Durante el último periodo extraordinario de sesiones del Congreso mexicano, celebrado en junio de 2025, se aprobó un paquete de reformas con impactos significativos para la vida pública y privada del país. Una de las más destacadas fue la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una iniciativa que busca revolucionar la forma en que los ciudadanos interactúan con el gobierno federal mediante la digitalización y simplificación de procesos administrativos.
Presentada como parte de una agenda de modernización y eficiencia estatal, la ley fue aprobada por amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado el pasado 20 de junio de 2025. Su objetivo central: reducir los trámites físicos, eliminar redundancias y avanzar hacia un Estado digital.
Sin embargo, mientras sus impulsores la presentan como un paso hacia la eficiencia y la transparencia, diversas voces ciudadanas, expertos y legisladores de oposición advierten sobre posibles exclusiones digitales, riesgos a la privacidad y el acceso desigual a los beneficios prometidos.
¿Qué dice la ley? Contenido esencial sin tecnicismos
La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos establece de manera obligatoria que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán:
- Digitalizar la totalidad de sus trámites y servicios en un plazo máximo de 18 meses.
- Crear una ventanilla única digital para todos los trámites federales.
- Simplificar formularios y requisitos eliminando documentación redundante.
- Permitir que los ciudadanos puedan dar seguimiento digital a sus gestiones y recibir notificaciones electrónicas.
- Reconocer la firma electrónica avanzada como equivalente a la firma autógrafa para todos los efectos legales.
Además, el artículo 12 de la ley estipula que los trámites no podrán duplicar requisitos ya existentes en bases de datos oficiales, evitando así que un ciudadano deba entregar el mismo documento en diversas instancias.
¿Por qué fue impulsada? Un contexto de hartazgo ciudadano
La iniciativa nació como respuesta al hartazgo social frente a la lentitud y la complejidad de los trámites gubernamentales en México. Según datos del Banco Mundial (2024), el país ocupa el lugar 74 en el ranking global de facilidad para hacer negocios, en gran parte por los obstáculos burocráticos.
Durante la presentación de la iniciativa, la entonces presidenta Claudia Sheinbaum declaró:
“No podemos aspirar a una transformación profunda sin eliminar el lastre de la burocracia que tanto tiempo, recursos y paciencia consume a los ciudadanos. La digitalización es una herramienta de justicia y eficiencia.” (Gaceta Parlamentaria, junio 2025).
El gobierno también apuntó que esta ley busca mejorar el acceso a servicios, reducir la corrupción de ventanilla y optimizar tiempos en procesos tan diversos como la expedición de pasaportes, licencias o permisos federales.
Riesgos, críticas y posibles consecuencias negativas
A pesar del entusiasmo oficial, la ley ha recibido críticas desde distintos frentes. El investigador Luis Estrada, del Centro de Análisis Político Aplicado (CAPA), advirtió:
“La digitalización no es neutral. Puede crear nuevas desigualdades si no se acompaña de políticas claras de inclusión digital y de protección de datos.” (Forbes México, junio 2025).
Las principales preocupaciones giran en torno a:
- Brecha digital: Según el INEGI (2024), el 23% de los hogares en México no cuenta con acceso a Internet, particularmente en zonas rurales e indígenas.
- Seguridad y privacidad: La concentración de trámites en una plataforma única puede ser vulnerable a ciberataques o uso indebido de datos personales.
- Despersonalización: La eliminación de oficinas físicas podría dejar sin atención a personas adultas mayores o con baja alfabetización digital.
Un ciudadano entrevistado en Ecatepec, Jesús Vázquez, de 58 años, expresó su inquietud: “Yo no sé usar una computadora. Si todo lo ponen digital, ¿cómo voy a poder hacer mis trámites? Me van a dejar fuera.”
La ley contempla la existencia de módulos físicos de acompañamiento digital, pero críticos consideran que no hay suficiente presupuesto asignado para que estos sean realmente accesibles.
Fortalezas y beneficios potenciales
Entre los beneficios que los defensores destacan se encuentran:
- Reducción de tiempos: Trámites que antes tomaban semanas podrían resolverse en días o incluso horas.
- Transparencia: Menos intermediarios físicos reducen el espacio para la corrupción.
- Acceso universal 24/7: La plataforma digital permitiría que los ciudadanos realicen gestiones desde cualquier lugar y en cualquier momento.
- Sostenibilidad: Disminución en el uso de papel y recursos materiales.
La diputada Mariana Gómez del Campo señaló en tribuna: “Estamos dando un paso hacia un Estado ágil, eficiente y respetuoso del tiempo de los ciudadanos. Esta ley moderniza y acerca al gobierno a la gente.” (Diario de los Debates, junio 2025).
¿Cómo afectará a los ciudadanos en su vida diaria?
La vida cotidiana de los mexicanos cambiará en varios aspectos concretos:
- Trámites en línea: Desde renovar una licencia hasta registrar una empresa, la mayoría de los procesos se harán por Internet.
- Menos filas y menos oficinas: Se reducirán los tiempos de espera y la necesidad de acudir presencialmente.
- Mayor uso de la firma electrónica: El ciudadano deberá obtener y familiarizarse con una firma digital reconocida legalmente.
- Dependencia tecnológica: Se necesitará un mínimo de conocimiento tecnológico y acceso a dispositivos para interactuar con el Estado.
Un caso práctico lo expone María Torres, madre soltera de Toluca: “El año pasado pasé cuatro días en fila para un trámite de beca escolar. Si esto se puede hacer en línea, me ahorraría tiempo y dinero, pero me preocupa no tener computadora en casa.”
La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos representa un paso ambicioso hacia la modernización del gobierno mexicano. Su espíritu es positivo: ahorrar tiempo, combatir la corrupción y facilitar la vida ciudadana.
Sin embargo, como toda transformación, su éxito dependerá de cómo se implemente. La inclusión digital, la protección de datos personales y el acompañamiento a sectores vulnerables serán claves para evitar que esta modernización se convierta en una forma sutil de exclusión.
El verdadero desafío será que, en un país tan desigual como México, ningún ciudadano quede fuera de un sistema que pretende ser más justo y eficiente.
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