1 de 456 resoluciones favorece a ciudadanos

“Yo pedí información sobre los contratos de una obra pública en mi comunidad. Me dijeron que no existía, interpuse un recurso… y lo perdí. Pero la obra ahí está. ¿Quién miente?” — Teresa Moreno, habitante de Zapopan, Jalisco.

Cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue reemplazado por la nueva institución “Transparencia para el Pueblo”, muchos lo vieron como un golpe definitivo al derecho ciudadano a saber. Hoy, los datos lo confirman: de 456 resoluciones emitidas en sus primeros meses de operación, solo una resolvió a favor del ciudadano solicitante, mientras que en el 99.78% de los casos se confirmó la negativa del ente gubernamental involucrado.

La cifra es demoledora y refleja algo más que ineficiencia: pone en entredicho la legitimidad, imparcialidad y utilidad real del órgano que, según el gobierno, venía a “democratizar el acceso a la información”.

Del INAI a “Transparencia para el Pueblo”: ¿evolución o regresión?

Fundado en 2002, el INAI fue una conquista ciudadana. Su independencia permitió que, por años, se conocieran casos emblemáticos como la “Estafa Maestra”, los contratos de Odebrecht, y gastos del erario en sexenios pasados. Sin embargo, tras varios intentos de debilitamiento institucional, en 2024 fue disuelto por el actual gobierno federal, argumentando supuestos “excesos burocráticos” y “falta de cercanía con el pueblo”.

En su lugar, se creó “Transparencia para el Pueblo” (TPP), bajo un modelo distinto: ya no como órgano autónomo constitucional, sino como dependencia del Ejecutivo, con comisionados nombrados directamente por la Presidencia y con facultades reducidas en comparación con su antecesor.

Es un modelo que responde más a una lógica de control político que de rendición de cuentas. El Ejecutivo no solo es juez y parte, sino también guardián del archivo como ha explicado María Marván Laborde, excomisionada del INAI y profesora de la UNAM.

Un récord preocupante: 455 resoluciones contra los ciudadanos

Los primeros informes internos de “Transparencia para el Pueblo” revelaron un dato que alarmó a la comunidad académica y a las organizaciones de la sociedad civil: de las 456 resoluciones emitidas ante recursos de revisión interpuestos por ciudadanos que no recibieron información, solo una terminó en revocación de la decisión del sujeto obligado.

En todos los demás casos —455 en total— la institución avaló la respuesta del ente público, incluso cuando ésta era la negación total de los datos solicitados.

Según Fundar y México Evalúa, esto constituye un índice de confirmación institucional del 99.78%, una cifra sin precedentes. Para comparación, el INAI mantenía históricamente un índice de alrededor del 45% a favor de los ciudadanos, con casos destacados donde la información revelada cambió el rumbo de investigaciones o permitió sanciones administrativas.

“Lo que vemos hoy es una simulación. No es un órgano de transparencia, sino una oficina de validación del silencio oficial”, denuncia Ernesto Villanueva, especialista en derecho a la información.

¿Y el pueblo?

Más allá de los porcentajes, están las historias humanas. Ciudadanos que buscan saber en qué se gasta el dinero público, cómo se toman decisiones que les afectan o si hay irregularidades en su entorno, se enfrentan ahora a un muro.

Uno de ellos es Ángel Contreras, joven abogado de Chiapas, quien solicitó los expedientes de asignación de tierras comunales que afectan a su comunidad. “Me dijeron que era información reservada. Presenté recurso, argumenté el interés público… y me respondieron que la negativa estaba ‘debidamente justificada’”, relata.

Casos como el suyo se repiten por todo el país. Obras sin contrato publicado, compras con sobreprecios, uso electoral de programas sociales, salarios de funcionarios, estadísticas de seguridad: todos temas que, por años, eran exigibles a través del INAI y hoy están cayendo en una opacidad preocupante.

EL bien común exige el derecho a conocer la verdad, la vivencia de la centralidad de la persona humana, la subsidiariedad del poder y la necesidad de transparencia en la gestión pública. Una sociedad justa sólo puede realizarse en un Estado transparente y participativo.

En esta lógica, el ocultamiento sistemático de información pública representa una vulneración no solo al orden jurídico, sino al fundamento ético del bien común. Cuando las personas dejan de tener acceso a la verdad sobre lo que hacen sus gobernantes, se debilita la democracia, florece la corrupción y se erosiona la confianza.

El riesgo de retroceder 20 años

Para Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 México, “esto no es sólo una crisis institucional; es una crisis de derechos”. Y advierte: “Podríamos regresar a una época donde pedir cuentas al poder era imposible, donde los abusos quedaban ocultos, y donde quien preguntaba era criminalizado”.

Recordemos que fue justo la presión ciudadana y de organizaciones sociales la que dio vida al INAI. Hoy, el riesgo es que todo ese andamiaje desaparezca sin resistencia.

¿Qué se puede hacer?

Frente a esta situación, diversas voces llaman a recuperar la autonomía de los órganos garantes. La Red por la Rendición de Cuentas ha propuesto una reforma ciudadana que restituya un organismo con plena independencia, integrado por expertos, con atribuciones para sancionar y con presupuesto propio.

Además, organizaciones como Transparencia Mexicana, Causa en Común y el IMCO han lanzado observatorios ciudadanos para documentar los casos negados por TPP y acompañar legalmente a los solicitantes.

También se ha comenzado a presionar desde lo local: en estados como Jalisco y Nuevo León, los institutos estatales de transparencia están reforzando su trabajo y mostrando que sí es posible brindar información con estándares internacionales.

El derecho a saber no es opcional

En un país marcado por la desigualdad, la corrupción y la violencia, la información pública es una herramienta de justicia. Es la base para decidir con libertad, exigir cuentas y construir futuro.

“Transparencia para el Pueblo” parece haber nacido de espaldas al pueblo. Su récord lo demuestra. Y mientras no se revierta esta tendencia, estaremos cada vez más lejos de una democracia participativa y más cerca de un autoritarismo silencioso.

Como ciudadanos, toca seguir exigiendo: no por capricho, sino por dignidad. Porque como decía el poeta, “nada hay más parecido a la injusticia que la mentira encubierta”. Y un gobierno que oculta, traiciona la confianza de quienes dice servir.

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