En un contexto político marcado por la desconfianza ciudadana y múltiples escándalos de corrupción, el Congreso de la Unión de México aprobó en junio de 2025, durante el último periodo extraordinario de sesiones, una reforma significativa: el fortalecimiento de las Contralorías Internas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.
La medida fue presentada como parte de los esfuerzos del actual gobierno y el Poder Legislativo para avanzar en la lucha contra la corrupción, una de las principales exigencias de la ciudadanía. La reforma busca dotar de mayor autonomía, independencia y capacidad sancionadora a las contralorías internas, con el objetivo de auditar las conductas de los propios legisladores y personal administrativo de ambas cámaras.
“Necesitamos un Congreso que no solo fiscalice al Ejecutivo, sino que sea capaz de vigilarse a sí mismo con seriedad y sin simulaciones”, expresó en tribuna la diputada María del Carmen Bautista Peláez, presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, al defender la iniciativa en el Pleno.
¿Qué dice la iniciativa? Un nuevo diseño para las contralorías internas
La reforma aprobada modifica los reglamentos internos de ambas cámaras y establece las siguientes novedades principales:
- Las Contralorías Internas obtendrán autonomía técnica y de gestión, evitando que su funcionamiento dependa de decisiones políticas o administrativas de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política.
- Se establece la designación mediante concurso público de los titulares de las contralorías, buscando perfiles con experiencia en auditoría, control interno y combate a la corrupción.
- Las contralorías estarán facultadas para:
- Iniciar investigaciones de oficio o a petición sobre irregularidades cometidas por legisladores o personal del Congreso.
- Imponer sanciones administrativas y dar vista a la Fiscalía Anticorrupción o a la Auditoría Superior de la Federación cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito o de responsabilidades graves.
- Se contemplan obligaciones de transparencia trimestrales de las contralorías ante la ciudadanía.
Esta reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados el 25 de junio de 2025 y en el Senado el 28 de junio, con respaldo de Morena, PT y PVEM, y la abstención o voto en contra de parte del PAN y PRI, quienes cuestionaron la real independencia que tendrían estos órganos.
¿Por qué fue impulsada? Contexto político y social
La reforma surge en medio de un clima de desconfianza hacia la clase política, agudizado por denuncias recientes contra legisladores involucrados en casos de moches, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.
En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, publicada por el INEGI, 76.4% de los ciudadanos percibían que los diputados y senadores son corruptos o muy corruptos. Esta percepción no es nueva, pero se ha agravado por la falta de consecuencias en casos emblemáticos.
“El Congreso mexicano ha quedado en deuda con la sociedad. No se puede combatir la corrupción desde un poder que no se somete a controles internos”, declaró en entrevista Mauricio Merino Huerta, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.
Riesgos, críticas y posibles consecuencias negativas
Sin embargo, no todos celebran la reforma. Diversos especialistas advierten de riesgos:
- Autonomía cuestionable: Aunque la reforma prevé autonomía técnica, las contralorías seguirán siendo designadas y removidas por mayorías legislativas, lo que podría convertirlas en órganos de simulación o “control a modo”.
- Falta de recursos: Sin presupuesto suficiente y sin personal capacitado, las contralorías pueden quedar como meros “cascarones administrativos”.
- Uso político: Algunos analistas temen que estas herramientas se utilicen para perseguir adversarios políticos dentro de las propias cámaras, en lugar de perseguir casos reales de corrupción.
“El riesgo es que terminemos con contralorías politizadas que no castiguen la corrupción, sino que la administren según los intereses del grupo en el poder”, alertó en un análisis el politólogo Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE.
Fortalezas y posibles beneficios
Pese a las críticas, algunos observadores destacan los siguientes aspectos positivos:
- Es el primer paso en décadas para otorgar herramientas reales de fiscalización al propio Poder Legislativo.
- Incentiva la cultura de la denuncia interna, protegiendo a servidores públicos honestos que antes callaban por miedo a represalias.
- Abre la puerta a una mayor colaboración entre las cámaras y los órganos externos como la Auditoría Superior de la Federación y el INAI.
“Si se implementa con seriedad, esta reforma puede reducir notablemente el margen de impunidad de los legisladores”, opinó la abogada anticorrupción Edna Jaime en un foro organizado por México Evalúa.
¿Cómo afectará esta ley al ciudadano común? Impacto en la vida diaria
Aunque pudiera parecer una reforma lejana para la mayoría de la población, sus efectos podrían sentirse en varios aspectos concretos:
- Una mejor vigilancia interna puede frenar prácticas corruptas que encarecen y retrasan leyes, reformas o presupuestos.
- El Congreso maneja recursos millonarios (tan solo en 2024 el gasto fue de más de 16,000 millones de pesos). Una contraloría eficaz podría evitar desvíos que terminan afectando el gasto público en salud, educación o seguridad.
- Si los ciudadanos pueden consultar informes claros y públicos, se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, lo que empodera a la ciudadanía.
Rosa María López, madre soltera de 39 años en Iztapalapa, lo explica así: “A veces la corrupción en el Congreso parece algo muy lejano, pero si se roban el dinero o lo usan mal, eso nos afecta porque hay menos presupuesto para escuelas, para hospitales o para seguridad en las colonias. Por eso creo que cualquier cosa que los vigile está bien.”
La aprobación de la reforma a las contralorías internas del Congreso es, sin duda, un movimiento que podría marcar un parteaguas en la lucha contra la corrupción legislativa en México. Su éxito, sin embargo, dependerá no solo del diseño legal, sino de su aplicación práctica, los perfiles que se nombren y la vigilancia constante de la sociedad civil y los medios.
A mediano y largo plazo, esta reforma podría ayudar a restituir la confianza en el Congreso, una de las instituciones más desacreditadas del país, pero también corre el riesgo de convertirse en una simulación más si no se acompaña de voluntad política real.
Como señala el analista José Antonio Crespo: “Las leyes no cambian la cultura política de un día para otro. Pero sin estas leyes, tampoco se cambia nunca.”
El desafío está planteado y la ciudadanía tiene ahora la oportunidad de vigilar a los vigilantes.
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