En México, los índices de pobreza y vulnerabilidad social han mostrado una disminución en los últimos años, sin embargo, el panorama nacional continúa marcado por profundas desigualdades y un acceso desigual a oportunidades.
Las cifras más recientes del INEGI, y de organismos internacionales revelan que, aunque menos personas viven en pobreza extrema o moderada, crece el número de quienes enfrentan carencias sociales que limitan su desarrollo. Entre avances y retrocesos, el país se enfrenta al reto de transformar mejoras estadísticas dentro del bienestar real.
Más allá del ingreso
La medición de la pobreza en México ha evolucionado de un enfoque unidimensional — basado únicamente en el ingreso como indicador del bienestar económico — a uno multidimensional. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de la mano del Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, utiliza al menos nueve indicadores para su cálculo, los cuales son: ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a servicios de salud y seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación; grado de cohesión social; y accesibilidad a carretera pavimentada.
La información proviene del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con una periodicidad mínima de dos años a nivel estatal, y de cinco años a nivel municipal. México reconoce específicamente dos tipos de pobreza: moderada, cuando no se pueden cubrir todas las necesidades básicas, y extrema, cuando ni siquiera se logra satisfacer las necesidades alimentarias mínimas. A estas se suman perspectivas como la relativa, absoluta, estructural y coyuntural.
La pobreza multidimensional considera privaciones en distintas áreas, más allá del dinero, incluyendo carencias en salud, educación, vivienda y otros factores que afectan la calidad de vida. Finalmente, la vulnerabilidad social refleja las desigualdades que impiden acceder y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado, el Estado y la sociedad.
38.5 millones de personas en pobreza
Según datos de la ONU, el 10% de la población mundial — aproximadamente 700 millones de personas — vive en situación de pobreza extrema, cifra que ha caído un 36% desde 1990 pero cuyo avance se ha frenado en los últimos años, especialmente tras la pandemia.
En México, el INEGI reportó el pasado 13 de agosto de 2025 que 38.49 millones de personas viven en pobreza. Los estados con más personas en esta condición son: Estado de México (5.53 millones), Chiapas (3.86 millones), Veracruz (3.6 millones), Puebla (2.86 millones), Oaxaca (2.2 millones), Guerrero (2 millones), Ciudad de México (1.84 millones), Michoacán (1.69 millones), Guanajuato (1.64 millones) y Jalisco (1.62 millones).
En comparación con 2022, la pobreza total bajó de 46.8 a 38.5 millones de personas. La pobreza moderada pasó de 37.7 a 31.5 millones, y la extrema de 9.1 a 7 millones. Sin embargo, la población vulnerable por carencias sociales creció de 37.9 a 41.9 millones.
Actualmente, el 29.6% de la población vive en pobreza multidimensional, 5.3% en extrema y 24.2% en moderada. En zonas rurales, cubrir la canasta básica cuesta 1,856.91 pesos, frente a 2,453.34 pesos en zonas urbanas. Si se incluye la canasta no alimentaria, el costo sube a 3,396.71 pesos en áreas rurales, y 4,718.55 pesos en urbanas, una diferencia del 39%.
Avances lentos y retos grandes
El Banco Mundial señala que México tiene tasas de pobreza más altas que países comparables debido al bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Si el PIB per cápita creciera 2% anual de 2024 a 2030, la pobreza bajaría de 21.8% a 15.4%; con un crecimiento del 3%, caería a 13.4%.
Aun así, advierte que el crecimiento debe ser inclusivo para reducir desigualdades. Con una reducción anual de 1% en el índice de Gini y un crecimiento del 2%, la pobreza bajaría a un 9.8% en 2030. En América Latina, países como Argentina (22.5%), Colombia (27.3%) y Honduras (50.7%) presentan cifras sumamente preocupantes.
El Banco Mundial identifica como causas persistentes el bajo crecimiento económico y políticas sociales de corto plazo. El aumento del salario mínimo, y programas sociales, tienen un alcance limitado si no van acompañados de mejoras estructurales.
Según la CEPAL, las transferencias públicas han sido clave para reducir la pobreza, sobre todo durante la pandemia y en el periodo posterior. En México, estas transferencias representaron 0.9% del PIB, y 0.38% se destinó directamente a personas en pobreza extrema o general.
Políticas sostenibles y atención focalizada
La CEPAL recomienda fortalecer los sistemas de información social para detectar a quienes quedan fuera de los programas de apoyo y mejorar los mecanismos de acceso. Aunque la baja reciente de la inflación ha dado un respiro a los hogares pobres, la vulnerabilidad económica los mantiene expuestos a aumentos en precios de alimentos y servicios básicos.
La vulnerabilidad social se expande y amenaza con revertir los logros. Sin cambios estructurales en crecimiento económico, educación, salud y acceso a servicios, la mejora continuará siendo frágil. El desafío no es solo disminuir el número de personas pobres, sino garantizar que puedan salir de esa condición de manera sostenible, evitando que regresen a ella ante crisis económicas, inflacionarias o climáticas. México no solo necesita crecer, necesita crecer con inclusión.
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