En un movimiento de alto impacto, México extraditó el 12 de agosto de 2025 a 26 presuntos líderes del narcotráfico a Estados Unidos, en respuesta a exigencias explícitas del expresidente Donald Trump, quien amenazó con imponer graves aranceles si no se actuaba con contundencia. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado estadounidense elevó su alerta de viaje para México al nivel 2 — ‘Ejercer mayor precaución’ —, con advertencias específicas sobre violencia, secuestros y crimen organizado en gran parte del país, salvo en los estados de Yucatán y Campeche, catalogados con la indicación de “precauciones normales”
Este reportaje explora la correlación entre estas dos acciones y lo que revelan sobre la dinámica —a menudo desigual— entre ambas naciones, además de analizar cómo impactan estos acontecimientos en la percepción pública, en especial entre generaciones jóvenes, con un enfoque fundado en valores, derechos humanos y la Doctrina Social de la Iglesia.
Contexto histórico y geopolítico
Desde el gobierno de Trump, la relación México–EE.UU. ha estado marcada por presiones constantes centradas en políticas migratorias y de seguridad. Trump vinculó durante años el combate al narcotráfico con la imposición de aranceles como herramienta de presión política. La extradición de 26 narcotraficantes el 12 de agosto, entre ellos Abigael González Valencia —líder del cártel “Los Cuinis”— supone el segundo gran envío de capos en 2025 (el primero ocurrió en febrero, con 29 extradiciones)
Es claro que estas acciones favorables a EE.UU. no son gratuitas: para México, representan una presión diplomática significativa, empujado a alinearse con expectativas foráneas a través de acciones concretas que evidencian una asimetría en la relación bilateral.
La alerta de viaje: ¿sólo Yucatán y Campeche quedan fuera del foco?
El 12 de agosto de 2025, el Departamento de Estado estadounidense emitió una actualización de la alerta de viaje para México, situándolo en el nivel 2 (“Ejercer mayor precaución”) por riesgos de terrorismo, secuestro, homicidios y crimen organizado. Algunos estados, como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, alcanzaron el nivel 4 (“No viajar”), mientras que Yucatán y Campeche se mantuvieron con la recomendación más baja: “precauciones normales”
Esta excepción geográfica refuerza una narrativa de diferenciación: se reconoce que ciertas regiones mexicanas ofrecen entornos seguros, mientras que otras persisten como zonas de alto riesgo. Yucatán, de hecho, es considerado el estado más seguro del país, y Mérida fue declarada “Ciudad de la Paz” en 2011
Para ilustrar el impacto directo en la población, conversamos con Ana López, una joven empresaria turística de Campeche, quien se negó a viajar a Ciudad de México durante estos días: “Para nosotros es importantísimo que los turistas sepan que aquí en Campeche estamos tranquilos. Estas alertas dejan claro que sólo nuestra región tiene condiciones favorables. Nos da esperanza… pero duele saber que no es lo mismo en todo el país.” Su testimonio refleja cómo los anuncios gubernamentales trascienden lo diplomático y alcanzan lo cotidiano, afectando percepciones, decisiones de viaje e incluso el ánimo colectivo.
Análisis de la correlación: desigualdad en la relación
- Poder de presión unilateral: Las extradiciones obedecen a una lógica de incentivos y sanciones. EE.UU. utiliza aranceles propuestos como ajenas a colaboración bilateral, fuerzan respuestas concretas del Estado mexicano para mostrarse proactivo.
- Discursos contradictorios: Se exige que México controle los cárteles, mientras se advierte a ciudadanos de EE.UU. no viajar al país, salvo a partes privilegiadas. Esto exhibe una relación centrada en intereses estratégicos, no en solidaridad o justicia compartida.
- Seguridad desigual en el territorio: La alerta de viaje pone en evidencia una disparidad interna: zonas (como Yucatán/Campeche) seguras y otras, como Guerrero o Tamaulipas, golpeadas por violencia. La juventud mexicana necesita reflexión sobre desigualdad territorial y cómo construir seguridad integral desde abajo, con justicia comunitaria.
En una sociedad que promueve dignidad humana, justicia, subsidiariedad y solidaridad, hay varias reflexiones:
- Dignidad y seguridad: Los ciudadanos tienen derecho —y responsabilidad— de exigir políticas destinadas a garantizarles seguridad más allá de “islas protegidas”; merecen justicia y paz comunitaria en todo el país.
- Solidaridad interregional: No basta con proteger solo algunos estados. El desarrollo nacional exige políticas que integren al sureste y al centro, no marginalicen al noroeste o al occidente empobrecido.
- Legalidad y soberanía: Si bien las extradiciones son legales y han seguido procedimientos (el DOJ se comprometió a no buscar pena de muerte en estos casos) México debe fortalecer sus capacidades judiciales para resolver con autonomía —y justicia— sin depender únicamente de coerciones externas.
La extradición de 26 capos a EE.UU. es una acción de cooperación que, sin embargo, surge en un marco de presión desigual, donde Trump condicionó tarifas y México respondió con resultados concretos.
La alerta de viaje del Departamento de Estado, que excluye solo a Yucatán y Campeche del riesgo alto, marca una narrativa de inseguridad generalizada que relega a muchas regiones al estigma, mientras construye una idea de “México fragmentado”.
Desde una perspectiva ética y social, es crucial promover una visión de nación donde todos los mexicanos, sin importar su región, puedan vivir con dignidad, paz y justicia. Eso requiere políticas públicas redistributivas, enfoque integral de seguridad y una diplomacia que no solo responda a presiones externas, sino que promueva la autonomía, equidad y esperanza.
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