“No tenemos miedo, pero sabemos que cada día puede ser el último”, cuenta Anabel Hernández, reconocida periodista mexicana, exiliada tras recibir amenazas por sus investigaciones sobre narcotráfico y corrupción. Su testimonio no es aislado: México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En lo que va de 2024, al menos ocho periodistas han sido asesinados en el país, según datos de Artículo 19.
La libertad de prensa, columna vertebral de cualquier democracia, atraviesa en México una de sus etapas más sombrías. Bajo el argumento de combatir la desinformación o los “ataques a la paz social”, se han multiplicado los discursos de odio, los ataques verbales y las restricciones legales que amenazan con silenciar voces críticas e independientes.
Una historia de tensiones y control
La relación entre los gobiernos mexicanos y la prensa ha sido históricamente conflictiva. Desde el control ejercido durante el PRI hegemónico del siglo XX, cuando los medios se mantenían bajo tutela gubernamental a cambio de publicidad oficial, hasta los intentos de apertura en las décadas recientes, la prensa ha luchado por conquistar su autonomía.
Sin embargo, en los últimos años, especialmente bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora con la continuidad de Claudia Sheinbaum, las tensiones han escalado. En palabras de Leopoldo Maldonado, “se ha construido un clima de polarización donde ser periodista equivale a ser adversario político”.
La Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2024 elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a México en el lugar 128 de 180 países, reflejando el deterioro constante en el ambiente para medios y periodistas.
La mañanera: altavoz del poder y linchamiento mediático
Las conferencias matutinas, conocidas como “las mañaneras”, se han convertido en un fenómeno sin precedentes en la comunicación presidencial. Lo que comenzó como un ejercicio de transparencia terminó por transformarse en un espacio donde se ataca sistemáticamente a la prensa crítica.
Periodistas como Carlos Loret de Mola, Denise Dresser y Carmen Aristegui han sido blanco recurrente de descalificaciones, acusaciones de corrupción o incluso amenazas veladas desde este púlpito mediático. Como señaló Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en México, “las mañaneras han deteriorado la libertad de prensa al deslegitimar el papel de los medios y sembrar desconfianza entre la población”.
Esta estrategia de confrontación tiene consecuencias reales: Artículo 19 documentó 561 agresiones contra la prensa en 2023, muchas de ellas precedidas de señalamientos en conferencias matutinas.
Periodistas en riesgo: vidas que cuentan la verdad
El periodismo en México no sólo enfrenta el hostigamiento verbal sino la amenaza letal. Desde Regina Martínez, asesinada en 2012 en Veracruz, hasta casos recientes como el de Luis Martín Sánchez Iñiguez, corresponsal de La Jornada hallado muerto en Nayarit en 2023, las cifras son escalofriantes.
México ostenta la triste distinción de ser el país más mortífero para los periodistas fuera de zonas de guerra, según RSF. El CPJ reporta que en la última década más de 150 periodistas han sido asesinados o desaparecidos.
“Cada día salgo de casa sin saber si voy a regresar”, confiesa Sandra Rodríguez, reportera de Ciudad Juárez. “Pero me niego a callar, porque es nuestro deber contar lo que pasa”.
A esto se suma la criminalización de la labor periodística, como en los casos de Gildo Garza o Rubén Pat, donde las autoridades no sólo no protegen, sino que persiguen a quienes revelan hechos incómodos.
Según UNESCO, México registró 7 periodistas asesinados en 2024, lo que lo ubica como el tercer país más peligroso para la prensa en ese año, solo detrás de Palestina (18) y Pakistán (8). Estos casos incluyen, entre otros:
- Patricia Ramírez González (Colima) – asesinada el 30 de octubre de 2024
- Roberto Figueroa (Morelos) – 26 de abril
- Víctor Manuel Jiménez (Guanajuato) – cadáver hallado el 12 de junio
- Víctor Alfonso Culebro (Chiapas) – 28 de junio
- Alejandro Martínez Noguez (Guanajuato) – 4 de agosto
- Enrique Hernández (Guerrero) – 31 de agosto
- Mauricio Cruz Solís (Michoacán) – 29 de octubre
Según reportes del Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporters Without Borders (RSF) y Artículo 19, hasta julio de 2025 se han registrado cuatro asesinatos de periodistas en el país:
- Alejandro Gallegos León
- Localidad: Tabasco
- Fecha: 31 de enero de 2025
- Información: Su cuerpo fue hallado tras desaparecer el 24 de enero. Academic y periodista, dirigía La Voz del Pueblo en Cárdenas
- Cayetano de Jesús Guerrero
- Localidad: Estado de México
- Fecha: 17 de enero de 2025
- Información: Fue baleado frente a una parroquia en Teoloyucan, pese a contar con protección federal desde 2014 .
- Kristian Zavala
- Localidad: Silao, Guanajuato
- Fecha: 2 de marzo de 2025
- Información: Fundador de “El Silaoense MX”, bajo protección estatal desde 2021. CPJ confirmó su asesinato como el tercer caso del año
- José Carlos González Herrera
- Localidad: Acapulco, Guerrero
- Fecha: 15 de mayo de 2025
- Información: Editor de la página Facebook “El Guerrero, Opinión Ciudadana”. RSF lo calificó como el cuarto periodista asesinado en México en 2025
Restricciones legales y censura digital
En un contexto cada vez más hostil, las amenazas a la prensa no sólo provienen de grupos criminales o agresiones físicas. El uso del marco legal y tecnológico para limitar la expresión es una tendencia alarmante.
En abril de 2025, el gobierno federal presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que encendió las alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos digitales, periodistas y académicos. El proyecto incluía el polémico Artículo 109, que otorgaba a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la facultad de bloquear plataformas digitales o contenidos en línea sin la necesidad de una orden judicial, bajo el argumento de “preservar la paz pública” o evitar la difusión de información “nociva”.
La propuesta fue inmediatamente etiquetada en medios y redes sociales como la “Ley Censura”, y tanto Artículo 19, Amnistía Internacional, WOLA como especialistas en derecho digital advirtieron que su aprobación abriría la puerta a una censura arbitraria y discrecional que pondría en grave riesgo la libertad de expresión en México.
“La falta de criterios claros para determinar qué contenido se puede bloquear es una amenaza directa al derecho a la información”, señaló en su momento Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) (r3d.mx).
Ante la presión de la sociedad civil, organismos internacionales, académicos y medios nacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Senado modificar o eliminar el controvertido artículo. En palabras de la propia mandataria:
“No se trata de censurar a nadie, sino de tener un marco legal moderno para el entorno digital. Si hay disposiciones que se malinterpretan o que vulneran derechos, deben corregirse” (latinus.us).
Finalmente, tras intensos debates, el Senado de la República aprobó en junio de 2025 una versión ajustada de la ley en la que se eliminó la facultad de bloquear contenidos sin orden judicial y se establecieron salvaguardas para garantizar el respeto a la libertad de expresión y la neutralidad de la red (jornada.com.mx).
La nueva ley mantiene aspectos importantes como:
- La sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por la ATDT.
- Regulación más estricta sobre propaganda extranjera en medios electrónicos y digitales.
- Establecimiento de nuevos mecanismos de sanción para concesionarios y plataformas.
Sin embargo, se excluyó la posibilidad de realizar bloqueos o suspensiones de plataformas sin un proceso judicial adecuado, algo que había sido fuertemente cuestionado tanto dentro como fuera del país.
“Logramos frenar un intento de censura, pero sigue habiendo un riesgo latente si no fortalecemos los contrapesos institucionales”, afirmó una colaboradora de Artículo 19 México que prefirió mantener el anonimato.
Asimismo, el uso de software de espionaje como Pegasus, documentado en informes de Citizen Lab y Forbidden Stories, ha evidenciado la vigilancia ilegal de periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Erosión de la democracia y de la sociedad informada
La limitación de la libertad de prensa tiene consecuencias devastadoras para la democracia. Sin información veraz e independiente, los ciudadanos pierden la capacidad de tomar decisiones informadas, de fiscalizar al poder y de construir una sociedad plural.
“Una prensa amordazada significa un gobierno sin control”, afirma Edgar Cortez, analista en derechos humanos. La falta de pluralidad informativa alimenta la polarización, el fanatismo y la impunidad.
Además, la desconfianza en los medios y en las instituciones se ha profundizado. Según el Latinobarómetro 2023, sólo el 38% de los mexicanos confía en los medios, cifra que se desploma aún más entre los jóvenes.
¿Qué se puede hacer? Fortalecer la defensa de la prensa
Frente a este panorama, expertos y organizaciones coinciden en que es urgente:
- Fortalecer los mecanismos de protección: El Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos necesita más presupuesto, más independencia y mayor eficacia.
- Reformar leyes restrictivas: Revisar y derogar normativas que permitan la censura o la criminalización de la labor periodística.
- Fomentar una cultura de respeto: Desde la educación hasta el discurso político, es vital promover la tolerancia a la crítica y el valor del periodismo en la vida democrática.
“Debemos entender que cada periodista silenciado es una sociedad menos informada y menos libre”, subraya Ana Cristina Ruelas, exdirectora de Artículo 19 en México.
México enfrenta un momento decisivo. La restricción a la libertad de prensa no es sólo un problema de periodistas, sino una amenaza directa al derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Sin una prensa libre, no hay democracia posible.
La vigilancia ciudadana, la defensa de los derechos humanos y la exigencia de rendición de cuentas son las herramientas más poderosas para evitar que el silencio se imponga sobre la verdad.
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