México enfrenta hoy un dilema histórico: cómo crecer económicamente sin dejar atrás a millones de ciudadanos que aún viven en la pobreza, la informalidad o la marginación. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2024 más de 46 millones de personas en México viven en situación de pobreza y cerca de 9 millones en pobreza extrema. La desigualdad, la falta de acceso a seguridad social y la precarización laboral marcan la vida de gran parte de la población.
La Doctrina Social de la Iglesia, en documentos como Rerum Novarum y Caritas in Veritate, ha recordado que “el desarrollo no puede reducirse al simple crecimiento económico, sino que debe estar al servicio de la persona humana y del bien común”. Bajo este principio, se vuelve urgente plantear propuestas concretas, solidarias y viables que permitan transitar hacia un modelo de país más justo y humano.
Este reportaje explora tres ejes estratégicos: la formalización del empleo, la construcción de un sistema integral de cuidados y la inversión en infraestructura de bienestar.
La formalización del empleo: clave para romper el círculo de pobreza
Uno de los grandes desafíos estructurales de México es la informalidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 el 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad, sin acceso a seguridad social, pensión ni prestaciones básicas.
El economista Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, ha señalado que “la informalidad no solo precariza la vida de millones de trabajadores, sino que además limita el crecimiento del país al reducir la base fiscal y frenar la productividad”.
En la colonia Doctores, en Ciudad de México, Rosa López, comerciante ambulante desde hace 15 años, comparte su experiencia:
“Yo vendo ropa en un tianguis. No tengo seguro médico ni ahorro para el retiro. A veces me enfermo y me atiendo en farmacias de bajo costo. Sé que si algo grave me pasa, quedo desprotegida”.
La formalización del empleo no solo significa mayor recaudación, también implica garantizar acceso a salud, pensiones y estabilidad. Para lograrlo, especialistas recomiendan incentivos fiscales para micro y pequeñas empresas, simplificación de trámites y programas de capacitación laboral que integren a los jóvenes.
Sistema integral de cuidados: corresponsabilidad social y género
Otro reto es la brecha de género en el mercado laboral. De acuerdo con ONU Mujeres, solo el 44% de las mujeres mexicanas en edad de trabajar están ocupadas, frente a un 77% de los hombres. Una de las principales causas es la falta de apoyos en tareas de cuidado.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) calcula que, si se implementara un sistema integral de cuidados, el PIB nacional podría crecer hasta un 15% en la próxima década. Esto incluye guarderías accesibles, escuelas de horario ampliado y servicios de cuidado para adultos mayores y personas dependientes.
En palabras de Patricia Debeljuh, especialista en liderazgo femenino y familia: “El sistema de cuidados no es un gasto, es una inversión estratégica. Permite liberar el talento de las mujeres, que hoy está subutilizado, y construir sociedades más equitativas”.
El testimonio de Mariana Ortega, madre soltera en Puebla, lo ejemplifica: “Trabajo como recepcionista, pero tuve que rechazar un mejor empleo porque no tenía dónde dejar a mi hijo en las tardes. Si hubiera una escuela de jornada ampliada, podría crecer profesionalmente”.
El Papa Francisco, en su exhortación Amoris Laetitia, lo resume así: “El cuidado de los más vulnerables no puede ser un tema secundario; es el corazón de una sociedad justa”.
Inversión en la infraestructura del bienestar: más allá del asistencialismo
México ha invertido grandes sumas en programas sociales, pero los resultados son limitados. Según Coneval, aunque han disminuido algunas carencias, la pobreza extrema se mantiene prácticamente estancada desde 2018.
El verdadero desafío es la inversión en infraestructura de bienestar: hospitales, clínicas, escuelas, transporte público y acceso a agua potable. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México tiene apenas 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, muy por debajo del promedio de la OCDE (3.6). En educación, la UNESCO ha advertido sobre la falta de planteles suficientes en zonas rurales e indígenas.
Un ejemplo inspirador es el municipio de Cherán, Michoacán, donde los propios ciudadanos organizaron un sistema comunitario de salud y educación. Teresa Hernández, profesora de primaria en esa comunidad, explica:
“Decidimos que no bastaba con apoyos en efectivo, necesitábamos escuelas y centros de salud. Con organización, logramos levantar un modelo que atiende lo que realmente necesitamos”.
La inversión en infraestructura social tiene un doble efecto: genera empleo inmediato en la construcción y crea condiciones para que más personas accedan a oportunidades de desarrollo a largo plazo.
Hacia un futuro justo y solidario
México se encuentra ante una encrucijada. El modelo basado únicamente en crecimiento económico ya no basta. Es necesario colocar en el centro a la persona, el trabajo digno y el bien común.
La Doctrina Social de la Iglesia ofrece un marco sólido para avanzar: la dignidad del trabajo, la corresponsabilidad social y el principio de subsidiariedad. Un crecimiento justo y solidario no es una utopía, sino una tarea que exige decisiones políticas valientes, compromiso empresarial y participación ciudadana.
El economista Bernardo Kliksberg lo resume con claridad: “El futuro de América Latina no depende solo de la macroeconomía, sino de cómo tratamos a nuestros pobres, cómo integramos a nuestras mujeres y jóvenes, y cómo invertimos en las generaciones futuras”.
Si México logra avanzar en estos tres ejes —empleo formal, cuidados integrales e infraestructura social— podrá construir un país más equitativo, humano y con esperanza.
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