La imagen de los vagones fuera de los rieles se ha convertido en símbolo del extravío de propósito que ha marcado al Tren Maya. Los descarrilamientos —cuatro desde su inicio de operaciones hasta el momento, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)— desataron preocupación nacional, burlas y memes en redes sociales, por tratarse de uno de los proyectos más presumidos de los miembros de la supuesta transformación.
Pero la presidenta Claudia Sheinbaum, fiel a su narrativa evasora de responsabilidades -tal cual hizo cuando a ella y a la 4t se les cayó la línea 12 del Metro en la Ciudad de México por estar, a la luz del peritaje internacional, mal construida y por falta de mantenimiento, entre otras cosas-, prefirió reducir el asunto a “un incidente” e ignorar las voces que exigen transparencia y rendición de cuentas, encontrando en la Secretaría de la Defensa Nacional, una aliada, pues asegura que lo sucedido no fue un descarrilamiento, sino “un percance de vía”. ¡Así su grado de irresponsabilidad!
Sobreprecios y ocupación: las cifras detrás del espejismo
El presupuesto original del Tren Maya era de $120 mil millones de pesos. Sin embargo, cifras oficiales del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y estimaciones de la organización Transparencia Mexicana cifran el gasto real, hasta julio de 2025, en más de $420 mil millones, más del triple de lo planeado.
El sobrecosto se atribuye, en parte, a contrataciones directas y adjudicaciones a empresas sin experiencia ferroviaria, como Grupo INDI y Mota-Engil, ambas favoritas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno de la CDMX, así como a la asignación de contratos a personajes ligados con los hijos del tabasqueño, Andrés y Gonzalo López Beltrán, señalados por su participación a través de sus amigos, en la venta de balastro para el tendido de vías por más de $1,500 millones, lo que significó un sobreprecio del 70 por ciento, según reportes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La trama del Tren Maya ha estado salpicada por transacciones opacas. La participación de familiares de López Obrador en la cadena de suministros y en la compra de terrenos colindantes, también ha sido documentada por investigaciones de Animal Político, el Universal y otros medios de alcance nacional.
Pero el sobrecosto no es el único problema. La ocupación del tren ha resultado insuficiente: datos de Fonatur revelan que, en el primer semestre de 2025, la ocupación promedio fue apenas del 28%. Durante la temporada alta de verano, los vagones llegaron a operar con menos de la mitad de su capacidad, muy lejos de las expectativas iniciales del gobierno.
La alternativa turística que prometía el Tren Maya nunca se consolidó. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) calcula una pérdida de más de $14 mil millones de pesos para hoteles y operadores locales, debido a la falta de integración del tren en los circuitos turísticos. El flujo de turistas entre Cancún, Tulum y Palenque disminuyó en más de 22% respecto a 2023, según la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.
A ello se suma el surgimiento de nuevos complejos turísticos y hoteles dentro de áreas protegidas, propiedad de figuras cercanas al poder, como Daniel Chávez Morán de Vidanta, asesor presidencial y desarrollador de proyectos hoteleros en zonas de reserva, y los hermanos González Alcocer, quienes han sido favorecidos con concesiones para la construcción de centros ecoturísticos en la selva de Calakmul.
En resumen, empresas como Grupo INDI, Mota-Engil y Vidanta han capitalizado la política de adjudicación directa, obteniendo contratos por más de $62 mil millones en conjunto.
Por si fuera poco, cifras de la organización civil SelvaMe del Sur y datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) documentan la destrucción de más de 2,500 hectáreas de selva en los tramos 5 y 6 del tren. El impacto ambiental incluye la fragmentación de corredores biológicos, la afectación de cenotes y la pérdida de hábitat de especies en peligro como el jaguar y el tapir. La construcción de hoteles y caminos privados dentro de reservas como Sian Ka’an y Calakmul ha sido denunciada por Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quienes señalan la complicidad de autoridades y empresarios como Eduardo López Escalante, responsable de obras hoteleras en terrenos expropiados.
El Tren Maya, lejos de ser símbolo de justicia social, se ha convertido en un catálogo de descarrilamientos, sobrecostos, baja ocupación, devastación ambiental y negocios privados que enriquecen a pocos. Las cifras oficiales y de asociaciones civiles revelan un megaproyecto que ha sacrificado selvas, marginado comunidades y generado pérdidas económicas significativas, mientras los nombres de los involucrados se repiten en los círculos del poder y la industria turística.
Más allá de estas circunstancias, el sureste mexicano y el país entero observan cómo el tren que pretendía ser muestra del desarrollo se ha convertido en un viaje descarrilado, igual que al que nos conduce el segundo piso de la transformación, un viaje del que muchos buscan bajarse antes de llegar al catastrófico destino al que los cuatroteístas nos quieren condenar.
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