¡Épale! Aguas con el agua

Aunque las recientes lluvias en el norte y centro del país han elevado el nivel de algunas presas (como la de Ciudad de México al presentar niveles del 63.70% frente al 55.45% de julio) la realidad del país muestra tensiones sistemáticas imposibles de ignorar. 

300 municipios se encuentran en sequía; entre 12 y 15 millones de personas no cuentan con acceso efectivo al agua potable; y un porcentaje fuerte del recurso fuertemente se encuentra concentrado en la agricultura. Las cifras indican que la recuperación de embalses no basta para disipar una crisis hídrica con impactos sociales, económicos y ambientales profundos.

La dependencia del Cutzamala y presas envejecidas

La presa Cutzamala — fuente principal del Valle de México — agrupa tres presas con infraestructura de potabilización, conducción y almacenamiento con más de 40 años de operación. Al corte de agosto, la CONAGUA reportó los niveles actuales por presa. 

La presa Villa Victoria reportó 51.68% de su capacidad (capacidad indicada de 185.731 m³); la presa Valle de Bravo al 75.86% (394.390 m³); y la presa El Bosque al 51.02% (202.400 m³). En conjunto, el nivel en las presas de la Ciudad de México se ubicó en 63.70%, un aumento respecto al de julio del mismo año (55.45%).

A escala nacional, en julio de 2025 las 210 principales presas almacenaron 56,903 millones de m³ (45% de llenado), un incremento de 11,167 millones de m³ respecto a junio de 2024 (45,736 millones; 35%). 

Algunas presas han mostrado recuperaciones puntuales. La presa Juan Guerrero Alcocer (Vinoramas) presentó un aumento del 21.7% a comparación del año anterior. La Eustaquio Buelna aumentó el 12% de su capacidad; mientras que la presa Francisco I. Madero (“Las Vírgenes”) registró 33.35% de almacenamiento (111.171 millones m³) y El Granero 64.55% (183.59 millones m³).

Pese a estos avances locales, expertos como Eduardo Vega López – titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad – advierte que la presión hídrica aumenta por la menor disponibilidad de agua real, los patrones de uso y la gran cantidad de personas y actividades económicas que dependen del recurso.

El norte del país y las zonas metropolitanas en riesgo estructural

Al corte de enero de 2025, cerca de 300 municipios presentaron algún grado de sequía según los parámetros de la CONAGUA. Las entidades más afectadas por las altas temperaturas, y sequía son Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nuevo León. 

Al 15 de marzo de 2025, la sequía afectó a 32 distritos de riesgo con una cobertura del 62%, es decir, 26 zonas metropolitanas, entre las cuales se encuentran Tijuana, Mexicali, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Obregón, Culiacán, Durango, Chihuahua y Monterrey. 

La CONAGUA ha establecido la clasificación de la sequía en cinco niveles (D0–D4): desde condiciones inusuales (D0) hasta D4: sequía excepcional, el máximo nivel con graves efectos en la vida diaria y el abasto.

La agricultura acapara casi dos terceras partes del recurso

A nivel nacional, 67.8% del uso total de agua se destina al sector agropecuario (agricultura, agroindustrias y uso pecuario). El uso público – urbano y doméstico representa 14.7%. En 2024, Sinaloa concentró 10.6% del consumo nacional. Otros estados con alta participación lo conforman Sonora (8.0%), Veracruz (6.7%), Michoacán (6.3%), Chihuahua (6.0%), Jalisco (5.6%) y Guerrero (5.0%).

A su vez, más de la mitad del territorio mexicano se considera no sustentable en términos hídricos, mientras que solo 10.5% presenta condiciones de alta sustentabilidad. El consumo per cápita promedio se sitúa en 366 litros diarios por persona, una cifra alta cuando se compara con otros países.

La concentración del uso en agricultura y ciertos estados expone la tensión entre producción alimentaria y provisión doméstica, especialmente en zonas con sobreexplotación de acuíferos.

Millones sin agua, y el tandeo como regla para los más pobres

Entre 12 y 15 millones de mexicanos presentan carencia por acceso efectivo al agua potable, de acuerdo al CONEVAL. En 2022, 93.1% de los hogares tenía infraestructura de tubería, pero 2.59 millones no recibieron agua entubada en la vivienda o terreno. De esos, 1.55 millones (59.9%) están en zonas rurales y 1.04 millones (40.1%) en urbanas. Seis estados concentran más del 60% de hogares urbanos sin agua entubada: Veracruz, Puebla, Guerrero, Estado de México, Chiapas y Oaxaca.

El suministro irregular se ha convertido en algo común, pues 1 de cada 3 hogares con tubería no recibe agua diariamente, o coloquialmente nombrada “tandeo”. En 2022, el 24.6% de hogares recibió agua 2 o 3 veces por semana y 8.8% una vez por semana o de forma esporádica. Las disparidades estatales son marcadas: Yucatán y Chihuahua superaron 96% de disponibilidad diaria en 2022; Baja California, Sinaloa, Quintana Roo y Tamaulipas superaron 90%; en contraste Guerrero, Morelos, Baja California Sur y Puebla tuvieron menos del 32% de hogares con suministro diario.

A nivel nacional, 49.5% de los hogares en el estrato bajo reciben agua por tandeo, frente a 17.0% en el estrato alto. En la Ciudad de México la diferencia es extrema, pues en 2022 el 4.5% de hogares de estrato alto recibió agua por tandeo, frente al 80.0% de hogares en el estrato bajo.

Impactos ambientales visibles

La escasez y la contaminación del agua afectan ecosistemas y cadenas productivas. Investigadores como Karina Caballero, de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierten que la falta de agua repercutirá en la cadena alimentaria y presionará precios de cultivos como el maíz. 

En los últimos años, cuerpos de agua emblemáticos han sido víctimas de este fenómeno. El Río Bravo padece una sobreexplotación histórica en las que en ocasiones llega a secarse. El Río Mixteco en el sur de Puebla ha perdido un flujo estimado en 26,000 litros por segundo, generando una crisis local. 

En Nuevo León varios afluentes (Ramos, Raíces, El Fraile, La Silla, Santa Catarina, Pesquería) enfrentan sequía grave. Además, la contaminación por descargas industriales, agrícolas y urbanas sin tratamiento y la insuficiente infraestructura para el tratamiento de aguas residuales deterioran la calidad de ríos y lagos, elevando riesgos sanitarios (diarrea, cólera) y afectando biodiversidad y pesca local.

Ahorro, reutilización y la discusión de precios

Entre las acciones promovidas por la CONAGUA y la ONU-Hábitat, figuran medidas domésticas de ahorro (duchas más cortas, cerrar la llave al enjabonarse, reparar fugas, enjuagar frutas en recipiente, cargar el lavavajillas completo, riego por la mañana o al atardecer, riego por goteo y captación de agua de lluvia).

En términos de política, organismos como la OCDE recomiendan ajustes en la estructura de precios para equilibrar oferta y demanda, con tarifas escalonadas donde los hogares de mayor consumo financien mejoras en almacenamiento y distribución a otros.

La idea es que los precios reflejen la escasez y los costos reales del servicio, incentivando eficiencia y generando recursos para infraestructura. Sin embargo, la implementación de estas medidas requiere equilibrios sociales y regulatorios para evitar cargas desproporcionadas sobre hogares vulnerables.

Las cifras recientes muestran una realidad dual. Por un lado, presas con recuperaciones puntuales (las presas del Cutzamala y un aumento del volumen total almacenado a 56,903 millones m³ en julio de 2025); por el otro, una presión hídrica estructural — casi 300 municipios en sequía, entre 12 y 15 millones de personas sin acceso efectivo a agua potable, y una distribución de uso que privilegia la agricultura (67.8%) — que mantiene la vulnerabilidad del país. 

La crisis no se resuelve solo con aumentos temporales en niveles de embalses, pues exige medidas integrales que combinen eficiencia en el uso agrícola, tratamiento de aguas residuales, expansión de cobertura y continuidad del suministro, inversión en infraestructura, políticas de precios progresivos y programas focalizados para las regiones y hogares más afectados. 

Sin estas acciones coordinadas, la recuperación parcial de presas quedará limitada a episodios climáticos y no revertirá la tendencia de sobreexplotación, desigualdad en el acceso y deterioro ambiental que muestran los datos.

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