalado que estos crímenes reflejan no solo la inseguridad generalizada, sino una descomposición social que afecta directamente a las comunidades más pobres. “Los sacerdotes se han convertido en blancos porque son líderes comunitarios, porque dan voz a los que no la tienen y porque su presencia estorba a los intereses del crimen”, asegura.
El asesinato del sacerdote Bertoldo no puede entenderse fuera del contexto de Guerrero, un estado donde la violencia ha mutado en una forma de vida. El control territorial de grupos delictivos, la ausencia de autoridad efectiva y la corrupción institucional han convertido al clero en un actor vulnerable.
En los últimos años, varios sacerdotes han sido asesinados en la entidad. En 2018, los padres Germaín Muñiz e Iván Añorve fueron ejecutados tras asistir a una fiesta patronal en Taxco. Antes, en 2014, el misionero ugandés John Ssenyondo fue secuestrado y asesinado por negarse a colaborar con el crimen organizado. Ninguno de esos casos ha sido plenamente esclarecido.
La constante, según observadores eclesiásticos, es la impunidad. Los casos se investigan con lentitud, las autoridades evitan dar declaraciones y, con el paso del tiempo, las víctimas se suman al archivo del olvido. En ese escenario, el asesinato del padre Bertoldo reaviva una herida abierta que el Estado no ha sabido cerrar.
Fe en tiempos de miedo
Para las comunidades rurales de Guerrero, la parroquia suele ser mucho más que un espacio religioso: es el punto de encuentro, el refugio y, a menudo, el único interlocutor ante las instituciones. Por eso, la pérdida de un sacerdote tiene un impacto devastador. “Nos quedamos sin pastor, sin guía y con miedo”, dijo una feligresa de Mezcala durante la misa en memoria del padre Bertoldo.
La CEM y el CCM coinciden en que estos asesinatos tienen un efecto silencioso pero profundo: erosionan la confianza, debilitan el tejido social y siembran el miedo entre los líderes comunitarios. La fe, en estas condiciones, se ejerce entre la incertidumbre y el peligro.
El caso Bertoldo se suma a una estadística que preocupa a la Iglesia católica. En el actual sexenio se han documentado al menos una decena de sacerdotes asesinados y numerosas agresiones contra religiosos. Sin embargo, pocos casos han llegado a una sentencia.
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