Una de las caras más desagradables de un gobierno es la represión de la libertad de expresión, y es de las más desagradables porque es la que la que revela con mayor claridad las facciones de la dictadura. Hoy en México, esa cara se está dibujando a pasos agigantados.
Desde la administración anterior ya se había perfilado un ataque abierto a la libertad de expresión a través de la descalificación constante en la mañanera, la cual abarcó tanto a informadores profesionales como a ciudadanos por sus publicaciones en redes. Pero hoy, las cosas están tomando un nuevo cariz tanto para informadores como para ciudadanos.
Los casos de acoso a figuras como Azucena Uresti, o el cierre “casual” de espacios en radio a Salvador García Soto, se suman a otros casos como las extrañas sentencias recibidas por Denise Maerker y más recientemente Héctor de Mauleón. Éste último en el marco de la elección judicial fue apercibido por el Instituto Electoral de Tamaulipas por violencia política de género contra una candidata, y en extraño giro acaban exonerándolo a él, pero insistiendo en que el medio que publicó la columna la baje de su portal.
Por su parte, Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, usó también entre muchos otros, el argumento de violencia de género para lograr que una jueza local ordenara el cierre del medio La Tribuna y que su exdirector no pueda ejercer el periodismo por dos años.
Y el lunes se difundió también que el Instituto Nacional Electoral inició proceso contra el activista Miguel Alfonso Meza por sus publicaciones sobre Luis Castañeda, quien fue candidato a juez laboral en la Ciudad de México. La razón aducida es “violencia de género”, que en palabras del acusador: “aunque menos visible que la violencia política contra mujeres, sí existe y puede manifestarse en diversas formas”.
La violencia política de género se ha convertido en la razón de censura también en el caso de Laisha Wilkins, figura pública que ha dejado atrás su carrera de actriz para incursionar en el periodismo y que se ha distinguido por ser una voz crítica. En su caso, el Tribunal Electoral abrió proceso por llamar “Dora la censuradora” a una candidata a ministra.
En todos los casos anteriores se trata personas que profesionalmente ejercen la crítica, pero el colmo ha llegado a la denuncia y sentencia de parte del Tribunal Electoral a una ciudadana común que en redes apuntó a un caso de nepotismo por la presión que destacado morenista y diputado Sergio Gutiérrez Luna habría hecho para que su esposa Diana Karina Barreras entrara en las listas de diputados plurinominales. Un simple tuit del 14 de febrero de 2024, también fue considerado “violencia política de género” y la condenó a sanción económica, curso sobre derechos de mujeres, divulgar disculpa pública por 30 días y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Es necesario repetirlo: una ciudadana fue condenada por expresar una opinión.
Como al parecer pronto el uso del argumento de “violencia política de género” quizá ya no sea suficiente o se necesite utilizar otros tribunales además del Tribunal Electoral, en Puebla se aprobó una legislación que por su laxitud puede ser utilizada para acallar cualquier voz en cualquier tema. No menos grave es lo que contenían las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones que se iban a aprobar hace un par de meses, por las cuales se permitía al gobierno (de hecho a una sola persona que ni siquiera tiene el rango de encabezar una secretaría) bajar cualquier plataforma digital. Supuestamente esa atribución en particular se echó para atrás, pero otros asuntos que permiten ejercer censura abierta y claramente no se cambiarán.
El recuento resulta aterrador, pero a la vez, revela, por una parte, la contradicción de un gobierno que insiste en ser el más popular y más aprobado en la historia y que si fuera así no tendría por qué temer a las voces críticas puesto que no tendrían eco alguno en la población, si eso fuera así. Y por la otra, muestra que temen que será cada día más difícil ocultar sus fracasos, sus incapacidades y sus ineficacias, por lo que prefieren preventivamente callar las voces, que si deben ser acalladas es porque sí son peligrosas. En resumen, el riesgo de alzar la voz hoy es para todos, quizá por eso, menos debemos renunciar a nuestro derecho a la libre expresión, porque sólo así quedará descubierta la cara de la dictadura que hoy amenaza nuestros derechos y la democracia.
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