En 2018, con la llegada de una nueva administración federal, México experimentó un giro radical en su política social. Programas como PROSPERA, que habían marcado la vida de millones de familias a lo largo de más de dos décadas, fueron eliminados y sustituidos por un modelo de transferencias directas y universales. El cambio no fue menor: significó pasar de un esquema de corresponsabilidad —donde los apoyos estaban condicionados a la asistencia escolar, las consultas médicas y el desempeño académico— a un sistema en el que el simple hecho de pertenecer a un grupo poblacional específico es suficiente para recibir ayuda.
Hoy, millones de adultos mayores reciben la Pensión para el Bienestar, mientras estudiantes en todos los niveles educativos acceden a las Becas Benito Juárez sin mayores requisitos. A primera vista, la lógica es clara: el apoyo económico es un derecho ciudadano, no un premio sujeto a trámites burocráticos. Sin embargo, este nuevo paradigma abre un debate profundo sobre la naturaleza misma del bienestar, la justicia social y la democracia en México.
Un modelo previo de corresponsabilidad
Para comprender la magnitud del cambio, vale la pena recordar qué fue PROSPERA. Creado en 1997 bajo el nombre de Progresa, evolucionó en Oportunidades (2002) y más tarde en PROSPERA (2014). Este programa otorgaba recursos a las familias más pobres con la condición de que los hijos asistieran a la escuela y que todos los integrantes acudieran periódicamente a revisiones médicas.
De acuerdo con el Banco Mundial, este modelo logró “incrementar las tasas de escolarización en secundaria y mejorar indicadores de nutrición infantil en zonas marginadas” (2017). Si bien se le criticaba por su complejidad administrativa y por reproducir una lógica paternalista, fue valorado en el ámbito internacional como un ejemplo de política pública basada en evidencia.
“PROSPERA no sólo daba dinero: daba un incentivo para romper el ciclo de pobreza intergeneracional”, explica Alejandro Villagómez, académico del CIDE especializado en economía social.
El giro hacia la universalidad
En contraste, el actual modelo elimina la corresponsabilidad y asume que el apoyo debe otorgarse de manera universal. El argumento central es la dignidad de la persona humana: el acceso a una pensión o beca no debe depender de demostrar buen comportamiento o cumplir trámites, sino del hecho de ser ciudadano.
En palabras del propio presidente en 2019: “Los apoyos son un derecho del pueblo, no una dádiva del gobierno”.
Las cifras dan cuenta de la magnitud del cambio:
- La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores beneficia hoy a más de 12 millones de personas, con un monto bimestral de 6,000 pesos.
- Las Becas Benito Juárez alcanzan a 12.5 millones de estudiantes en educación básica, media superior y superior.
El riesgo del clientelismo
No obstante, el modelo enfrenta críticas. Diversos especialistas advierten que, sin corresponsabilidad ni mecanismos claros de rendición de cuentas, las transferencias podrían convertirse en una herramienta política.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que “la universalidad mal aplicada corre el riesgo de transformar un derecho ciudadano en un mecanismo de control electoral”. Investigaciones académicas, como las de Alberto Díaz-Cayeros, han mostrado cómo en México y América Latina los programas sociales han sido utilizados históricamente para fomentar la lealtad política en contextos de pobreza.
Un testimonio ciudadano refleja esta tensión: “La pensión me ayuda mucho para mis medicinas, pero cuando vienen las elecciones siempre nos recuerdan quién nos la dio”, cuenta doña Elvira Hernández, de 72 años, vecina de Iztapalapa.
La dignidad en juego
El debate no es sólo técnico, sino profundamente ético. La ayuda a los más pobres debe estar orientada a la promoción integral de la persona y no a su manipulación. El principio de subsidiariedad exige que el Estado empodere a las familias y comunidades para que superen la pobreza por sí mismas, en lugar de crear dependencia.
El Papa Francisco lo expresó en Fratelli Tutti: “No basta con socorrer a los necesitados; es necesario construir estructuras sociales justas que les permitan una vida digna”.
Entre la justicia social y la dependencia
El reto de México es lograr que las transferencias universales se conviertan en un peldaño hacia la autonomía, no en un ancla que perpetúe la dependencia. Algunos expertos proponen combinar la universalidad con políticas complementarias:
- Inversión en salud y educación pública de calidad, para que los apoyos no sustituyan servicios básicos.
- Fortalecimiento de capacidades productivas, mediante capacitación laboral y acceso al crédito.
- Mecanismos transparentes de evaluación, que garanticen que los programas cumplen su objetivo social y no se desvían hacia fines partidistas.
Para muchos jóvenes, las becas representan una oportunidad real de continuar sus estudios. Jesús Ramírez, estudiante de preparatoria en Veracruz, lo resume: “Si no fuera por la beca, ya estaría trabajando de tiempo completo. Con esto puedo seguir en la escuela, aunque también sé que el dinero no alcanza para todo”. Este testimonio evidencia el dilema: la beca es útil y necesaria, pero no suficiente para garantizar igualdad de oportunidades si no se acompaña de un sistema educativo robusto.
Derechos sí, pero con instituciones fuertes
El cambio hacia las transferencias universales es quizá el giro más profundo de la política social en México en décadas. Representa un avance en la concepción de los apoyos como derechos inherentes a la dignidad humana, pero también plantea riesgos serios de clientelismo y dependencia si no se acompaña de instituciones sólidas y de políticas complementarias que promuevan la autonomía de las personas.
Un sistema de bienestar verdaderamente justo debe equilibrar la universalidad del derecho con la responsabilidad ciudadana y con el fortalecimiento de los servicios públicos. Sólo así se garantizará que los apoyos no sean vistos como favores de un gobierno o de un líder político, sino como lo que son: una expresión concreta de la justicia social y del compromiso con la dignidad de todos los mexicanos.
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