El regreso del Talibán a la estructura gubernamental en Afganistán marcó el retorno de un modelo político basado en la violencia y en el control religioso absoluto. Afganistán, que durante dos décadas intentó construir instituciones democráticas con apoyo internacional, se encuentra ahora inmerso en una espiral de represión, pobreza y aislamiento.
La caída de los derechos de las mujeres, la crisis humanitaria y la persecución de voces críticas han convertido al país en un caso paradigmático de cómo el terrorismo puede transformarse en forma de gobierno.
El terrorismo como forma de gobierno
Tras la retirada de las tropas de Estados Unidos y la OTAN en agosto de 2021, Afganistán volvió a quedar bajo el control del Talibán, un grupo fundamentalista islámico de mayoría pastún. El regreso al poder puso fin a dos décadas de construcción democrática, y abrió un nuevo periodo marcado por la represión social y sistemática, la crisis económica, y el aislamiento internacional.
El liderazgo del grupo está en manos de Haibatullah Akhundzada, quien dirige un gabinete interino compuesto por 33 hombres, en su mayoría sancionados por Naciones Unidas o señalados como terroristas por Estados Unidos. Afganistán fue declarado nuevamente “emirato islámico” y la estructura política quedó en manos exclusivas de los talibanes, con escasa representatividad étnica y sin presencia femenina.
El régimen se ha sustentado en una estricta aplicación de la sharia. A finales de 2022, el gobierno ordenó reanudar castigos como flagelaciones públicas y ejecuciones, lo que trajo consigo un retroceso generalizado en los derechos civiles.
Educación y trabajo femenino: un futuro prohibido
Uno de los retrocesos más drásticos ha sido contra los derechos de las mujeres. Afganistán ocupa el último lugar en el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad 2023-24 del Instituto Georgetown, lo que refleja al mundo un país en el que las mujeres quedaron prácticamente excluidas de la vida pública.
Las niñas tienen prohibido asistir a la secundaria, y las universidades expulsaron tanto alumnas como a profesoras. En el ámbito laboral, las restricciones incluyen desde el servicio público hasta la participación en organizaciones no gubernamentales. Según datos de Amnistía Internacional, casi el 80 % de las periodistas mujeres dejaron su profesión tras el regreso del Talibán.
Las medidas también alcanzan la vida cotidiana. En provincias como Kandahar, inspectores ordenaron a comerciantes negar la entrada a mujeres sin un tutor masculino (mahram). Incluso hospitales fueron instruidos para no atender a pacientes femeninas si acudían solas.
Entre enero y febrero de 2025, más de 180 personas — entre las que se encuentran mujeres y niñas — fueron azotadas en público por delitos como adulterio y homosexualidad. Al mismo tiempo, se prohibió la participación femenina en deportes y la asistencia a gimnasios, profundizando el aislamiento y la vulnerabilidad social que se encuentra en el país islámico
Una economía devastada, y millones en riesgo
La situación humanitaria se ha deteriorado de forma crítica. Desde 2021, la economía afgana se contrajo casi un 30 % y se perdieron más de 500,000 empleos, de acuerdo con Naciones Unidas. El desempleo prácticamente se duplicó, mientras que en 2024 el 75 % de la población vivía en condiciones de inseguridad de subsistencia.
El Programa Mundial de Alimentos y UNICEF advirtieron que 23,7 millones de personas — más de la mitad del país — necesitan ayuda humanitaria urgente. De ellas, 12 millones sufren inseguridad alimentaria y 2,9 millones de niños padecen desnutrición aguda, de los cuales 850,000 corren riesgo de morir.
El colapso económico ha reducido el presupuesto público de 6,000 millones de dólares en 2021 a 2,440 millones en 2023. El sistema de pensiones fue eliminado y las fuentes de ingreso del Talibán, como el narcotráfico y la extorsión, han mermado tras la prohibición del cultivo de adormidera en 2022, que redujo la producción de opio en un 95 % en apenas un año.
El desplazamiento forzado también agrava la crisis, pues en 2024 existían 6,4 millones de refugiados afganos en todo el mundo, la mayoría en Irán y Pakistán, convirtiéndose en la tercera población desplazada más grande del planeta.
Derechos civiles bajo asedio
La represión no se limita a la educación o al trabajo, afecta también la libertad de expresión, la vida comunitaria y el derecho a la protesta. Reporteros sin Fronteras (RSF) situó a Afganistán entre los tres países más represivos para la prensa en 2024.
Entre agosto de 2021 y septiembre de 2024, la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) documentó 336 casos de detenciones arbitrarias, tortura y amenazas contra periodistas. En ese mismo periodo, cadenas locales como Noor y Barya fueron suspendidas por emitir críticas al régimen, mientras que se prohibió a los medios transmitir imágenes de “seres vivos”.
Las minorías religiosas también enfrentan persecución. Los talibanes han restringido conmemoraciones chiíes como la Ashura y declarado “no islámicas” festividades como el Nawroz. Los tribunales, carentes de garantías de debido proceso, han emitido condenas de muerte masivas y retomado ejecuciones públicas, mientras persiste la amenaza del regreso de la lapidación como castigo.
Casos de abuso sexual y violencia contra mujeres detenidas fueron denunciados en 2024 por el relator especial de la ONU. Decenas de mujeres y niñas fueron arrestadas por no usar hiyab, y muchas reportaron torturas y violaciones durante su detención.
¿Aislamiento o reconocimiento?
La comunidad internacional enfrenta un dilema respecto al Talibán. Organismos como la ONU y la Unión Europea han denunciado un “apartheid de género” en Afganistán, mientras que el PNUD advirtió que la exclusión femenina podría costar 5,8 % del PIB entre 2024 y 2026, equivalente a 920 millones de dólares.
Estados Unidos y la Unión Europea suspendieron la mayor parte de la ayuda tras el regreso del Talibán, aunque los donantes internacionales destinaron más de 2,600 millones de dólares en 2022 para atender la emergencia humanitaria. Entre 2021 y 2024, Washington aportó casi 3,000 millones de dólares, sin embargo, durante este año el presidente Donald Trump suspendió toda financiación, decisión que representó el 45 % de la ayuda humanitaria del país.
La presión diplomática aumentó en mayo de 2025, cuando el secretario de Estado Marco Rubio planteó declarar al Talibán como “organización terrorista extranjera”. Poco antes, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Haibatullah Akhundzada y Abdul Hakim Haqqan, presidente del Tribunal Supremo, por crímenes de género.
A pesar de ello, algunos países vecinos mantienen un apoyo limitado. Pakistán, históricamente vinculado al Talibán, enfrenta un aumento de ataques en su territorio por parte del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), grupo inspirado en el ascenso talibán.
Afganistán y el espejo de la comunidad internacional
Más de tres años después de la retirada de Estados Unidos y la OTAN, Afganistán vive bajo un régimen que combina autoritarismo religioso, colapso económico y persecución sistemática de derechos humanos. La comunidad internacional oscila entre la condena y la asistencia humanitaria, incapaz de definir si conviene aislar al Talibán o buscar algún tipo de interlocución que evite un desastre mayor.
La sociedad afgana, con millones de desplazados, mujeres expulsadas del espacio público y periodistas perseguidos, carga con las consecuencias directas de un régimen que gobierna a través del miedo. La historia reciente del país demuestra que el abandono internacional abre espacio para que resurja el extremismo con mayor fuerza.
La pregunta que queda en el aire es ¿el mundo está dispuesto a aprender de su propia experiencia?. Afganistán no es solo un problema regional, sino un recordatorio de que la fragilidad de los derechos humanos en cualquier parte del planeta puede convertirse en una amenaza global.
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