El 29 de julio de 2025, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York emitió un documento que ha generado controversia a nivel internacional: no pedirá la pena de muerte contra Ismael “El Mayo” Zambada García, líder histórico del Cártel de Sinaloa. El fiscal Breon Peace declaró que, tras una “revisión exhaustiva”, el Departamento de Justicia optó por no buscar la sentencia capital, a pesar de los cargos que enfrenta Zambada por tráfico de toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos, así como lavado de dinero, homicidios y conspiración criminal.
Zambada, de 77 años, ha sido uno de los criminales más buscados por décadas, y la decisión estadounidense de no aplicar la pena máxima ha abierto un debate complejo: ¿es esto una maniobra legal estratégica, una concesión a cambio de cooperación o una señal de que la justicia es negociable?
Ismael Zambada ha sido una figura clave en el narcotráfico desde los años 80. A diferencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán —su socio en el Cártel de Sinaloa—, “El Mayo” nunca había pisado una cárcel. Su capacidad para operar desde la sombra, mantener alianzas e incluso contener guerras internas lo convirtieron en una especie de “patriarca” del crimen organizado. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., Zambada ha liderado una de las redes criminales más rentables y violentas del mundo.
La fiscalía no pedirá su ejecución: argumentos legales y políticos
La decisión de la fiscalía estadounidense no fue improvisada. En el documento oficial, se argumenta que la petición de pena de muerte no es procedente debido a varios factores, entre ellos:
- Edad avanzada del imputado, que podría complicar el proceso judicial y afectar el fallo de un jurado.
- Posibles acuerdos de cooperación futuros, dado que Zambada podría entregar información clave sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa y su vínculo con otras organizaciones globales.
- Contexto político y jurídico en EE. UU., donde la aplicación de la pena de muerte ha sido limitada por fallos judiciales.
“Es probable que el gobierno estadounidense esté buscando evitar un juicio largo, costoso y controvertido, y en su lugar busque una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de cooperación”, explicó Deborah Bonello, periodista especializada en crimen organizado y coautora del libro Narco Estado.
La reacción mexicana: entre la desconfianza y la resignación
En México, la noticia cayó como una muestra más de que los grandes capos pueden negociar su salida, mientras los ciudadanos viven bajo el terror cotidiano del narco. Para familiares de víctimas del narcotráfico, el mensaje es demoledor.
“Mi hermano murió por una bala perdida en Culiacán, cuando el Cártel de Sinaloa se enfrentó con el Ejército en 2019. Que el jefe de esa organización no enfrente la pena de muerte duele. Parece que solo se castiga a los de abajo”, relata Guadalupe Ochoa, madre de un joven asesinado en Sinaloa.
Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia han sido más cautas. “El castigo no debe ser vengativo, sino transformador. Si la cooperación de Zambada permite desmantelar redes, puede ser útil. Pero la justicia debe ser clara, no negociada en secreto”
Un precedente inquietante
No es la primera vez que un narcotraficante evita la pena de muerte en EE. UU. Eduardo Arellano Félix, Benjamín Arellano y otros miembros del Cártel del Golfo también fueron condenados a largas penas sin solicitar la ejecución. Sin embargo, el caso de “El Mayo” es simbólico por su poder, longevidad e influencia.
Estamos viendo cómo el sistema penal estadounidense funciona como una máquina de negociación. No hay castigo ejemplar porque se busca información. Pero eso genera impunidad simbólica.
La pena de muerte, aunque rechazada por el Papa Francisco en toda circunstancia, no exime la necesidad de justicia: “La dignidad humana no se pierde, pero eso no significa que no deba haber reparación social”, explica el padre Mario Arroyo, filósofo y columnista católico.
La justicia, para ser auténtica, debe ser firme, transparente y respetuosa de la dignidad humana. La decisión de no aplicar la pena de muerte contra Ismael Zambada se enmarca en un contexto de tensiones jurídicas, políticas y sociales donde, más que justicia ejemplar, parece imponerse la lógica del pragmatismo.
Mientras tanto, los jóvenes mexicanos siguen viendo cómo el crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la vida, sin consecuencias claras para quienes están en la cima de estas estructuras. La legalidad se debilita cuando los máximos responsables no enfrentan el mismo rigor que los ejecutores de menor rango.
“La paz es fruto de la justicia y exige la restauración del derecho, la reconciliación y la memoria”. La sociedad mexicana merece una justicia que restaure, que honre a las víctimas y que no negocie con la impunidad.
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