La guerra entre Israel y Gaza ha entrado en una fase de máxima violencia que castiga con especial crueldad a la población civil: barrios enteros reducidos a escombros, hospitales paralizados por la falta de suministros y una crisis alimentaria que ya cobra víctimas entre los niños.
La campaña de Israel tiene cuatro objetivos declarados: destruir a Hamás, liberar a los rehenes, garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel y repatriar a los residentes desplazados del norte de Israel.
Durante el fin de semana varios corresponsales fueron asesinados, entre ellos periodistas de Al Jazeera, quienes fueron víctimas en un ataque contra una carpa de prensa afuera del hospital al-Shifa, hecho que volvió a poner en evidencia que informar en Gaza se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo y que la prensa es, a menudo, objetivo directo o colateral del fuego. Estas muertes alimentan una condena internacional creciente y alimentan dudas sobre el respeto a las normas que protegen a los civiles y a los trabajadores de medios en conflictos armados.
El cuadro humanitario es desolador. Informes de organismos humanitarios y medios internacionales advierten de un aumento de niños que mueren por desnutrición aguda y de miles de personas desplazadas que sobreviven sin agua potable ni acceso regular a atención médica.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y agencias sobre el terreno han alertado que Gaza enfrenta un riesgo real de inanición en amplias zonas, mientras que las entregas de ayuda siguen siendo insuficientes y peligrosas. Testimonios y reportes forenses apuntan a que grupos de población que acuden a puntos de distribución han sido atacados, lo que ha empeorado aún más la ya crítica logística humanitaria.
En lo militar, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que una nueva ofensiva para ocupar la Ciudad de Gaza comenzará pronto, un movimiento que según Jerusalén busca “destruir” la capacidad militar de Hamas y garantizar la liberación de rehenes.
Fuentes de defensa israelíes, analistas y corresponsales en la región coinciden en que un empuje de ese calibre implicaría una intensificación dramática de las operaciones terrestres y aéreas en una de las zonas más densamente pobladas del planeta, con el consiguiente aumento de bajas civiles y daño a la infraestructura esencial. A la vez, voces dentro y fuera de Israel cuestionan la conveniencia estratégica y moral de una ocupación o asalto urbano masivo.
Analistas consideran que los intentos de paz o una tregua duradera han fracasado una y otra vez, debido del incumplimiento de liberar a los rehenes, pues los paquetes de negociación han estado atados a liberaciones parciales y garantías de seguridad que nunca llegaron a concretarse, y en varios momentos las partes se han acusado mutuamente de bloquear acuerdos por razones tácticas o políticas. En segundo lugar, las exigencias de Israel sobre control territorial y corredores de seguridad –incluyendo propuestas para ejercer supervisión en puntos estratégicos de Gaza– resultaron inaceptables para Hamas, que reclama una retirada total como condición para cesar el fuego.
A esto se suman profundas desconfianzas entre mediadores, la polarización política interna en Israel que condiciona la toma de decisiones, y la fragmentación del liderazgo palestino que dificulta compromisos claros y verificables. Estas contradicciones convirtieron acuerdos parciales en frágiles parches que se agrietaron ante incidentes graves o incumplimientos percibidos.
Además, la instrumentalización de la guerra por actores regionales y la amplia repercusión que el conflicto tiene sobre la política interna de potencias externas han restado espacio a soluciones técnicas o humanitarias: cada ofrecimiento internacional fue leído por algunos actores como un favor estratégico o un obstáculo político, y la urgencia por demostrar firmeza frente al electorado ha complicado concesiones que en otro contexto podrían haber facilitado un cese prolongado. Organizaciones y analistas señalan que, sin garantías de verificación, mecanismos internacionales robustos y un calendario claro para la devolución de rehenes y el retiro de fuerzas, cualquier tregua corre el riesgo de colapsar.
El costo político y moral de la guerra es ya incalculable: miles de muertos y heridos, ciudades destruidas, y lo más insidioso, generaciones enteras marcadas por la pérdida y el trauma.
La eliminación o detención de voces periodísticas no sólo priva al público de información verificada, sino que siembra la impunidad y dificulta la rendición de cuentas sobre posibles crímenes de guerra. Las peticiones de investigaciones independientes se multiplican, pero la posibilidad de que sus recomendaciones se implementen parece remota mientras la guerra siga escalando y las partes prioricen objetivos militares sobre garantías humanitarias.
¿Qué puede esperarse a corto plazo? Con la amenaza de una ofensiva en la Ciudad de Gaza, el terreno político y humanitario apunta a más enfrentamientos y a un incremento de desplazamientos. Al mismo tiempo, el retraso anunciado en el inicio de la operación puede abrir una ventana, mínima e incierta, para reactivar negociaciones mediadas por terceros.
Los analistas consideran que para que cualquier propuesta de paz tenga sentido, debe abordar simultáneamente seguridad (incluyendo la situación de los rehenes), supervisión internacional efectiva del alto el fuego y un plan humanitario que asegure el acceso sin condiciones políticas a alimentos, agua y medicinas. Sin esos tres pilares, la historia reciente sugiere que los acuerdos volverán a romperse y la factura seguirá pagando la población civil, como lo demuestra la acumulación de víctimas y periodistas muertos que han cubierto esta tragedia.
La comunidad internacional puede presionar con sanciones, mecanismos judiciales y, sobre todo, con corredores humanitarios protegidos y verificados; pero la decisión final depende de actores que hoy parecen dispuestos a continuar una lógica de guerra hasta su versión final.
En medio del ruido diplomático y la violencia, los cuerpos de los civiles y la memoria de los corresponsales caídos son el recordatorio brutal de que, mientras no exista voluntad real para una salida negociada y humana, Gaza seguirá siendo el epicentro de una emergencia que exige más protección para quienes la habitan y para quienes se atreven a contarla.
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