México anclado: de la resolución de la ONU al rescate perpetuo de Pemex
Desde de Ginebra llegó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se alinea claramente con la ruta trazada en la COP28: urge a las naciones a acelerar la “desfossilización” de sus economías . Aunque el texto carece de fuerza vinculante, coloca un nuevo foco diplomático sobre el fin del crudo, reduciendo el margen de maniobra político y financiero para quienes aún apuestan a la prolongación del modelo petrolero.
En México, sin embargo, el discurso oficial sigue empeñado en seguir dándole respiración artíficial a la empresa más endeudada del planeta. Con obligaciones que superan los 100,000 millones de dólares en bonos y más de 20,000 millones con proveedores en riesgo de paralizar operaciones, Pemex se aferra a una estrategia de salvamento con tintes “sociales” que prioriza su control estatal y una presencia mínima de 40 % en todas las nuevas alianzas petroleras .
La paradoja resulta irónica: mientras el mundo diplomático y financiero penaliza con primas de riesgo –los “Pemex 35” cotizan hoy unos 350 puntos básicos por encima de sus pares sudamericanos–, el Estado mexicano refuerza sus inyecciones fiscales y exenciones tributarias por cerca del 1 % del PIB anual. Cada peso destinado a sostener viejas refinerías es un peso que deja de invertirse en salud, educación o agua potable para millones de mexicanos.
Por si fuera poco, el refuerzo de una matriz energética anclada a los combustibles fósiles pone en jaque la competitividad del país en un mercado global comprometido con la reducción de emisiones. Las grandes manufactureras con cadenas de suministro nearshore evalúan sus rutas logísticas no sólo con base en costos, sino tomando en cuenta criterios de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Un sistema eléctrico dependiente de diésel y coque empuja a muchos inversores a mirar hacia Texas o Latinoamérica.
Una visión cventrada en la promoción del bién común centrado en las personas aporta aquí una mirada particularmente crítica: el subsuelo del país es patrimonio de todos los mexicanos, y su renta debería nutrir bienes públicos de largo plazo, no engrosar pasivos financieros. La solidaridad intergeneracional impone el deber de no hipotecar el porvenir de las próximas generaciones en aras de una vigencia petrolera que ya resulta insostenible, mientras el principio de subsidiariedad reclama la participación real de comunidades y pequeñas empresas en proyectos de energías renovables locales.
México cuenta con capacidades –tuberías, talento petroquímico, infraestructura– que podrían pivotar hacia sectores de baja huella de carbono: desde el hidrógeno verde hasta los biocombustibles. Pero cada nueva torre en Dos Bocas pospone la curva de aprendizaje y el desarrollo industrial que demanda la economía limpia del siglo XXI. El dilema es claro: seguir alimentando un modelo obsoleto o apostar por una transición que garantice sostenibilidad financiera y ambiental.
Ya no basta con lamentar la brecha entre el clamor multilateral y la política doméstica. Es urgente diseñar mecanismos de canje de deuda por “bonos de transición”, destinar recursos petroleros a un fondo soberano climático, pausar expansiones de refinerías y reconvertir el know-how petroquímico a nuevas tecnologías. Solo así México podrá transformar su herencia petrolera en un capital social y económico que fortalezca su soberanía verdadera: la que se construye con innovación, resiliencia y justicia para todos.
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