Desde principios de año, Chihuahua ha pasado a convertirse en el epicentro del resurgimiento del sarampión en América Latina. El estado acumula más del 90 por ciento de los casos confirmados en México, además de acumular los mayores casos en toda la región, de acuerdo con un mapeo elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este repunte se inscribe en una tendencia global preocupante, en la que al menos el 30 por ciento del incremento de brotes de sarampión se atribuye al movimiento antivacunas.
El brote se originó en una comunidad menonita con baja cobertura vacunal justo al otro lado de la frontera en Texas, desde entonces, la enfermedad se propagó con fuerza en la sierra de Chihuahua, donde las brigadas de salud enfrentan grandes obstáculos. En varias de estas zonas remotas no se ha vacunado a tiempo a la población indígena, especialmente a los rarámuri, lo que ha agravado la situación.
Hasta ahora, Chihuahua ha registrado cerca de tres mil 900 casos de sarampión y 14 muertes confirmadas. Nueve de esos fallecimientos ocurrieron entre personas rarámuri, tres entre menonitas y uno fue una persona de origen mixteco. La primera muerte se dio en un hombre de 31 años sin vacunar y con comorbilidades, este caso marcó el inicio de una crisis que se ha extendido a por lo menos 18 estados.
La falta de confianza en las vacunas, alimentada por discursos antivacunas y negacionistas durante la pandemia, ha jugado un papel central en el resurgimiento de esta enfermedad que se creía eliminada de la región en 2016. En un sólo año, México ha pasado de tener una cobertura vacunal relativamente alta a ser responsable del 25 por ciento de los niños sin ninguna vacuna en América Latina, con más de 340 mil menores en esa condición. Este retroceso ha dejado expuestas poblaciones enteras a peligros prevenibles.
Las autoridades sanitarias han respondido activando campañas masivas. Se han aplicado millones de dosis entre enero y junio, incluyendo cerca de 1.9 millones específicamente contra el sarampión. En Chihuahua, la estrategia se ha centrado en vacunar a personas de hasta 49 años, medida destinada a cubrir a jornaleros migrantes y adultos que estaban fuera del esquema tradicional. A pesar de estos esfuerzos, los contagios siguen multiplicándose y el objetivo es contener la epidemia antes de que se cumpla el primer año de su inicio.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha calificado la situación como inaceptable. Su director regional enfatiza que, para evitar perder la condición de región libre de sarampión certificada hasta 2024, es fundamental alcanzar una cobertura vacunal del 95 por ciento, mantener una vigilancia epidemiológica reforzada y garantizar acceso equitativo a las vacunas, especialmente en comunidades vulnerables.
La complejidad de contener el brote radica en varios factores como son el origen importado, la movilidad laboral de jornaleros entre estados como Chihuahua y Sonora, la dispersión geográfica, la desinformación y la insuficiente infraestructura sanitaria en zonas marginales.
Uno de los casos más simbólicos fue la muerte de un menor rarámuri de 2 años, cuyos síntomas eran altamente compatibles con sarampión y cuya familia confirmó que no estaba vacunado. Estas tragedias subrayan la brecha entre la disponibilidad de vacunas y su aplicación efectiva en poblaciones aisladas.
Aunque se ha aplicado una fuerte campaña de vacunación que incluyen bloqueos epidémicos y jornadas intensivas, los expertos advierten que si no se alcanza un alto nivel de inmunidad permanecerán riesgos de nuevos focos. Contener el brote a finales de año todavía es posible, pero la ventana se estrecha: continúan registrándose casos y la vacunación de adultos mantiene cifras bajas.
Este resurgimiento del sarampión la cual puede provocar neumonía, encefalitis y ser letal especialmente en niños malnutridos o grupos con escaso acceso a salud, representa una nueva alerta para América, una región que había logrado logros sanitarios significativos. El brote de Chihuahua es un llamado urgente para recuperar la confianza en las vacunas, fortalecer sistemas de salud inclusivos y unir esfuerzos comunitarios e institucionales para proteger a las poblaciones más expuestas.
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