A lo largo de las últimas décadas, México ha impulsado una amplia gama de políticas públicas sociales con la finalidad de combatir la pobreza, reducir la desigualdad y garantizar el acceso a derechos básicos como salud, educación y vivienda. Sin embargo, cada sexenio ha seguido un modelo propio, con prioridades y enfoques distintos, lo que ha derivado en avances parciales y resultados desiguales.
De Fox a López Obrador, las políticas públicas han transitado entre modelos de desarrollo humano, expansión de redes de protección y programas de transferencia directa. A pesar de los avances en cobertura y visibilidad social, las desigualdades estructurales persisten.
Esta revisión permite identificar cómo los cambios de enfoque, las decisiones administrativas y los contextos políticos han moldeado — y en ocasiones limitado — el alcance real del Estado mexicano en materia social.
Vicente Fox (2000–2006): El nuevo discurso frente a la pobreza
Durante su administración, Vicente Fox impulsó la estrategia Contigo es Posible, con la que buscó romper el modelo asistencialista y fortalecer las capacidades de las familias en situación de pobreza. Fue la primera política social en integrar a 15 dependencias federales bajo una estrategia nacional coordinada.
El programa Oportunidades, que sustituyó a Progresa en 2002, amplió su cobertura hacia zonas urbanas y extendió becas hasta nivel medio superior. Para mediados de ese año, el programa beneficiaba a más de 4 millones de hogares.
Asimismo, la reforma a la Ley General de Salud sentó las bases para la creación del Seguro Popular, dirigido a población sin seguridad social. Hacia el final del sexenio, 3.5 millones de familias ya estaban afiliadas.
Fox también implementó la Estrategia de Microrregiones, que coordinó 68 programas federales para reducir la marginación regional, y lanzó políticas de vivienda como el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva y el Programa de Vivienda Rural, ambos derivados del Acuerdo Nacional para el Campo.
No obstante, la falta de articulación entre programas y la escasa coordinación con gobiernos estatales limitaron su impacto. El Seguro Popular creció sin una planeación nacional coherente, y la política social careció de una estructura integral de atención.
Felipe Calderón (2006–2012): Red social y nuevas pensiones
Felipe Calderón presentó la estrategia Vivir Mejor, basada en tres ejes: desarrollo de capacidades, protección social y vinculación con el crecimiento económico.
Uno de sus principales logros fue el aumento en la cobertura del Seguro Popular, que pasó de 5.3 millones a más de 49 millones de afiliados. También se consolidaron las pensiones para adultos mayores, además de programas como Estancias Infantiles, MAROP (ahorro para el retiro) y la Estrategia 100×100, orientada a municipios con bajo Índice de Desarrollo Humano.
A pesar del incremento en cobertura, los servicios seguían siendo deficientes, especialmente en zonas rurales. Según el CONEVAL, la reforma que incorporó la medición multidimensional de la pobreza reveló que muchas familias continuaban enfrentando carencias de seguridad social, educación y alimentación.
El sistema se mantuvo fragmentado, sin coordinación interinstitucional ni enfoque de derechos. El gasto social fue regresivo en pensiones y neutral en salud, y aunque se observó progresividad en programas alimentarios, el impacto sobre la pobreza fue limitado.
Enrique Peña Nieto (2012–2018): Combate a la desigualdad con resultados mixtos
El gobierno de Enrique Peña Nieto centró su política social en la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), una estrategia interinstitucional que buscó atender a 7.4 millones de personas en pobreza extrema con carencia alimentaria.
Si bien se redujo la pobreza extrema en dos puntos porcentuales, la carencia alimentaria apenas se modificó. Se mantuvo el programa Prospera, con un nuevo enfoque hacia la inclusión financiera, laboral y productiva.
Durante su administración se crearon programas como el Seguro de Vida para Jefas de Familia, los Comedores Comunitarios y el piloto Territorios Productivos (PTP), que integró 15 programas en cinco estados.
El Plan Nacional de Desarrollo incorporó indicadores de seguimiento, lo que representó un avance en transparencia. Sin embargo, el periodo estuvo marcado por la Estafa Maestra, en la que la Auditoría Superior de la Federación detectó un desvío de 2,800 millones de pesos. A esto se sumó la manipulación de encuestas de ingreso en 2016, que alteró las cifras oficiales de pobreza.
Aunque 68 de los 88 programas prioritarios recibieron incrementos presupuestales, los resultados fueron dispares. Persistió la desigualdad estructural, y la eficiencia en la focalización de apoyos fue limitada, pese al intento de mejora con la creación del Sistema de Información Social Integral.
Andrés Manuel López Obrador (2018–2024): Expansión y enfoque asistencial
El sexenio pasado estuvo marcado por una expansión significativa de los programas sociales. Destacaron programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, ambos pilares del nuevo modelo de bienestar.
Jóvenes Construyendo el Futuro busca vincular a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan con centros laborales mediante capacitación. Ha superado su meta de cobertura, pero ha sido cuestionado por la baja calidad de la formación y su limitada incidencia en la empleabilidad.
Sembrando Vida, por su parte, atiende a más de 450 mil personas en 23 estados y promueve la reforestación y la autosuficiencia alimentaria. Aunque ha incrementado los ingresos rurales y mejorado el acceso a alimentos, su sostenibilidad y capacidad de ahorro a largo plazo siguen siendo inciertas.
Ambos programas han sido señalados por uso clientelar y falta de indicadores de evaluación sólidos. La Matriz de Indicadores de Resultados de Jóvenes Construyendo el Futuro fue clasificada como “no factible”, lo que refleja la debilidad técnica de su diseño.
Entre avances, retrocesos y desafíos persistentes
El análisis de las políticas sociales implementadas desde el año 2000 hasta la fecha revela avances importantes en términos de cobertura y visibilidad de ciertos sectores vulnerables, pero también evidencia una profunda fragmentación institucional, falta de continuidad, y decisiones marcadas más por la coyuntura política que por una estrategia de Estado a largo plazo.
Cada administración dejó su huella. Vicente Fox impulsó una visión de desarrollo humano integral con la Estrategia Contigo, pero falló en consolidar mecanismos de articulación entre programas y en garantizar cobertura real a los más vulnerables.
Felipe Calderón apostó por ampliar la red de protección social, con un crecimiento masivo en la afiliación al Seguro Popular, pero sin resolver las brechas de calidad en los servicios ni asegurar su sostenibilidad. Su política dejó un sistema social fragmentado, desigual y con carencias en coordinación federal.
Enrique Peña Nieto impulsó programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre y Prospera, pero su administración estuvo marcada por escándalos de corrupción y manipulación de datos, afectando la credibilidad de sus políticas.
Andrés Manuel López Obrador, en el actual sexenio, ha priorizado la entrega directa de apoyos y expandido la cobertura de programas, pero con problemas de diseño, evaluación y una creciente preocupación sobre su uso político y falta de institucionalización.
En materia de salud, a pesar de los esfuerzos por ampliar el acceso, la calidad de los servicios y su disponibilidad en zonas rurales y marginadas sigue siendo una deuda estructural. El modelo del Seguro Popular, aunque ampliado, nunca fue plenamente efectivo en garantizar atención oportuna y de calidad. La actual desaparición del mismo no ha venido acompañada de un modelo funcional, lo que ha dejado a millones en incertidumbre sanitaria.
En cuanto a la pobreza, los datos muestran estancamientos preocupantes. Ningún sexenio ha logrado romper de forma estructural con las condiciones que reproducen la exclusión: desigualdad en el ingreso, economía informal extendida, acceso desigual a la educación y servicios básicos, y ausencia de movilidad social real. Las transferencias directas, aunque necesarias, han sido insuficientes para transformar estas condiciones de raíz.
También persiste un abandono institucional hacia grupos históricamente marginados, como comunidades indígenas, personas con discapacidad, población trans y habitantes de zonas rurales profundas, quienes rara vez han sido el centro de una política pública con enfoque diferenciado.
En suma, si bien cada sexenio ha contribuido con distintas herramientas a la política social del país, el saldo general es el de un sistema con avances dispersos, sin enfoque integral y sin mecanismos claros de evaluación y ajuste. El reto es dejar atrás el enfoque sexenal y construir una política social transversal, sostenible, participativa y evaluada con rigor, capaz de atender las múltiples dimensiones de la desigualdad en México. La clave no estará en repartir más apoyos, sino en diseñar sistemas públicos que garanticen derechos, inclusión y desarrollo real para las próximas generaciones.
Hacia una política social de Estado
México ha privilegiado la creación de programas emblemáticos sobre la consolidación de un sistema social coherente y sostenible. Las estrategias cambian con cada administración, pero los problemas estructurales permanecen.
El país ha avanzado en ampliar la cobertura de servicios, otorgar apoyos directos y fortalecer la presencia institucional en territorios marginados. Sin embargo, los resultados siguen fragmentados por la falta de evaluación rigurosa, la escasa articulación entre dependencias y la débil continuidad de políticas a largo plazo.
El desafío inmediato radica en trascender el modelo asistencialista y construir una política social de Estado, basada en evidencia, con mecanismos de evaluación claros y una visión que priorice la movilidad social y la equidad estructural. Solo a través de una estrategia sostenida, integral y con enfoque de derechos será posible transformar los esfuerzos sexenales en resultados duraderos para la población mexicana.
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