En 1943, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, México vivió una transformación histórica en materia sanitaria. La creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) —por la fusión del Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia— marcó el inicio de un sistema más robusto y organizado. Ese mismo año nació el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), financiado de forma tripartita entre el Estado, los empleadores y los trabajadores.
Según la historiadora Ana Cecilia Rodríguez de Romo, este fue el momento en que México dio el salto hacia una salud pública institucionalizada, aunque todavía profundamente desigual. “Fue el principio de una gran maquinaria de salud… pero pensada desde la lógica del trabajo formal”, advierte.
La tríada compuesta por la SSA, el IMSS y más tarde el ISSSTE, configuró un sistema que crecería vertiginosamente durante el llamado “Milagro Mexicano”, pero también perpetuaría una brecha estructural entre asegurados y no asegurados.
Campañas, vacunas y hospitales: el milagro sanitario de mediados de siglo
Durante las décadas de 1940 a 1970, el crecimiento económico y la urbanización permitieron ampliar la cobertura médica y reducir enfermedades transmisibles. México eliminó la viruela en 1951, mucho antes que la erradicación global oficial en 1980. Las campañas contra el paludismo, la poliomielitis, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas convirtieron al país en un referente regional.
“Mi abuela me contaba cómo en los años 50 iban casa por casa vacunando a los niños”, recuerda Teresa Gutiérrez, una maestra jubilada de Querétaro. “Antes la gente se moría de cosas simples. Eso cambió”.
Para 1970, la esperanza de vida había subido a 61 años —desde los 34 que se registraban en 1930— y la mortalidad infantil bajaba de forma significativa. A través de los Institutos Nacionales de Salud, como Cardiología o Cancerología, México desarrolló también una medicina de especialidad que aún hoy es motivo de orgullo.
ISSSTE, DIF, IMSS-COPLAMAR: nuevos brazos del Estado para nuevos retos
En 1960 se fundó el ISSSTE para dar atención a los trabajadores del Estado. Le siguieron instituciones como el INPI (hoy parte del DIF), enfocadas en la niñez, y el programa IMSS-COPLAMAR en 1979, destinado a llevar servicios a zonas rurales marginadas sin seguridad social.
Este modelo permitió llegar a comunidades apartadas. “Mi primer parto fue en una clínica del IMSS-COPLAMAR en Oaxaca”, cuenta Rosa María López, agricultora zapoteca. “Nunca había visto un médico antes”.
El modelo, aunque ambicioso, evidenció un patrón: las soluciones para los pobres eran siempre programas paralelos, no integrados al sistema formal, con menor presupuesto y alcance.
El giro epidemiológico y los nuevos desafíos
Hacia 1980, México enfrentaba una transición epidemiológica: enfermedades infecciosas daban paso a enfermedades crónicas como diabetes, males cardiovasculares o cáncer. Los sistemas de salud, diseñados para urgencias o prevención básica, no estaban preparados para dar atención continua y especializada.
La Constitución fue reformada en 1983 para incluir el derecho a la protección de la salud (art. 4°), y al año siguiente se promulgó la Ley General de Salud. Pero el contexto económico jugaba en contra: la crisis de 1982 trajo recortes severos y frenó inversiones.
“El sistema empezó a saturarse justo cuando más se necesitaba”, explica el Dr. Mario Pérez, salubrista y exconsultor de la OPS. “Los hospitales estaban rebasados y muchos estados no tenían capacidad de asumir la descentralización propuesta”.
Brechas profundas: la salud como espejo de la desigualdad
A pesar de la narrativa de “salud para todos”, el sistema seguía segmentado. Mientras un trabajador en Monterrey accedía a un hospital de tercer nivel del IMSS, un jornalero en Chiapas acudía a un centro de salud sin medicamentos. En 1980, según datos de la SSA, había más de 3 médicos por cada 1,000 habitantes en la CDMX, pero apenas 1 en estados como Oaxaca o Chiapas.
Esta segmentación generó una percepción de “ciudadanos de primera y de segunda”. Para la socióloga Luz María Cruz, “el sistema de salud en tiempos del PRI institucionalizó la desigualdad, aunque fuera con buenas intenciones. Hizo mucho, pero dejó atrás a los más vulnerables”.
El final del siglo: logros, crisis y el surgimiento de la exigencia ciudadana
Los años 90 mostraron luces y sombras. Se controlaron enfermedades como el VIH/SIDA mediante campañas y acceso a antirretrovirales; surgieron instituciones como CONAMED; y se consolidó una industria nacional de vacunas y genéricos. Pero también se agudizaron las listas de espera, se mantuvo bajo el gasto público en salud (2–3% del PIB) y la población ya exigía rendición de cuentas.
La crisis del “efecto tequila” (1994–95) impactó el sistema nuevamente. “Se sentía que avanzábamos dos pasos y retrocedíamos uno”, lamenta el médico Enrique Lira, jubilado del IMSS. “Faltaba visión de largo plazo”.
En este contexto, la alternancia política de 2000 llegó con una agenda de reforma pendiente: integración del sistema, equidad territorial, sostenibilidad financiera y atención a la salud crónica.
Luces de justicia, sombras de fragmentación
El derecho a la salud es una exigencia de justicia y dignidad humana. Aunque el sistema de salud construido bajo el PRI logró avances notables, no garantizó una atención equitativa para todos. El principio del bien común se vio limitado por la fragmentación, la burocracia y las desigualdades sociales.
La historia de este periodo nos deja una lección clara: el desarrollo institucional no basta sin justicia distributiva. A México le tomó 70 años construir estructuras formales, pero aún no ha logrado que la salud sea un derecho pleno, vivible, igual para todos.
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