Ministro José Ramón Cossío por reproducción asistida a parejas homosexuales

La maternidad subrogada ha sido un tema de debate en los últimos años, muchos lo consideran un nuevo tipo de esclavitud para la mujer. La SCJN podría reconocerlo como un derecho.


maternidad


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará este 21 de noviembre un proyecto de resolución del ministro José Ramón Cossío, para determinar si en México puede o no reconocerse el derecho a la procreación mediante técnicas de reproducción asistida a las parejas de uniones homosexuales.

A través de este proyecto, el ministro Cossío sostiene que el artículo 4 de la Constitución establece el mandato de que la ley proteja la organización y desarrollo de la familia, además de prever el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

“Considerando que el derecho a convertirse en padre o madre se entiende dado a toda persona, sin distinción en cuanto a preferencia sexual, tal como se prescribe en el artículo 1° de la Constitución y el 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe reconocerse el derecho a las parejas homosexuales para acceder a los adelantos de la ciencia en materia de reproducción asistida, y a convertirse en padres o madres a través de esos métodos”, señala la propuesta.

Incluso, Cossío Díaz sostiene que debe considerarse que la mujer que por su libre voluntad accede a ayudar a quienes no pueden convertirse en padres biológicos de un hijo a realizar ese propósito, lo hace en “ejercicio del libre desarrollo de su personalidad”.

De esta forma, la Corte podría conceder un amparo para que un menor de tres años de edad obtenga una identidad y sea inscrito en el Registro Civil con el apellido de sus padres y además se garantizaría el derecho de la pareja a su vida privada y a procrear mediante el acceso a las técnicas de reproducción asistida.

“Lo más conveniente en este caso es que sea cuidado por las personas que desean hacerse cargo de él y lo han hecho desde su nacimiento. Al respecto es importante reiterar que la madre subrogada hasta ahora ha manifestado no tener ningún interés en hacerse cargo del menor y cumplir con todas las obligaciones derivadas de la maternidad legal”, explica Cossío.

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Actualmente en México, a nivel federal no hay regulación alguna en materias de filiación, maternidad o paternidad en casos de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, sino que únicamente se prevé un tipo penal en el artículo 466 de la Ley General de Salud.

En dicho precepto existen dos prohibiciones: Realizar inseminación artificial en una menor de edad o en una incapaz y que una mujer casada no puede ser inseminada sin la conformidad de su cónyuge.

A nivel local, solamente legislaciones de San Luis Potosí y Tabasco se refieren a gestación subrogada y en esta última entidad federativa es admitida y además se le regula. Actualmente existe en la Corte una acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR contra la ley tabasqueña.

La maternidad subrogada ha sido un tema de debate en el ámbito médico, científico, bioético, social y jurídico, por los diferentes escenarios que pueden intervenir en el proceso.

Para diversos grupos feministas y de derechos humanos, esta práctica significa una cosificación de la mujer, al ser utilizado su cuerpo con un fin mercantil. Con la maternidad subrogada, “mientras una mujer está embarazada, no es solo ella y el proceso biológico que se está llevando a cabo en su cuerpo, sino que hay otros interesados en su embarazo. La mujer se ve limitada en su acción por ser portadora de un bebé que no es suyo”, señaló Alicia Hamui Sutton, académica de la UNAM.

Organizaciones sociales, como Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler (FEMMVA) ha llamado en diversas ocasiones al gobierno para que prohíba dicha práctica, ya que “atenta contra los derechos de las mujeres y de los menores, al utilizar a la mujer como medio y objeto de gestación de hijos para terceros”.

Dicha asociación ha señalado que se trata de una “feminización de la pobreza”, ya que la mayoría de las mujeres que participan, lo hacen debido a una complicada situación económica, exponiendo su cuerpo a enfermedades y contagios, como por ejemplo, de VIH.

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