A pesar de décadas de legislación internacional y campañas gubernamentales, la trata de personas sigue operando con una impunidad alarmante. En pleno siglo XXI, esta forma contemporánea de esclavitud genera ingresos millonarios para redes criminales y deja tras de sí miles de víctimas invisibles: mujeres, niñas, niños, migrantes y personas en situación vulnerable.
El 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, es mucho más que una fecha conmemorativa. Es un recordatorio incómodo de que los compromisos contra este delito no se han traducido en resultados efectivos. Las cifras globales crecen, los métodos de captación se sofistican, y la respuesta institucional, particularmente en países como México, sigue siendo débil, fragmentada e insuficiente.
La trata de personas no es un fenómeno marginal. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este crimen mueve al menos 150 mil millones de dólares al año, superando incluso a algunos sectores formales de la economía. Sólo en 2022 se identificaron más de 74 mil víctimas a nivel mundial, aunque los expertos coinciden en que esta cifra es apenas la superficie de una realidad mucho más amplia y oculta.
El informe más reciente de la UNODC advierte que el 61 por ciento de las víctimas identificadas son mujeres y niñas, mientras que el 38 por ciento son menores de edad. La mayoría son captadas dentro de sus propios países, no a través de redes internacionales, lo que desmiente la idea de que la trata es un delito extranjero. La explotación sexual sigue siendo la forma más común, seguida del trabajo forzado, la mendicidad forzada y, en menor medida, la extracción de órganos.
Presas perfectas
Los tratantes no necesitan cadenas. Les basta con aprovechar la necesidad, la desesperación y la ingenuidad. Usan promesas de empleo, ofertas educativas, falsas becas o incluso relaciones sentimentales como anzuelos. En los últimos años, plataformas digitales y redes sociales se han convertido en las principales herramientas de captación.
Durante la pandemia, el fenómeno se digitalizó. Las víctimas son hoy reclutadas por redes transnacionales para cometer fraudes en línea o para explotación sexual en espacios cerrados. Organizaciones criminales en Asia y Europa Oriental mantienen en cautiverio a más de 250 mil personas obligadas a operar call centers del fraude digital, según reportes de 2025 de medios internacionales y la Interpol.
Una vez atrapadas, las víctimas son despojadas de su documentación, aisladas, violentadas y sometidas psicológica o físicamente. La coacción ya no siempre se ejerce con armas, sino con amenazas familiares, deudas impagables, chantajes emocionales o simplemente con la imposibilidad real de escapar.
En el caso mexicano, la realidad es especialmente alarmante. Según cifras oficiales, de 2015 a enero de 2024 se identificaron dos mil 438 víctimas menores de edad, de las cuales el 75 por ciento eran niñas y adolescentes. Sin embargo, los datos oficiales apenas capturan una fracción del problema.
La Organización contra la Trata de Personas OCLOA estima que la impunidad en estos delitos es del 82.8 por ciento, mientras que en desapariciones, muchas vinculadas a trata, alcanza el 99.9 por ciento. Las fiscalías estatales carecen de personal especializado, refugios y presupuesto. Las investigaciones, cuando se inician, rara vez derivan en sanciones penales contundentes.
En 2023, se registraron 226 víctimas en carpetas de investigación; el 56 por ciento fue por explotación sexual y el 22 por ciento por trabajo forzado. El número de personas detenidas por trata cayó casi 40 por ciento respecto al año anterior. Sólo 97 fueron condenadas. Mientras tanto, decenas de miles de mujeres siguen desaparecidas sin que se investigue si fueron víctimas de redes de trata.
El Estado de México, una de las entidades más afectadas, reporta más de 27 mil mujeres desaparecidas en los últimos años. Muchas de ellas nunca fueron buscadas con perspectiva de trata, y sus casos fueron tratados como “ausencias voluntarias”. La falta de coordinación entre fiscalías de desaparición y trata permite que las redes sigan operando con facilidad.
México ratificó desde 2003 el Protocolo de Palermo, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la trata. Sin embargo, su implementación ha sido desigual. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas existe desde 2012, pero su cumplimiento real es cuestionado.
Diversas ONG han denunciado que el sistema de atención a víctimas es precario, sin refugios seguros ni apoyos suficientes para quienes logran escapar de las redes. Además, persiste la colusión de autoridades con redes delictivas en algunos estados, como lo señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe de 2024, que degradó a México al nivel 2 por no cumplir plenamente con los estándares internacionales.
Más allá de la sanción, el combate a la trata requiere prevenir. Pero el enfoque preventivo es casi inexistente. La educación digital, la vigilancia de ofertas laborales irregulares y las campañas comunitarias brillan por su ausencia en muchas regiones del país. Niñas y adolescentes en zonas rurales o indígenas, personas migrantes en tránsito o trabajadores informales son terreno fértil para los tratantes.
La Comisión Intersecretarial contra la Trata y algunos gobiernos locales han impulsado programas de capacitación, pero sin continuidad ni seguimiento. Organizaciones como Save the Children, UNICEF y la OIM han implementado proyectos focalizados en Chiapas, Baja California y Ciudad de México, pero la cobertura sigue siendo limitada frente al tamaño del problema.
A más de dos décadas de los primeros acuerdos internacionales, el balance es preocupante. La trata de personas sigue siendo una crisis estructural invisibilizada. Las redes criminales se adaptan, diversifican sus métodos y operan en completa impunidad. Las víctimas, por su parte, siguen atrapadas en sistemas que no las ven, no las protegen y no las rescatan.
Conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas sin un compromiso real de presupuestos, justicia y reparación, corre el riesgo de convertirse en otro ritual vacío. La esclavitud no ha desaparecido: se ha modernizado. Y sigue ahí, entre nosotros.
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