En cualquier país que aspire a la justicia social, las necesidades básicas deben ser la brújula que oriente el gasto, la política pública y la toma de decisiones. Sin embargo, en México —una de las economías más grandes de América Latina— persisten fallas estructurales que afectan directamente la vida cotidiana de millones. Escasez de medicamentos, precios volátiles de la gasolina, una deuda pública creciente, infraestructura deteriorada y servicios esenciales en decadencia son síntomas de un modelo de gobierno que ha priorizado el espectáculo sobre la sustancia.
“El gobierno debería garantizar al menos lo mínimo: salud, educación, caminos dignos. No pedimos lujos, pedimos justicia”, afirma doña Elvira Salazar, madre de tres hijos con enfermedades crónicas, que lleva meses peregrinando por farmacias del sector salud en busca de insulina y anticonvulsivos.
Hoy, más que nunca, urge volver la vista a lo fundamental. Un gobierno responsable no posterga lo esencial.
La vida en juego: el acceso a medicamentos
Uno de los temas más sensibles y emblemáticos del deterioro estructural en México es el desabasto de medicamentos. Según datos de la organización Nosotrxs y la iniciativa Cero Desabasto, entre 2019 y 2023 se reportaron más de 85 millones de recetas no surtidas en el sector público. Esto equivale a millones de pacientes sin tratamientos para enfermedades crónicas, oncológicas o psiquiátricas.
El Observatorio de Gasto Público del IMCO alertó que la compra consolidada de medicamentos cayó en eficiencia tras las modificaciones a los mecanismos de licitación. La falta de planeación, la centralización excesiva y la opacidad han generado cuellos de botella en la distribución.
“No basta con comprar más barato si no llega al paciente”, advirtió Alejandro Barbosa, director de Fundación Nariz Roja. “Hemos visto morir niños con cáncer porque su quimioterapia no llegó a tiempo. Eso no se le puede llamar ahorro, se llama negligencia criminal”.
Restablecer un sistema de compras eficiente, transparente y descentralizado, basado en criterios médicos y no ideológicos, es una obligación moral.
Gasolina: entre el mito de la soberanía y el golpe al bolsillo
Durante años, se prometió que la construcción de nuevas refinerías y la nacionalización energética reducirían el precio de la gasolina. Sin embargo, según cifras de la CRE (Comisión Reguladora de Energía), el precio promedio de la gasolina magna pasó de 19.29 pesos por litro en 2018 a más de 24.00 pesos en 2025.
Además del impacto económico en millones de hogares y empresas, el abasto ha sido inestable en regiones del Bajío y Occidente, donde el cierre de ductos y la logística deficiente han generado intermitencias.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), los subsidios al IEPS han generado una pérdida de recaudación de más de 300 mil millones de pesos, sin lograr estabilizar los precios al consumidor.
El dilema es claro: ¿subsidios ineficientes o inversión en transporte público de calidad y movilidad sustentable? Un gobierno sensato debe priorizar la justicia distributiva y la sostenibilidad a largo plazo.
Deuda pública: la soga que aprieta el futuro
En el primer trimestre de 2025, la Secretaría de Hacienda reportó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzó los 15.7 billones de pesos, equivalente al 54.2% del PIB, el nivel más alto en más de una década.
Especialistas como Mariana Campos, directora de México Evalúa, advierten que este nivel de endeudamiento es insostenible si no se acompaña de reglas fiscales claras y un replanteamiento del gasto. “Lo preocupante no es solo cuánto se debe, sino en qué se gasta. Si la deuda financia programas sin evaluación, se convierte en una carga sin retorno”, señaló en entrevista para Aristegui Noticias.
Mientras se endeudan para obras polémicas como el Tren Maya o el AIFA, miles de escuelas, hospitales y caminos rurales languidecen. Redistribuir el gasto a prioridades sociales es una medida urgente.
Infraestructura para la vida, no para el aplauso
Carreteras destruidas, sistemas de agua potable colapsados, escuelas sin techo y hospitales sin quirófanos funcionales: así luce buena parte de la infraestructura básica del país. Según el Índice de Competitividad Estatal 2024 del IMCO, 23 de las 32 entidades federativas tienen infraestructura en condiciones “deficientes o muy deficientes”.
“El pozo de mi comunidad se secó hace un año. El gobierno dijo que haría una obra emergente, pero solo vinieron a tomarse fotos. Seguimos trayendo agua en cubetas desde 2 kilómetros”, cuenta Jesús García, agricultor en Zacatecas.
Más allá del derroche en megaproyectos de alto impacto político, un gobierno ético debe priorizar obras que generen bienestar tangible, con criterios de eficiencia, transparencia y participación ciudadana.
Lo que no se ve pero duele: corrupción, impunidad y abandono social
La corrupción no ha sido erradicada, pese a los discursos. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 126 de 180 países, con una puntuación que ha caído desde 2018.
En paralelo, la impunidad sigue siendo norma: más del 93% de los delitos no se denuncian o no se investigan, según la ENVIPE 2024.
Además, la seguridad pública, la salud mental, la prevención de adicciones y el rezago educativo siguen sin políticas sólidas ni presupuestos suficientes. El sistema educativo perdió a más de 2 millones de estudiantes durante la pandemia, y muchos no han regresado a las aulas.
La voz del pueblo: participación ciudadana para la transformación real
La Doctrina Social de la Iglesia enseña que “la política es una forma eminente de caridad”. Pero esa caridad se convierte en simulación cuando el pueblo no es escuchado. Fomentar la participación ciudadana activa, los contrapesos institucionales, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad social es condición de una democracia viva.
“No queremos limosna ni discursos. Queremos que nos tomen en serio”, dice Berenice Orozco, enfermera y madre de familia que lidera un comité vecinal en Nezahualcóyotl. “Nosotras sabemos qué se necesita en nuestro barrio. Escucharnos sería gobernar bien”.
Lo básico es lo justo
Un gobierno que posterga lo elemental —medicinas, agua, caminos, seguridad, educación— no está gobernando, está administrando la desesperanza. Las fallas estructurales no son solo técnicas: son morales. Y la respuesta debe ser ética, solidaria y con visión de futuro.
El verdadero poder político consiste en servir, y servir bien. Corregir estas fallas no es solo una exigencia administrativa, sino un mandato de justicia social, de dignidad humana y de respeto a la vocación misma del Estado.
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