En México, el sistema penitenciario enfrenta una crisis estructural que no puede ocultarse: sobrepoblación, hacinamiento, violencia intracarcelaria y un fracaso casi total en la reinserción social. De acuerdo con el INEGI, más del 40% de las personas privadas de la libertad reinciden en conductas delictivas una vez que recuperan su libertad. Frente a este panorama, la Iglesia Católica ha levantado la voz para recordar que la reinserción no es solo un mandato legal, sino un deber ético y humano.
“El Evangelio nos exige no dar la espalda al que ha caído, sino acompañarlo para que vuelva a levantarse”, señaló recientemente el episcopado mexicano en un pronunciamiento. No se trata únicamente de brindar asistencia espiritual en las cárceles, sino de impulsar políticas públicas que permitan a los reclusos salir con herramientas reales para rehacer sus vidas.
La deuda del sistema penitenciario mexicano
El artículo 18 constitucional establece que la finalidad de las penas privativas de libertad debe ser la reinserción social. Sin embargo, la realidad dista mucho de este mandato. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 65 de los 289 centros penitenciarios del país presentan problemas graves de sobrepoblación, con estados como Estado de México, Jalisco y Puebla encabezando la lista.
A ello se suma la falta de programas educativos, laborales y de salud mental. Un estudio de México Evalúa reveló que apenas el 30% de los internos tiene acceso a capacitación para el trabajo, y menos del 20% puede continuar estudios formales dentro de prisión. “Cuando salí, sentí que el mundo estaba en mi contra. No tenía empleo, nadie confiaba en mí, y terminé regresando a lo mismo”, cuenta Juan, exinterno del penal de Neza-Bordo, quien tras dos años de libertad volvió a caer por robo menor.
La historia de Juan es la de miles. Sin apoyo real, sin un entorno que los reciba y con el estigma de “exconvicto”, muchos encuentran en la reincidencia la única salida.
Una labor histórica: la Iglesia y la construcción de ciudadanía
Desde la llegada de los frailes en el siglo XVI, la Iglesia Católica ha tenido un papel central en la formación de ciudadanía y en la atención a poblaciones marginadas. Fray Bartolomé de las Casas ya insistía en que la dignidad humana debía prevalecer aun en quienes habían transgredido las normas.
Durante el periodo colonial, las órdenes religiosas fundaron hospitales y casas de recogimiento donde se buscaba rehabilitar a quienes habían cometido delitos o caído en la indigencia. En el siglo XIX, con el fortalecimiento del Estado laico, estas funciones fueron desplazadas, pero nunca desaparecieron del todo: capellanías, patronatos y asociaciones vinculadas a la Iglesia siguieron acompañando a los presos.
Hoy, a través de la Pastoral Penitenciaria, la Iglesia mantiene presencia en más del 80% de los penales mexicanos, con capellanes y voluntarios que brindan atención espiritual, psicológica y, en algunos casos, talleres de oficios y acompañamiento post-penitenciario.
“La misión no es justificar el delito, sino rescatar la dignidad de la persona. Creemos en la justicia, pero también en la misericordia”, afirma el padre José Luis Segura, capellán del penal de Chiconautla.
Propuestas concretas desde la Iglesia
El llamado de la Iglesia no se limita a la reflexión moral. En distintos foros y documentos, ha delineado propuestas para que la reinserción social deje de ser un ideal y se convierta en política efectiva. Entre ellas destacan:
- Educación continua dentro de prisión. La alfabetización, la secundaria y la preparatoria deben estar disponibles para todos los internos, con programas de certificación reconocidos oficialmente.
- Capacitación laboral con valor real de mercado. La producción artesanal o de oficios debe orientarse a sectores donde el exinterno pueda insertarse una vez en libertad.
- Atención a las familias. Los hijos de personas encarceladas suelen ser víctimas invisibles del sistema. La Iglesia propone programas de acompañamiento psicológico y educativo para evitar la reproducción intergeneracional del delito.
- Programas de justicia restaurativa. Promover el encuentro entre víctima y victimario, bajo marcos legales, para fomentar la reparación del daño y la reconciliación.
- Alianzas público-privadas. Convocar a empresas y organismos de la sociedad civil a ofrecer empleo digno a exinternos, con incentivos fiscales y garantías de seguridad.
El rostro humano de la reinserción
Mariana, madre de tres hijos y con antecedentes por narcomenudeo, encontró en un taller de costura dentro del penal de Santa Martha Acatitla una segunda oportunidad. “Cuando salí, pensé que nadie me iba a dar trabajo, pero una empresa que colabora con la pastoral me contrató. Hoy coso uniformes y tengo un ingreso estable. Lo más importante es que mis hijos ya no me ven como un fracaso, sino como alguien que lucha por ellos”, relata.
Casos como el de Mariana muestran que la reinserción no es una utopía. Requiere voluntad política, apoyo comunitario y un cambio cultural que permita ver a los exconvictos como personas en proceso de transformación, no como amenazas permanentes.
Retos y resistencias
El camino, sin embargo, está lleno de obstáculos. El estigma social sigue siendo la principal barrera. Según una encuesta del Centro de Opinión Pública de la UVM, más del 70% de los empleadores se niega a contratar a alguien con antecedentes penales, sin importar la gravedad del delito o el tiempo transcurrido.
Además, los recortes presupuestales han golpeado los programas penitenciarios. La Auditoría Superior de la Federación documentó que, entre 2019 y 2023, el gasto federal destinado a reinserción social se redujo en más del 30%.
A esto se suma la crisis de seguridad que absorbe la atención pública. En palabras de la criminóloga Elena Azaola: “Se ha privilegiado la lógica del castigo sobre la lógica de la reintegración. La cárcel se concibe como fin en sí misma, no como medio de transformación”.
Toda persona, incluso la que ha cometido un delito, conserva su dignidad y su derecho a la esperanza. Juan Pablo II, en su visita a México en 1999, afirmó: “Ningún hombre es tan pobre que no pueda dar algo, ni tan culpable que no pueda ser perdonado”.
Desde esta perspectiva, la reinserción no es concesión sino justicia: es reconocer que el ser humano es capaz de cambiar si se le ofrecen las condiciones adecuadas.
La crisis penitenciaria mexicana exige un cambio de rumbo. Castigar sin ofrecer alternativas solo perpetúa el ciclo del delito. La Iglesia Católica ha recordado que la reinserción no es una utopía ni un lujo, sino una obligación ética, legal y social.
El reto es colectivo: Estado, sociedad civil, empresas y comunidades deben comprometerse a abrir las puertas a quienes buscan una segunda oportunidad. Porque, como insiste Mariana, “si nos cierran todas las puertas, es fácil volver al mismo camino. Pero si alguien nos abre una, podemos demostrar que también sabemos construir, no solo destruir”.
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