Hace algunas semanas escribí la primera parte de este artículo, motivado por la celebración y el anuncio de los resultados de la mal llamada elección judicial.
En estas fechas, el proceso ya ha sido calificado y los resultados ratificados por la autoridad judicial, aunque el proceso siempre con más errores que aciertos, y así habrá de referirse en la historia.
El Poder Judicial en México tiene sus orígenes en el año 1814, cuando Don José María Morelos y Pavón estableció el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, reconocido como el precursor del actual Poder Judicial, aunque su verdadera consolidación tiene sus inicios con la promulgación de la Constitución de 1824, que por primera vez en la historia estableció la Corte Suprema de Justicia como uno de los tres poderes de la federación.
A lo largo de la historia de la República Mexicana, el poder judicial ha sufrido significativos debilitamientos y desde luego fortalecimientos, una de esas fortalezas se la dio la Constitución de 1857, cuando se incorporó el juicio de amparo. La actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917 consolidó su estructura y funciones, y a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI ha continuado su evolución, marcada por reformas para fortalecer su autonomía, credibilidad y legitimidad, reflejando las tensiones sociales y políticas de cada época.
Pero, la más reciente reforma al Poder Judicial, impulsada por el entonces presidente López Obrador ha dado un golpe enorme a la autonomía de los Poderes, la elección de Ministros, Magistrados y Jueces mediante el voto popular no garantizo que lleguen a ser las personas idóneas para el cargo, sino los impulsados desde las esferas del poder y desde luego a quienes les deben “el favor de su elección”.
Por principio de cuentas, la reforma constitucional fue lograda con una mayoría calificada alcanzada con trampa en el reparto desproporcionado de las curules en la Cámara de Diputados y con la compra grosera del voto de Senadores que se debían más a la voluntad de los ciudadanos que los llevaron al poder y a los partidos políticos que los incluyeron en sus listas, pero prefirieron inclinarse a las tentaciones del poder ejecutivo y sus aliados.
Además, una reforma que pretende la sumisión de todos los poderes al poder facto y único del presidencialismo, nunca podrá ser buena, hemos de partir de la certeza de que quien ostenta por 6 años el poder ejecutivo no puede ser dueño de vidas y bienes, como si se viviera en tiempos del poder feudal. Y ya estaremos viendo como las resoluciones judiciales nos recordarán continuamente aquella anécdota del rancio presidencialismo, cuando alguna vez, Porfirio Díaz preguntó: “¿Qué hora es?”; y la respuesta fue: la hora que usted diga, señor presidente.
Una muestra de la poca o nula capacidad de quienes han sido electos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habrán de asumir el cargo el primero de septiembre, nos la dio su próximo presidente, el abogado Hugo Aguilar Ortiz, que ante el cuestionamiento sobre el rezago en las resoluciones que pudiera haber en la Corte se atrevió a decir que se planea repartir el trabajo entre Tribunales y Juzgados, demostrando su total ignorancia en las atribuciones de la Corte que habrá de presidir.
La Corte es la garante de la constitucionalidad de las leyes, no los juzgados ni los tribunales, además, una gran parte de los asuntos que resuelve la Corte ya pasaron por los juzgados y tribunales, y los ciudadanos solicitaron a los Ministros revisar el trabajo de éstos, entonces, ¿cómo y para que pretenden regresar los asuntos a los juzgadores recurridos? En verdad que con estas ideas y estos ignorantes en el poder la justicia en México se encuentra en peligro.
Hay que reconocer que nuestro país necesitaba una reforma judicial, pero ¿la elección popular de los juzgadores es la solución a los problemas? Definitivamente no.
Entonces, ¿Cuál es la verdadera reforma al poder judicial que México necesita?
Reitero lo dicho con anterioridad, una que nos garantice un Poder Judicial eficiente, honrado, que se apegue al mandamiento constitucional y haga valer las leyes que de ella emanan, todos queremos y necesitamos juzgadores que actúen siempre de acuerdo con ética jurídica, alejados de intereses personales y de grupo y con una verdadera gran vocación de hacer justicia antes de pensar en “las mieles del poder”.
También queremos y necesitamos una justicia pronta y expedita, con un sistema de elección de jueces, magistrados y ministros que garantice que sean los mejores, los más preparados, los más honestos, sin otro interés que hacer valer el estado de derecho.
Es mi opinión, ahí está el reto para los mexicanos y particularmente para cada uno de nosotros, nadie puede quedarse solo viendo lo que ocurre con la destrucción de las instituciones que bien o mal, daban fortaleza a nuestro México.
Es hora de una acción nacional para recuperar nuestro México democrático y justo, pues mientras más dejemos avanzar su destrucción, más difícil será la reconstrucción.
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