Según el último reporte de Integralia, encabezado por Luis Carlos Ugalde, la elección judicial federal del 2025, la primera en su tipo en México, se presentó como un avance democrático en la selección de jueces y magistrados. Sin embargo, el noveno reporte judicial elaborado por organizaciones especializadas revela una realidad preocupante: participación ciudadana mínima, voto inducido por el aparato oficial, y una degradación evidente en la integridad electoral.
La jornada, celebrada en junio, tuvo apenas un 13% de participación ciudadana a nivel nacional. Este dato contrasta dramáticamente con el 61% registrado un año antes en la elección presidencial de 2024. Entidades como Coahuila alcanzaron el máximo con un 24.3%, mientras que Guanajuato apenas rozó el 6.7%. Estados gobernados por Morena mostraron un rango de participación entre 9% y 19.5%.
Voto inducido, no libre
Uno de los hallazgos más graves es el papel de los llamados “acordeones oficiales”: listas informales pero ampliamente difundidas de candidatos afines al gobierno federal y a Morena. Todos los candidatos incluidos en esos listados obtuvieron los triunfos, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como en el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Casos como los de Hugo Aguilar, Lenia Batres o Yasmín Esquivel destacan por su alta votación en entidades específicas, lo cual, según el reporte, estuvo fuertemente influenciado por estructuras partidistas y decisiones de gobernadores locales. En Chiapas, Guerrero, Morelos y Tabasco se observaron comportamientos atípicos de apoyo masivo.
El dato que alarma: votos nulos y recuadros en blanco
A pesar del bajo número de votantes, se emitieron más de 450 millones de votos, ya que cada elector podía votar por múltiples cargos. De estos, más de 58 millones fueron votos nulos y casi 60 millones quedaron en blanco, constituyendo la cifra más alta de este tipo en la historia electoral del país. Este fenómeno refleja un rechazo tácito o confusión entre la ciudadanía respecto al proceso.
Un patrón: más voto oficialista en zonas con baja escolaridad
El análisis del comportamiento del voto mostró que los candidatos “oficiales” obtuvieron una proporción significativamente mayor de sufragios en zonas con promedio educativo de primaria terminada, sobre todo en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tabasco. En contraste, en zonas con mayor nivel educativo el apoyo fue más disperso y crítico.
Este hallazgo levanta alertas sobre la desigualdad estructural que persiste en la democracia mexicana: el voto informado y crítico parece estar ausente donde más se necesita.
Redes sociales: irrelevantes en el resultado
A pesar de que muchos aspirantes centraron su campaña en plataformas digitales, el reporte revela una débil correlación entre las interacciones en redes sociales y los votos obtenidos. Por ejemplo, Hugo Aguilar, con apenas 1,288 seguidores, obtuvo 6.2 millones de votos. Giovanni Figueroa, con casi nula presencia digital, recibió 3.7 millones.
Esto confirma que el principal motor del voto fue la estructura territorial y no la deliberación ciudadana en el espacio digital.
Lo que viene: riesgos institucionales y reformas preocupantes
El informe advierte que esta elección judicial sienta un precedente que puede dañar futuras jornadas democráticas. Entre los riesgos mencionados está el uso de la “austeridad” como justificación para reducir el número de casillas, la calidad del material electoral y el personal operativo en futuras elecciones. El costo por votante se quintuplicó respecto a 2024: de 146.4 a 541.4 pesos.
Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que, tras esta elección, enviará una nueva propuesta de reforma electoral. Dado el desacuerdo entre varias consejerías del INE y el gobierno federal respecto a la integridad del proceso, se teme que la reforma incluya una reconfiguración del Consejo General del INE e incluso cambie la forma de designar a sus integrantes.
“Fui a votar porque creí que era un paso histórico, pero en la casilla nadie sabía explicar cómo funcionaba la boleta. Vi a muchos vecinos dejarla en blanco”, relató Marcela Gutiérrez, ciudadana de Cuernavaca. “Siento que solo fuimos parte de una simulación”.
¿Democracia participativa o control institucional?
Lejos de consolidar una justicia más ciudadana, esta elección judicial dejó al descubierto profundas deficiencias en participación, equidad e integridad. Aunque representa un cambio estructural en el modelo de elección de jueces y magistrados, su ejecución mostró síntomas de una democracia debilitada: apatía, desinformación y manipulación del voto.
El Poder Judicial, eje de la legalidad y el equilibrio institucional, arranca su nueva era marcado por el control político y la indiferencia popular. Una lección amarga que debe servir para replantear el futuro de las reformas electorales en México.
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