El 4 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, nombrando a Pablo Gómez Álvarez como presidente ejecutivo del organismo. El objetivo, dicen, es realizar un diagnóstico profundo del sistema electoral y formular propuestas que respondan “a los tiempos actuales”, incluyendo mecanismos de participación ciudadana.
Sin embargo, a pesar de la solemnidad del anuncio, esta iniciativa ya marca dificultades desde su origen. No basta con crear una comisión si no se logra consenso político, legitimidad ciudadana y claridad técnica. Este artículo detalla por qué, en este contexto, la reforma electoral parece destinada a estancarse.
Pablo Gómez: ¿líder técnico o figura política?
Pablo Gómez, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue designado para presidir la comisión y dejará su cargo para enfocarse exclusivamente en esta tarea.
Gómez ha defendido que la reforma no será producto de “arreglos entre élites”, sino de foros participativos con ciudadanos, académicos y legisladores. Sin embargo, su historial como operador político dentro del proyecto de López Obrador y Morena ha generado dudas sobre su imparcialidad, según críticos y opositores.
Resistencia política: aliados y oposición en pie de guerra
La Comisión deberá negociar con PVEM y PT, aliados indispensables del gobierno, quienes han expresado su negativa a los principales ejes planteados: desaparición de plurinominales y recorte de financiamiento para partidos.
Por otra parte, la oposición (PAN, PRI, MC) también rechaza los cambios por considerarlos autoritarios o inoportunos. En un Congreso fragmentado, lograr la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución parece una misión imposible sin ceder terreno.
Déficit de legitimidad social
La creación de la Comisión no fue acompañada de foros ciudadanos previos ni consultas vinculantes. Aunque se anunció una encuesta para recabar opiniones sobre financiamiento partidista y listas plurinominales, aún no inspira confianza real en sectores de la sociedad civil.
Organizaciones como Unid@s y exconsejeros del INE han insistido en que una reforma electoral carece de legitimidad sin participación auténtica y deliberación pública.
Uno de los frenos invisibles más difíciles de romper es el económico: empresas proveedoras, consultores y medios que lucran con licitaciones y contratos electorales. Cualquier reforma que cambie esta estructura enfrenta resistencia económica potente.
El sistema electoral mexicano está compuesto por múltiples niveles: 32 OPLEs, tribunales locales, leyes estatales y federales. Cambios parciales pueden generar efectos colaterales importantes. El llamado “plazo electoral” que prohíbe reformas antes de 90 días del proceso limita la ventana para avanzar antes de 2027
Inercia administrativa e implementación práctica
Aunque se avance legislativamente, implementar una reforma requiere tiempos, presupuesto y coordinación estatal. Hay riesgo real de que, sin voluntad política sostenida, el proceso fracase en su ejecución —como ha ocurrido con otras iniciativas previas del gobierno federal.
El fallido intento de reforma electoral de López Obrador fue invalidado por la Suprema Corte en 2023. La “Reforma Zedillo” de los 90 y la de 2014 que creó el INE tienen lecciones sobre los límites del cambio sin consenso estructural. Sin pluralidad y técnico legislativo, todo se paraliza o se revierte.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez y creada por orden de Claudia Sheinbaum, enfrenta múltiples obstáculos que pueden hacerla inviable desde antes de consolidar una propuesta:
- No hay consenso con aliados clave ni oposición.
- La sociedad civil exige participación real, no encuestas superficiales.
- La complejidad técnica del sistema y la carga institucional dificultan cambios abruptos.
- Los intereses económicos vinculados al sistema electoral ofrecen resistencia estratégica.
Sin consenso político, social y técnico, y sin voluntad amplia para transformar el sistema con transparencia y justicia, la reforma electoral será otra intención frustrada. La política solo tiene sentido cuando está al servicio del bien común, no del poder ni de intereses particulares.
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