La violencia en Sinaloa ha alcanzado un nivel crítico. Con más de mil homicidios dolosos en los primeros siete meses del año, el estado ha roto todos sus registros recientes y ha superado, antes de agosto, el total de asesinatos cometidos durante todo 2024. La guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, la ausencia de una fuerza policial local robusta y la creciente militarización han derivado en una espiral sangrienta que no da señales de detenerse.
El año comenzó con cifras preocupantes, pero no excepcionales. Enero cerró con 138 homicidios dolosos, una cifra similar a los promedios mensuales del último trimestre de 2024. Sin embargo, a partir de febrero la tendencia dejó de ser una oscilación normal para convertirse en una curva ascendente. Febrero sumó 119 homicidios, marzo 135, abril repitió con 119. Entonces vino mayo, y la violencia se desbordó: 165 personas fueron asesinadas, un incremento del 38 por ciento respecto al mes anterior. Pero fue junio el punto de quiebre con 207 homicidios registrados, se convirtió en el mes más violento de los últimos 14 años en la entidad. Julio tampoco ofreció tregua, con 170 muertes violentas contabilizadas por la Fiscalía estatal.
En total, de enero a julio se acumularon mil 53 asesinatos. Una cifra que supera los 993 homicidios registrados durante todo 2024, y que representa un incremento de más del 260 por ciento si se compara únicamente el periodo enero-julio de ambos años. Las cifras muestran más que una crisis: evidencian una descomposición grave del orden público, alimentada por la disputa entre Los Chapitos –la facción del cártel ligada a los hijos de Joaquín Guzmán Loera– y el grupo conocido como La Mayiza, vinculado a la estructura de Ismael “El Mayo” Zambada.
La disputa se desató en septiembre de 2024, tras la detención de figuras clave en ambos bandos y la ruptura de los acuerdos de no agresión. Desde entonces, las ejecuciones, levantones, desapariciones y enfrentamientos armados se multiplicaron. Según cifras recabadas por medios locales, entre septiembre de 2024 y julio de 2025 han sido asesinadas al menos mil 818 personas, un promedio de más de cinco homicidios diarios. A este número se suman casi dos mil desapariciones, muchas de ellas atribuidas directamente al conflicto entre cárteles.
Los datos permiten trazar un mapa claro de la violencia. Culiacán, capital del estado, es el epicentro del conflicto. Con 278 desapariciones registradas de enero a julio, y el mayor número de homicidios por municipio, la ciudad vive una situación de terror cotidiano. La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que el 90.8 por ciento de los habitantes de Culiacán se sienten inseguros, la proporción más alta del país. Calles vacías al anochecer, negocios cerrados por amenazas, y tiroteos a plena luz del día se han convertido en parte del paisaje urbano.
Pero el impacto de la violencia no se limita a la capital. Municipios como Navolato, Mocorito, Escuinapa y Guamúchil también han sido escenario de múltiples enfrentamientos. En mayo, se reportaron bloqueos con vehículos incendiados, persecuciones en zonas urbanas y ataques armados en estas localidades. El 9 de junio se vivió uno de los fines de semana más violentos del año: 24 personas fueron asesinadas en distintos puntos del estado, incluidos policías municipales, y se localizaron varias fosas clandestinas con restos humanos.
Badiraguato, tierra natal del “Chapo” Guzmán y una región históricamente vinculada al narcotráfico, también ha sido fuertemente golpeada. La zona se ha convertido en un bastión en disputa, y tras la caída de figuras clave en la estructura de los Guzmán, la violencia se disparó. Los grafitis con iniciales de cárteles en fachadas de casas abandonadas, los retenes ilegales y los desplazamientos forzados son frecuentes. La presencia militar en el área se ha intensificado, pero no ha logrado frenar la ofensiva de las células armadas.
Además de los homicidios y las desapariciones, la violencia se expresa en el uso cada vez más extendido de armas de fuego. En Sinaloa, el 78 por ciento de los homicidios y el 65 por ciento de los feminicidios se cometen con armas de fuego, muy por encima del promedio nacional. El robo con violencia también muestra niveles alarmantes: más del 50 por ciento de los robos a vehículos y comercios en el estado involucran violencia armada, según reportes del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Economía vulnerada
El impacto de esta violencia no solo es humano, también económico. El Índice de Paz México 2025 estima que el costo de la violencia en Sinaloa fue de 122 mil millones de pesos en 2024, lo que equivale al 23.5 por ciento del PIB estatal y a un gasto per cápita de 37 mil 583 pesos. En otras palabras, cada sinaloense perdió, en promedio, el equivalente a más de dos meses de salario como consecuencia directa o indirecta del entorno violento.
Con las instituciones civiles de seguridad debilitadas –el estado cuenta con apenas 0.33 policías por cada mil habitantes, lejos del estándar recomendado de tres por mil– y una estrategia de seguridad centrada casi exclusivamente en la militarización, el panorama es poco alentador. Especialistas advierten que, si no se invierte en fortalecimiento institucional, inteligencia criminal y prevención social, la violencia seguirá escalando y Sinaloa podría entrar en un punto de no retorno.
A escasos cinco meses de que termine el año, Sinaloa ya ha sido testigo de más homicidios que en todo el año anterior, y los grupos criminales siguen en plena ofensiva. La guerra que estalló en septiembre pasado ha dejado una huella profunda y visible. Las cifras son más que números: son señales de una sociedad en crisis.
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