La irrupción del gusano barrenador en territorio mexicano dejó de ser un problema técnico para convertirse en un dilema público: cómo proteger la salud animal y humana sin quebrar la economía cotidiana de millones de familias. El gobierno ha ordenado administrar ivermectina a todo bovino 72 horas antes de su movimiento bajo supervisión oficial. La intención es clara: cortar el ciclo del parásito que destruye tejido vivo y que ha venido avanzando desde Centroamérica hacia el norte. El riesgo es evidente: si la cadena de traslado se entorpece, los costos suben, el abasto se tensa y termina pagando el consumidor.
México es potencia agroalimentaria y la ganadería es uno de sus motores. En 2024 el sector agroalimentario generó un valor cercano a $192 mil millones de dólares; no es un apunte menor, es empleo, exportaciones y estabilidad regional. Por eso las voces del sector alertan que convertir una medida sanitaria en un cuello de botella logístico sería un tiro en el pie. La trinchera correcta es la bioseguridad inteligente: protocolos claros, trazabilidad digital y tiempos de inspección que no paralicen al productor ni al transportista.
El ángulo fronterizo importa. Estados Unidos mantiene una preocupación creciente por la proximidad del brote a su límite sur y ha endurecido su vigilancia. Si México no calibra bien, la factura llegará doble: tensión en exportaciones y presión en precios internos. La cooperación binacional debe dejar de ser un slogan y convertirse en una mesa técnica permanente: interoperabilidad de certificados, controles coordinados y financiamiento de emergencia para reconversión y barreras sanitarias.
Ahora bien, no basta con pedirle disciplina al campo; toca al Estado proveer la infraestructura y los incentivos. Se necesitan más puntos móviles de verificación con personal suficiente; ventanillas digitales que integren registro, evidencia fotográfica y geolocalización; y una regla simple: el animal que cumple pasa, en minutos, no en horas. Transparencia radical: publicar datos abiertos diarios del número de revisiones, tiempos de espera y rechazos, por entidad. Cuando los datos están a la vista, la confianza crece y las malas prácticas se reducen.
La bioseguridad no es un lujo tecnocrático: es la manera de asegurar que la carne, la leche y los subproductos sigan llegando a precio razonable a la mesa de los hogares, mientras se evita un daño mayor a la salud animal y, por extensión, a la salud pública. Si la medida de ivermectina previa se sostiene con inteligencia operativa —es decir, logística, verificación ágil y apoyo económico focalizado para pequeños y medianos productores— el país podrá contener el brote sin sacrificar su abasto.
Nuestra postura es clara: sí a la precaución, sí a la ciencia y sí a la cooperación; no a la improvisación que traslada el costo al consumidor y asfixia al productor. En tiempos donde los discursos sobran y los datos faltan, exijamos métricas, calendarios y resultados. Proteger el campo es proteger la mesa; y proteger la mesa es, al final, cuidar a la persona, que es la razón de ser de toda política pública.
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