El robo y la venta ilegal de combustible —conocido como huachicol— ha sido una sombra persistente en México. Ha afectado finanzas públicas, seguridad, medio ambiente, credibilidad y tejido social. A finales de 2025, un nuevo capítulo ha sacudido la percepción general: se acusa a altos mandos de la Marina de participar en una red de contrabando de combustibles, conocida como huachicol fiscal, que opera mediante fraudes aduanales, falsificaciones de documentos y convenios ilícitos con empresarios. Este caso no sólo pone en evidencia el tamaño del problema, sino la complejidad institucional que lo permite. ¿Cómo llegó a este punto? ¿Qué tan profundas son las pérdidas? ¿Qué medidas han sido tomadas y cuáles son los retos que siguen? Este artículo explora esas preguntas con testimonios, cifras oficiales y análisis experto, bajo la luz de los valores éticos y de servicio público que exigen los ciudadanos, y conforme a los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: verdad, justicia, solidaridad, bien común.
Qué es el huachicol y por qué se ha vuelto fiscal
El huachicol tradicional se refiere al robo físico de combustibles de ductos de Pemex, extracción clandestina, distribución irregular y venta informal. El huachicol fiscal, en cambio, es más sofisticado y menos evidente al público: se basa en la importación y comercialización de combustibles que se agrupan bajo fracciones arancelarias que no pagan impuestos como el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), o que se declaran como productos distintos a los combustibles (como lubricantes o aditivos) para evadir obligaciones fiscales.
Este esquema ha crecido en los últimos años, y especialistas coinciden en que ahora representa una buena parte de las pérdidas del Estado en materia energética. Por ejemplo, en 2024, se estimaron pérdidas por huachicol fiscal superiores a 177 mil 170 millones de pesos, equivalentes a unos 485 millones de pesos diarios, según PetroIntelligence.
Impacto reciente: cifras y consecuencias
Algunas de las cifras más relevantes más recientes son:
- Pérdidas para Pemex: en el primer semestre de 2025, la empresa estatal reportó pérdidas por robo de combustibles por 13 mil 122 millones de pesos, una cifra 37% mayor que la del mismo periodo del año anterior.
- Huachicol fiscal como daño al erario nacional: el análisis de 2024 señala que los ingresos que no entraron al Fisco por concepto de IVA más IEPS suman alrededor de 177 mil millones de pesos.
- Volúmenes implicados: cerca del 30% de los litros de gasolinas y diésel vendidos legalmente en 2024 podrían haber sido comercializados de forma ilícita, según estimaciones oficiales.
Estas pérdidas no sólo afectan las finanzas públicas: implican menos recursos para salud, educación, seguridad, desarrollo de infraestructura, e incluso para la propia seguridad energética del país.
Implicación institucional de la Marina
Uno de los escándalos que ha generado alarma es el caso Farías Laguna, que involucra a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes serían oficiales de alto rango de la Secretaría de Marina. Se les acusa de operar una red de huachicol fiscal que, desde al menos 2023, maneja envíos ilegales de combustible disfrazados como otros productos para evadir impuestos.
Según reportes, esa red realizó al menos 69 envíos y obtuvo beneficios por más de 150 millones de dólares, con un volumen de más de 564 millones de litros de combustible.
Operativos y detenciones
- Se han detenido al menos 14 personas en relación con este caso, incluyendo marinos en activo, exfuncionarios aduanales y empresarios.
- Uno de los buques implicados fue incautado en Tamaulipas tras declararse como transporte de productos no combustibles, situación que derivó en investigación.
- En los operativos recientes también se aseguró un cargamento histórico: millones de litros fueron localizados en puertos clave como Altamira y Tampico.
Evidencia presentada
Las autoridades han mostrado documentos aduanales falsos, trámites fraudulentos en fracciones arancelarias, declaraciones apócrifas de mercancías (“aceites lubricantes”, “aditivos”, etc.), rutas marítimas sospechosas que parten de puertos extranjeros (Houston entre ellos) hacia puertos mexicanos.
También se menciona —y esto es importante— la declaración del Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, quien reconoció públicamente implicaciones dentro de la institución: “hubiera sido imperdonable callar”, refiriéndose a la corrupción detectada.
Reacciones de la Marina
La Marina, mediante su comandante general y otros altos mandos, ha admitido que hay señalamientos graves que deben investigarse. El almirante Raymundo Pedro Morales declaró que la institución se sumaba al imperativo de transparencia: “fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo”. Además ha señalado que no todos los miembros de la institución están implicados, que hay investigaciones internas y que colaborarán con las autoridades correspondientes.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha ordenado investigaciones por huachicol fiscal, especialmente en aduanas y áreas marítimas, y ha afirmado que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue acumulando datos y detenciones.
Ha enfatizado que la carpeta de investigación por el caso del buque incautado se centra en contrabando de combustible y falsificación de documentos aduanales, descartando hasta ahora que haya una línea formal de investigación por tráfico de armas, salvo que se presenten evidencias que la justifiquen.
El operativo involucra a varias agencias: Pemex, Aduanas, SAT, la FGR, la Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras. En algunos casos, los decomisos han sido el resultado de esfuerzos coordinados, reconocimiento de pruebas cruzadas, vigilancia aduanera y cooperación con autoridades internacionales (por ejemplo, pistas que surgen de Estados Unidos).
Varios analistas coinciden: este caso es un punto de inflexión en la narrativa de incorruptibilidad militar, utilizada durante años como razón para confiar funciones estratégicas civiles a las fuerzas armadas (como aduanas). Esa narrativa ahora enfrenta una crisis de credibilidad. Por ejemplo, medios como El País señalan que el que “altos mandos de la Marina” estén implicados pone en entredicho no sólo acciones individuales, sino estructuras de rendición de cuentas institucional.
Asimismo, expertos en política pública y seguridad advierten que la militarización de actividades que requieren especialización técnica y administrativa (aduanas, inspección fiscal) puede generar espacios opacos si no va acompañada de controles civiles, transparencia y sanciones efectivas.
Para entender el impacto en quienes no están bajo análisis institucional, está el caso de María Elena, una propietaria de estación de servicio en Veracruz (nombre ficticio, pero basado en entrevistas periodísticas acumuladas). Ella comenta: “Yo vendo gasolina legal, pago permisos, inspectores, todo. Pero llegan pipas de combustible más barato, que nadie chequea, ni la calidad ni los documentos. La gente compra lo barato. Yo me quedo con los costos legales, los impuestos, las madrinas del transporte; no puedo competir. Y ahora que sale lo de la Marina, uno se pregunta: ¿quién vigila a los que deben vigilar?”
Este tipo de testimonios reflejan la desigualdad de condiciones para quienes actúan dentro del marco legal, y la frustración de ciudadanos que sienten que las reglas no se aplican por igual.
Confianza pública
Las encuestas recientes muestran una caída en la confianza ciudadana hacia las instituciones armadas cuando se trata de corrupción. Aunque los militares siguen siendo de las instituciones con más respeto en general, las revelaciones de implicaciones directas en redes ilícitas bajan esos niveles de confianza, especialmente entre jóvenes urbanos (Millennials y Centennials), que demandan transparencia, justicia y responsabilidad. Aunque no todos los datos encuestados han desglosado específicamente este caso Marina-huachicol, medios de opinión registran un clima de indignación y cinismo creciente. (Este clima coincide con la exigencia de rendición de cuentas y participación ciudadana que crece aceleradamente en redes sociales).
Para entender por qué este problema está en auge, es necesario mirar hacia atrás:
- Desde los sexenios anteriores, el huachicol —físico y fiscal— ha sido detectado con intervenciones intermitentes, fluctuaciones de atención mediática y cambios de estrategia gubernamental.
- La apertura del sector energético, la delegación de funciones aduaneras a fuerzas militares, debilidades en auditorías fiscales, corrupción en niveles locales y estatales, baja percepción de riesgo de sanciones y complicidades han creado un terreno fértil.
- Las pérdidas económicas no solo se contabilizan en impuestos no cobrados, sino en deterioro de infraestructura, impacto ambiental por derrames o tomas clandestinas, mayor inseguridad, así como debilitamiento del Estado de Derecho.
¿Y entonces?
- Verdad y justicia son indispensables
La verdad es un valor fundamental para toda comunidad política. Que se investigue plenamente, sin encubrimientos, y que los implicados rindan cuentas, es esencial no sólo para castigar responsabilidades, sino para restaurar la confianza de la sociedad. - La rendición de cuentas debe incluir sanciones reales
No basta con aceptar que hubo corrupción. Deben aplicarse sanciones claras, con transparencia, asegurando que los culpables —más allá del rango— paguen ante la ley. El cumplimiento igualitario de las normas es clave para la justicia distributiva. - Transparencia institucional y controles civiles
Es necesario reforzar mecanismos de supervisión externa de las fuerzas armadas cuando realizan funciones civiles (como en aduanas), asegurar auditorías independientes, acceso a la información, participación ciudadana, y medios para denunciar sin represalias. - Estrategias integrales para erradicar el huachicol
Las medidas deben contemplar tanto la dimensión física (tomas clandestinas, ductos, vigilancia) como la dimensión fiscal (aduanas, fraudes, clasificación de combustibles, esquema tributario). Modernización tecnológica, reasignación de recursos para inteligencia financiera, fortalecimiento del SAT, Aduanas, colaboración internacional. - Restauración del bien común y solidaridad
Desde la perspectiva social, los ciudadanos sufren doblemente: por el robo del erario, la menor capacidad de servicios públicos, la distorsión en precios, y por la desconfianza hacia quienes deberían protegerlos. El combate al huachicol no debe verse sólo como lucha contra el delito, sino como acto de amor al país, de servicio al prójimo, promoviendo la dignidad, la transparencia y la solidaridad.
El caso Marina-huachicol no es un accidente aislado ni un simple acto de corrupción más. Es un espejo que obliga a México a preguntarse quién cuida al que debe cuidar, quién vigila a los vigilantes. Para miles de jóvenes que esperan un país donde los uniformados verdaderamente representen el bien común, donde la ley sea igual para todos, este momento puede ser clave: de transformación real, de reconstrucción institucional. De corresponsabilidad. De actuar no solo con indignación, sino con exigencia. El país lo merece.
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