No importa la gravedad de la enfermedad ni la urgencia con la que un paciente requiera ser atendido, con suerte le darán acceso al hospital público al que acudió, sin que ello garantice recibir el tratamiento y/o medicamentos que requiere, incluso si de ello depende su vida. Esta escena se replica en todos los nosocomios públicos del país a consecuencia de la falta de recursos debido a lo que carecen de insumos como medicamentos, camas, camillas, materiales quirúrgicos, de curación e incluso de aseo, eso sin contar las condiciones deplorables de la infraestructura de los edificios que también exponen la seguridad de todos los que ahí se encuentran.
En contraste a esta realidad las autoridades de los tres niveles presumen a través de innumerable publicidad que están invirtiendo y modernizando como nunca antes sus antecesores lo habían hecho, como si efectivamente en unos años el sistema de salud en México estuviera al nivel del de Dinamarca.
Pero la realidad no es así, pues de acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que México cuenta con una cama hospitalaria por cada mil habitantes, cuando el promedio de los países miembros de este organismo internacional es de 4.3 camas. La comparación regional tampoco favorece a México, pues Argentina tiene alrededor de cinco camas y Brasil 2.2. El Banco Mundial confirma que en la última década México no ha logrado aumentar esa proporción, lo que provoca la saturación crónica de las salas de urgencias.
A ello se suma la antigüedad del equipo médico que de acuerdo con Global Health Intelligence, cerca del 30 por ciento de los equipos en hospitales públicos mexicanos tienen más de 20 años de uso, lo que limita la capacidad de diagnóstico y tratamiento en áreas sensibles como imagenología o cuidados intensivos.
A pesar de que en el sector salud hay profesionales de la salud responsables y preocupados por su pacientes, muchas veces se ven muy limitados por carecer de los insumos necesarios por lo que se ven obligados a ingeniárselas e improvisar para atender a quienes llegan a solicitar ayuda.
Y no sólo eso, debido a la falta del material médico, es común que en urgencias la gente llega a esperar más de 24 horas para que un médico los revise. Además, muchas cirugías deben reprogramarse por falta de insumos que en muchas ocasiones los propios familiares pagan de su bolsillo con tal de que su enfermo pueda seguir con su tratamiento u operación.
Las organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos advierten que el problema no es nuevo, pero sí cada vez más grave. La CNDH ha emitido recomendaciones señalando que las deficiencias en infraestructura y la falta de abasto vulneran el derecho a la salud. Organizaciones como Fundar y México Evalúa señalan que mientras se destinan recursos a la construcción de grandes hospitales, muchas unidades en operación siguen trabajando con equipamiento obsoleto y sin mantenimiento suficiente.
La respuesta del gobierno federal es que marcha una transformación hospitalaria y de salud en el país. Recientemente se anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construirá siete hospitales del IMSS que beneficiarán a 2.9 millones de personas. Además, para este año están programadas la inauguración de nueve hospitales del IMSS, 19 del IMSS-Bienestar y cinco del ISSSTE, junto con clínicas y unidades de medicina familiar.
El IMSS reportó que desde octubre de 2024 ya se inauguraron dos hospitales y 3 Unidades de Medicina Familiar, y que antes de terminar 2025 se optimizarán 77 quirófanos en todo el país.
En el terreno del abasto, la Compra Consolidada 2025–2026 adjudicó el 95.7 por ciento de casi cinco mil millones de piezas de medicamentos e insumos, con entregas programadas desde marzo. A esto se sumó una subasta inversa para 837 medicamentos tras la cancelación del proceso anterior por irregularidades y sobrecostos.
A pesar de estos anuncios, los hospitales del país siguen saturados y sin lo suficiente para ofrecer el servicio que millones de personas necesitan.
Error que expuso la verdad
El contraste entre discurso y realidad se hizo evidente en agosto de 2025. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, tenía programada una visita para presumir obras en un hospital, pero un error de logística la llevó a otro centro del IMSS-Bienestar. Ahí no hubo listones ni reconocimientos: fue recibida con quejas de pacientes y trabajadores sobre el desabasto de medicinas y la precariedad de los equipos. La escena se viralizó porque resumió la tensión entre la narrativa oficial y lo que ocurre en los pasillos hospitalarios.
Tras la polémica, Nahle anunció que Veracruz garantizará directamente el abasto de medicamentos, sin esperar a la federación, y ordenó la rehabilitación de 60 cocinas hospitalarias para mejorar la alimentación de los pacientes.
El panorama muestra un sistema hospitalario en transición. Las inversiones anunciadas son considerables: más hospitales, quirófanos modernizados y compras consolidadas de medicamentos. Pero mientras esas obras se concretan, los testimonios de médicos y pacientes revelan que la vida diaria en los hospitales sigue marcada por la escasez.
Expertos advierten que el reto no está sólo en construir más hospitales, sino en sostenerlos: contratar personal especializado, mantener el equipo, garantizar cadenas de suministro confiables y vigilar el gasto público. Sin esos componentes, los nuevos proyectos corren el riesgo de repetir los errores del pasado.
Mientras tanto, los hospitales públicos resisten con lo que tienen. Y el derecho a la salud, consagrado en la Constitución, sigue siendo para millones de mexicanos una promesa a medio cumplir.
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