La reforma a la Ley de Amparo pone en peligro a los ciudadanos y grupos sociales ante los abusos del poder, advirtió José Ramón Cossío Díaz, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Alertó que la aprobación de la iniciativa hará que “la posición de la sociedad y las personas (ante el poder) quede enormemente restringida”. Además, sería un acto más para debilitar la democracia constitucional en México, ya afectada por la aprobación de la reforma judicial que nombra a los jueces mediante el voto popular o la disolución de los organismos autónomos, y a las puertas de una transformación del sistema electoral.
“Lo que estamos viendo es una concentración brutal del poder con el debilitamiento de los ciudadanos en favor de quienes son hoy el grupo gobernante”, subrayó.
Durante su ponencia en el Seminario Internacional Cátedra Sartori, organizada por el ITESO y la Fundación Konrad Adenauer, el abogado indicó que el juicio de amparo, que es un mecanismo legal para proteger los derechos humanos y las garantías individuales de las personas frente a los actos de la autoridad que violen la Constitución y los tratados internacionales, sufrirá algunos cambios de aprobarse la iniciativa enviada al Senado el pasado 15 de septiembre.
El ministro de la SCJN en retiro, apuntó como preocupación principal la redefinición del interés legítimo. De aprobarse la reforma, sólo las personas que acrediten daños reales, actuales y directos podrán interponer el amparo. Actualmente, gracias a los cambios constitucionales de 2011, se permite que grupos y colectivos sociales interpongan esta figura, argumentando daños a derechos colectivos.
Reveló que un ejemplo de lo anterior son los amparos interpuestos por asociaciones civiles contra la construcción del Tren Maya, aduciendo afectaciones al derecho humano de vivir en un medio ambiente sano. Con la nueva reforma, este tipo de defensas no se aprobarían, ya que estos grupos no son afectados directamente por la obra.
Otro problema de la iniciativa presidencial es que los jueces pueden negar las suspensiones provisionales si consideran que afectan el interés social o el orden público. Esto significa que los quejosos tendrán mucho más difícil evitar daños o perjuicios que puedan ser irreparables, por ejemplo, que un proyecto gubernamental se siga ejecutando, aunque vulnere los derechos de grupos sociales directamente afectados.
Explicó que la reforma al amparo también prevé impedir el amparo en casos de bloqueo o congelamiento de cuentas que ordene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), si esta dependencia sospecha operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tampoco habría sanciones directas a funcionarios si estos violan un amparo, y se impediría la suspensión de la prisión preventiva oficiosa, en caso de avalarse la propuesta a inicios de octubre.
Algunos elementos de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, como el plazo de 60 días para emitir una sentencia o que el amparo se tramite vía electrónica o digital, sin embargo, los perjuicios serán mayores y los ciudadanos estarán más desprotegidos ante el poder, señaló.
El exministro de la SCJN consideró que al actual Poder Judicial le hace falta más capacidad técnica para hacer su trabajo y esta carencia puede derivar en problemas de gobernabilidad o que se recurra a otros mecanismos (incluso ilegales) para obtener justicia.
“No estoy diciendo que todo era virtuoso antes ni mucho menos, pero todas esas trayectorias largas de personas que hacían un trabajo competente y capaz se fueron yendo por las sustituciones políticas”, dijo.
Cossío agregó que los nuevos jueces y magistrados adolecen de legitimidad, debido al mal diseño de la reforma judicial y los escasos votos emitidos en la elección del 1 de junio.
Piden garantizar la seguridad jurídica
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que algunas de las modificaciones debilitan gravemente el juicio de amparo, un pilar histórico del Estado de Derechos en México y de la defensa ciudadana.
La Coparmex refrendó su compromiso con el diálogo democrático, por lo que solicitó formalmente participar en las mesas de trabajo en el Senado con la finalidad de analizar las reformas a la Ley de Amparo, arguyendo que este organismo patronal indicó que representa a miles de empresas en todo el país, por lo que consideraron indispensable que se escuche y atienda su voz para fijar un posicionamiento que refleje las inquietudes y propuestas del sector productivo.
“Nuestra participación busca asegurar que cualquier cambio legal, en lugar de significar un retroceso, fortalezca el verdadero Estado de Derechos y preserve las garantías que protegen a los ciudadanos y a quienes generan empleo en México”, resaltó.
Asimismo, expuso que entre los cambios que se proponen es que sólo quien pueda demostrar una afectación directa pueda promover un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo. Esto reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas.
Recordó que el juicio de amparo, creado en el siglo XIX y consolidado en la Constitución de 1917, ha sido clave para frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos de autoridad. México fue pionero en este modelo mucho antes que países como Austria o Alemania, y su fortaleza ha dado certeza jurídica para la inversión y la generación de empleos. Limitarlo significaría un retroceso histórico.
Externó que las reformas también restringen la suspensión de actos de autoridad, el único recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Esto dejaría a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse de inmediato y sin control, generando criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica.
De la misma manera, subrayó que el interés legítimo ha permitido que la justicia responda a realidades sociales y económicas, limitarlo significa un retroceso frente a la evolución constitucional. Si se restringe el interés legítimo, se corre el riesgo de que normas constitucionales sigan aplicándose porque nadie podría impugnarlas en representación del colectivo. Debilitar el interés legítimo genera un escenario de mayor inseguridad jurídica, significa cerrar la puerta a derechos colectivos y se convierte en un recurso aislado y menos eficaz. Cada persona tendrá que litigar solo, con más costos y menos certeza para todos.
En el ámbito tributario, señaló, la modificación al Código Fiscal de la Federación endurece plazos, amplía facultades de suspensión de certificados y permite la ejecución inmediata de créditos fiscales, limitando el control judicial sobre la actuación del fisco. Para las empresas, esto representa un mayor riesgo de cobros prematuros que afectarían operaciones y empleos, dañando la economía nacional.
Además, observó que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa incorpora ajustes que podrían presionar políticamente a los magistrados bajo la apariencia de evaluaciones de desempeño y digitalización. La imposición de métricas de ética, productividad y estadísticas sin las debidas salvaguardas, puede mermar la independencia judicial. Asimismo, la digitalización obligatoria puede excluir a personas y pequeñas empresas sin los recursos o capacitación tecnológica para litigar en igualdad de condiciones.
Refirió que las reformas elevan los requisitos para declarar inconstitucional una ley y otorgan a la Consejería Jurídica del Ejecutivo la facultad de priorizar asuntos en la Suprema Corte. Esto abre la puerta a la intervención del Poder Ejecutivo en la agenda judicial y erosiona la independencia de los tribunales, debilitando la seguridad que necesita el país para atraer inversión y generar empleo.
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