Sobre la puerta de una vieja casona está pegado un aviso del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México en el que se informa que dicho predio está en proceso de intervención, este es uno de los varios predios que el Gobierno de la Ciudad de México ha declarado de utilidad pública en las últimas semanas. No se trata de casos aislados. Son parte de una política en expansión que, de la mano de Morena, apuesta por expropiar inmuebles para destinarlos a vivienda social o facilitar sean habitados por los llamados paracaidistas.
Entre el 9 y el 13 de mayo de este año, el gobierno encabezado por Clara Brugada publicó ocho decretos de expropiación que abarcan más de dos mil metros cuadrados en alcaldías como Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El argumento: garantizar el derecho a la vivienda, uno de los pilares de la plataforma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“La vivienda no puede ser mercancía, es un derecho”, ha dicho Brugada en más de una ocasión. La jefa de Gobierno ha reiterado que estas expropiaciones obedecen a dictámenes técnicos, peticiones ciudadanas y planes de desarrollo urbano con enfoque social. Según cifras oficiales, al menos 24 inmuebles han sido expropiados en menos de ocho meses. Y van por más.
Pero el tema ha ido escalando hasta convertirse en una amenaza escandalosa. Apenas el lunes 16 de junio Octavio Romero Oropeza, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), reveló públicamente el plan del gobierno federal para hacerse de lugares que no son habitados, o bien, en los que han aterrizado los paracaidistas, para regularizarlos y facilitarles a estos últimos quedarse con los mismos.
“Estamos recuperando espacios abandonados, predios invadidos, viviendas deterioradas. Es un acto de justicia”, indicó una vez que externó la propuesta que causó polémica: permitir que ocupantes irregulares puedan rentar –y eventualmente comprar– las casas que hoy habitan, como parte de un programa de regularización a nivel nacional.
Según cifras del Infonavit, existen al menos 843 mil viviendas en condición de abandono o invasión. La intención es que estas puedan ofrecerse en arrendamiento con opción a compra en plazos de hasta cinco años. Romero sostiene que este modelo permitirá recuperar inmuebles sin desalojos violentos ni procesos judiciales interminables. Lo que ha sido rechazado por la oposición.
En la Ciudad de México, la respuesta del PAN ha sido particularmente crítica. Para la diputada local Daniela Álvarez Camacho, las expropiaciones no están siendo ejecutadas con transparencia.
“La administración que encabeza Clara Marina Brugada está actuando a oscuras para alcanzar la meta de construcción de viviendas que prometió la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo en entrevista radiofónica en Enfoque Noticias. La legisladora acusa que no se han respetado los procedimientos legales ni se ha consultado adecuadamente a vecinos ni propietarios.
El también panista Diego Garrido presentó un punto de acuerdo en el Congreso capitalino para que el gobierno detalle los decretos emitidos, las condiciones de los inmuebles y la legalidad de los procesos. “Esto no es para ayudar a los pobres, es para beneficiar a clientelas políticas y líderes invasores”, aseguró en tribuna.
En otros estados, como Quintana Roo, organizaciones civiles han denunciado falta de indemnización justa y atropellos durante las expropiaciones federales. Aunque la Ley de Expropiación establece criterios claros de utilidad pública y compensación, los mecanismos de revisión no siempre son accesibles para ciudadanos comunes.
El trasfondo de esta política es aún más profundo. A finales de 2024, el gobierno federal impulsó una reforma al Infonavit que le permite construir vivienda directamente, eliminar el esquema tripartita de gestión y crear una empresa estatal para desarrollar proyectos habitacionales. Aunque la presidenta Sheinbaum ha insistido en que los ahorros de los trabajadores están “resguardados”, que la medida busca combatir la corrupción y que la propiedad privada está resguardada, los temores persisten.
La senadora Gina Campuzano (PAN) denunció en el Senado que el nuevo modelo convierte los fondos de los trabajadores en “la caja chica del gobierno”, mientras que su correligionario Ricardo Anaya lo calificó como una amenaza al patrimonio laboral.
El dilema no es menor. Por un lado, los decretos de expropiación buscan garantizar vivienda asequible en ciudades donde el precio del suelo ha expulsado a miles de familias trabajadoras. Por otro, hay preocupaciones legítimas sobre la falta de transparencia, los criterios de utilidad pública y la posibilidad de que se normalicen los desalojos disfrazados de desarrollo.
Morena tiene metas claras: construir cientos de miles de viviendas antes de 2030, la oposición, en cambio, prepara recursos legales, reformas constitucionales y campañas ciudadanas para frenar lo que consideran “una política confiscatoria”.
Entre la urgencia social y la certeza jurídica, el país está ante una disyuntiva: ¿cómo garantizar el derecho a la vivienda sin erosionar los derechos de propiedad?
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