La línea del Tribunal Electoral no se detiene. Han dado banderazo al poder para vengarse de aquellos ciudadanos que se atreven a enfrentar al gobierno morenista, especialmente cuando los reclamos están relacionados con la corrupción, la falta de rendición de cuentas o, simplemente, por atreverse a cuestionar al poder (siempre que se trate de Morena, claro). Es un ataque contra la libertad de expresión, sin duda, pero además conlleva la inscripción pública del presunto infractor en una lista de personas sancionadas por supuestamente cometer violencia de género. ¡Vaya pretexto para perseguir! Si siguen así, ese registro terminará siendo conocido como la “Lista de los Valientes”.
En mayo, Noroña obligó a un ciudadano a ofrecerle disculpas de manera pública, acto por demás humillante, sólo porque el senador se sintió ofendido por un simple reclamo que le fuera hecho en el aeropuerto de la ciudad de México. En junio, se publicó en el estado de Puebla la nueva “Ley Censura”, creada por iniciativa de su gobernador en la que reforma el Código Penal para crear dos nuevos delitos: el ciber-asedio o ciberacoso.
Siguieron con una grotesca intervención en la vida del periodista Héctor de Mauleón, con ataques incluso al diario: El Universal. Continuaron contra una ciudadana de Sonora quien, al día de hoy, sigue cumpliendo la obligación de disculparse con una diputada de Morena tan sólo porque se atrevió a cuestionar su candidatura. Y en Guerrero, el director de un medio de comunicación fue obligado a ofrecer disculpas públicas a la alcaldesa de Acapulco porque ésta se sintió ofendida tras la publicación de una nota en la que se informaba que la Auditoría Superior de Guerrero la denunció por el desvío de 898 millones de pesos. Claro que la exigencia al director para que se disculpara vino con su correspondiente inscripción en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres.
El verdadero telón de fondo es para todos evidente: la decisión cobarde y cómplice del gobierno pasado que consistió en no enfrentar a los criminales, es decir, de la política de “abrazos y no balazos” del gobierno de López Obrador. Abandonar a las familias mexicanas a cambio de favores, de complicidades y cargos, como ha quedado demostrado claramente en el caso de Tabasco. Las consecuencias de dicha política tienen ahora al país en su etapa de mayor violencia y generaron en el Estado Mexicano una debilidad tan grande en medio de la falta de División de Poderes.
El destino los alcanzó. Se tropezaron no sólo con sus dichos, sus consignas y sus condenas, sino con la realidad. Hoy no pueden ser claros con lo sucedido en Tabasco donde el secretario de Seguridad Pública del gobierno local fue mantenido en su cargo, a pesar de que el Ejército lo señaló no como cómplice sino como dirigente de una organización criminal. Tampoco pueden decir nada frente al destape de corrupción y la participación activa del crimen organizado en México como es el caso de Sinaloa.
Mientras tanto, vemos a los oficialistas de Morena disfrutando de lujosas vacaciones, lo que nos distrae, pero paradójicamente nos demuestra la corrupción estructural que atraviesa el partido en el poder.
¿Qué hacer? Las y los ciudadanos debemos saber que la mejor manera de defender a quienes han sido atacados por decir lo que piensan del poderoso es alzando la voz: denunciar, no claudicar, no rendirse y seguir exigiendo a la oposición que respalde el valor cívico y la libertad. Si queremos ver a nuestro país en una historia distinta empecemos por derribar el telón en el que se desarrolla la historia actual.
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