La madrugada del 2 de octubre, en una sesión que se extendió hasta las primeras horas, el Senado aprobó una reforma a la Ley de Amparo que ya es vista como uno de los cambios más polémicos en materia de justicia de los últimos años. Con 70 votos a favor y 39 en contra, la mayoría oficialista logró dar luz verde a un paquete que, según sus impulsores, busca modernizar y agilizar el juicio de amparo; pero que, de acuerdo con sus críticos, puede significar un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos frente al Estado.
El camino hacia esta aprobación no fue lineal. La propuesta surgió de una iniciativa presentada desde el Ejecutivo, con el objetivo de frenar el abuso de los llamados “amparos dilatorios”, esos recursos que, según los legisladores afines al gobierno, han servido a empresas, políticos y grupos de interés para detener obras de infraestructura o evadir investigaciones fiscales. “Se trata de modernizar, no de limitar derechos”, defendieron en tribuna los senadores de Morena.
En los días previos a la votación, el ambiente en el Congreso era tenso. Se habían celebrado audiencias públicas, se habían escuchado propuestas de juristas y reservas de legisladores opositores. Sin embargo, el punto de quiebre llegó en la propia sesión del pleno el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, presentó una reserva con la intención de incluir en el primer transitorio el texto que señala: “Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto”.
El legislador morenista señaló que la reserva que presenta no “viene a dinamitar nada”, pues la modificación no es retroactiva a la ley prohibida en el artículo 14 constitucional, además de que no afecta derechos adquiridos porque no modifica la esencia del juicio de amparo, sino que precisa su naturaleza jurídica y asegura la correcta aplicación de las normas.
Los ajustes aprobados parecen, a primera vista, técnicos: redefinen el concepto de “interés legítimo”, obligan a digitalizar los trámites del juicio, amplían plazos procesales en algunos casos (hasta 90 días en los amparos indirectos) y limitan la posibilidad de otorgar suspensiones provisionales cuando estén en juego temas como lavado de dinero, terrorismo, concesiones o deuda pública. Pero la lectura política y social es otra: estas limitaciones podrían dejar sin protección inmediata a comunidades afectadas por una obra o a ciudadanos frente a actos de autoridad que, en lo que se resuelve el juicio, ya les habrían causado un daño irreversible.
Desde el oficialismo se argumenta que era urgente poner orden en un sistema que, en su visión, había sido secuestrado por intereses privados. “El amparo no puede ser un obstáculo permanente al interés general”, repitieron legisladores morenistas. El discurso conecta con la narrativa de frenar el uso “abusivo” del recurso legal que durante décadas ha servido tanto para defender causas sociales como para blindar negocios.
Pero en la otra orilla, las críticas fueron contundentes. Organizaciones de derechos humanos, académicos y colectivos ciudadanos denunciaron que el cambio amenaza la esencia del amparo: ser un recurso abierto a cualquiera que enfrente un abuso de autoridad. “Si limitas suspensiones, lo que haces es dejar que el daño se concrete sin remedio”, advirtieron juristas. Desde el sector empresarial, organismos como la Coparmex señalaron que las modificaciones generan incertidumbre jurídica y ponen en riesgo la confianza de inversionistas.
Especialistas coinciden en que los riesgos se concentran en dos frentes: primero, que al acotar el “interés legítimo” se cierre la puerta a comunidades que litigan contra megaproyectos o decisiones gubernamentales; segundo, que la digitalización obligatoria deje fuera a millones de mexicanos que carecen de acceso confiable a internet, particularmente en zonas rurales y marginadas. Según cifras oficiales, más de 20 millones de personas en el país no tienen conectividad estable, lo que convertiría un derecho constitucional en un privilegio para quienes sí están en línea.
La Presidencia misma intentó calmar los ánimos tras la polémica: aclaró que no había intención de aplicar la reforma de forma retroactiva y pidió que la Cámara de Diputados corrija el artículo transitorio. No obstante, la oposición considera que el solo hecho de haberlo aprobado muestra el talante con el que se negoció la reforma: acelerando tiempos, reduciendo la deliberación y forzando una votación nocturna.
¿Qué está en juego?
El amparo es, desde hace más de un siglo, la herramienta más poderosa de los ciudadanos para enfrentar abusos de poder. Ha servido tanto para detener desalojos como para cuestionar leyes inconstitucionales. Por eso, el debate no es meramente jurídico: es político y social. Lo que discuten hoy el Congreso y la sociedad mexicana es si el país está dispuesto a sacrificar garantías constitucionales en nombre de la eficiencia procesal.
La reforma aún debe ser revisada en la Cámara de Diputados, y ahí podría matizarse. Pero el mensaje ya quedó sembrado: la mayoría legislativa está dispuesta a modificar las reglas de acceso al amparo, aun con un alto costo en términos de confianza y legitimidad. Lo que viene será decisivo para saber si este cambio será recordado como un avance hacia una justicia más ágil o como un retroceso en la defensa de los derechos frente al poder.
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