La llegada del Partido Acción Nacional al poder en el año 2000 marcó un cambio político y de enfoque en salud. Bajo el liderazgo del presidente Vicente Fox, México apostó por cerrar una deuda histórica: la exclusión de millones sin seguridad social. La herramienta fue el Seguro Popular, una de las reformas sociales más ambiciosas de la época.
Promovido por el secretario de Salud, Dr. Julio Frenk, el Seguro Popular nació en 2004 como parte del Sistema de Protección Social en Salud. “Por primera vez, el Estado mexicano reconocía explícitamente el derecho a la salud para los no asegurados”, explica Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud y analista del modelo.
La idea era sencilla: brindar un paquete definido de servicios médicos y medicamentos a quienes no estaban afiliados a IMSS o ISSSTE, financiado con recursos federales y estatales. El modelo fue evaluado por organismos internacionales como la OMS y el Banco Mundial, que destacaron su impacto en la reducción del gasto de bolsillo y el acceso a tratamientos costosos, como el cáncer infantil.
Avances medibles: cobertura universal teórica y mejoras sanitarias
Para 2012, más de 52 millones de personas estaban afiliadas al Seguro Popular, lo que sumado a los derechohabientes del IMSS e ISSSTE, colocaba a México cerca de la cobertura universal teórica. Si bien el sistema no era perfecto —el acceso y la calidad eran desiguales por región—, los indicadores sanitarios mejoraron: la mortalidad infantil y materna continuaron su descenso, y más mujeres accedían a atención prenatal sin costo.
Testimonios como el de Sandra Hernández, madre soltera en Guerrero, ilustran el impacto: “Sin el Seguro Popular no hubiera podido tratar la leucemia de mi hijo. Nos cubrieron todo el tratamiento”.
Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el modelo se consolidó. Se añadieron servicios como Médico en tu Casa y programas de cobertura a menores de cinco años. La pandemia de influenza H1N1 en 2009 puso a prueba la capacidad de respuesta: México reaccionó con rapidez, ganó reconocimiento internacional y evitó miles de muertes.
Cambio de timón: INSABI y la promesa del acceso sin cuotas
En 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, se anunció un giro drástico. El presidente calificó al Seguro Popular de “ineficiente y corrupto”, y planteó su eliminación. En su lugar, nació el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en 2020, como un modelo de atención gratuita, sin necesidad de afiliación ni pagos.
Sin embargo, la transición fue caótica. Los estados no sabían si debían adherirse, la compra de medicamentos se desorganizó y, para complicarlo todo, en febrero de 2020 llegó la pandemia de COVID-19.
Los estragos no tardaron. Para 2021, México era uno de los países con mayor número de muertes por COVID-19, tanto en cifras absolutas como por millón de habitantes. Diversos expertos, como el epidemiólogo Alejandro Macías, señalaron que la falta de pruebas, la renuencia al uso de cubrebocas y la débil estructura del sistema de salud contribuyeron al alto impacto.
Entre caos y resistencia: desabasto, protesta y muerte
El nuevo modelo del INSABI mostró rápidamente su fragilidad. El desabasto de medicamentos —ya presente desde 2019 por cambios en las licitaciones— se agravó. El colectivo Cero Desabasto documentó más de 6,000 reportes de falta de insumos entre 2019 y 2022, afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y niños con cáncer.
“No teníamos quimioterapia para nuestros hijos durante semanas”, denunció Rocío Pérez, madre integrante del movimiento Padres de Niños con Cáncer. “Teníamos que hacer colectas para comprarla por fuera”.
El gobierno atribuyó el problema a “cuellos de botella logísticos”, pero la sociedad civil señaló la falta de planeación y experiencia como causas de fondo. La distribución fue eventualmente asignada a las Fuerzas Armadas, sin resolver totalmente el problema.
IMSS-Bienestar: tercer intento por unificar la atención
En 2022, el gobierno federal reconoció públicamente el fracaso del INSABI. El presidente AMLO declaró: “Fue un tropiezo administrativo, ya lo corregimos”. El nuevo plan fue dar paso al modelo IMSS-Bienestar, que tomaría control de los hospitales estatales y atendería a la población no asegurada, ahora bajo una lógica centralizada y con financiamiento federal.
Este cambio representó una nueva federalización de la atención. Hasta 2025, 24 estados han transferido su infraestructura al IMSS-Bienestar. El plan implica rehabilitar hospitales, ampliar plantillas y garantizar medicamentos gratuitos sin cuotas de recuperación.
El IMSS-Bienestar retoma algunos principios del antiguo IMSS-Coplamar (1979): llevar servicios de salud a comunidades marginadas. Pero ahora busca hacerlo con enfoque de Atención Primaria en Salud, participación comunitaria y expedientes clínicos unificados.
Lecciones de la pandemia: más allá de la infraestructura
La emergencia del COVID-19 dejó aprendizajes que aún duelen. México perdió casi tres años de esperanza de vida entre 2019 y 2021, retroceso no visto desde principios del siglo XX. La recuperación ha comenzado, pero el daño es profundo.
Analistas como el Dr. Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM durante la pandemia, destacan tres retos pendientes:
- Fortalecer la atención primaria y la medicina preventiva.
- Desarrollar producción nacional de insumos médicos.
- Atender los determinantes sociales de la salud: pobreza, educación, nutrición.
La salud no puede verse solo como servicio, sino como derecho humano ligado a la dignidad, el bien común y la justicia social. La inversión en salud no es un lujo, es una prioridad ética.
¿Un sistema para todos o para algunos?
Aunque el IMSS-Bienestar busca integrar los servicios públicos en un solo sistema, el reto de fondo persiste: ¿cómo evitar que haya mexicanos de primera y de segunda en el acceso a la salud?
Actualmente, el gasto público en salud en México sigue por debajo de lo recomendado internacionalmente (alrededor de 3% del PIB). El gasto de bolsillo es alto (40% del gasto total en salud), lo que indica que muchas personas deben pagar por servicios, estudios o medicamentos.
La apuesta por el IMSS-Bienestar incluye reformar la Ley General de Salud y blindar el carácter público del sistema, evitando su subrogación a privados. Pero aún queda pendiente garantizar calidad, oportunidad y trato digno en todo el país.
Entre esperanza, evidencia y responsabilidad
En las dos primeras décadas del siglo XXI, México ha ensayado tres modelos para atender a su población no asegurada: el Seguro Popular, el INSABI y ahora IMSS-Bienestar. Cada uno ha reflejado visiones políticas distintas, pero todos han compartido un objetivo común: alcanzar la cobertura universal.
El Seguro Popular logró avances técnicos importantes. El INSABI falló por improvisación y falta de planificación. IMSS-Bienestar es, por ahora, una promesa en construcción. Lo que está en juego no es solo un modelo de atención, sino la dignidad de millones.
Para que el derecho a la salud sea real y no solo una aspiración, se requiere algo más que discursos o decretos: se necesita compromiso, inversión, participación social y una visión ética centrada en el ser humano.
Como lo resumió una enfermera del Estado de México durante la pandemia: “Aquí seguimos, con poco, haciendo mucho. Pero lo justo sería tener lo necesario para dar lo mejor”.
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