Derecho a la vida, ¿bajo cualquier método?

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El 7 de junio, la segunda sección del Tribunal Europeo de derechos humanos (TEDH) informó al gobierno italiano sobre el caso Rosetta Costa y Walter Pavan quienes son portadores de fibrosis quística y desean recurrir al diagnóstico genético de preimplantación (PGD) para concebir de manera in vitro a un embrión que no sea portador ni padezca dicha enfermedad, desafiando la prohibición de diagnóstico genético de preimplantación (PGD) en Italia.

El "Movimiento por la vita italiana" y 52 parlamentarios italianos como Rocco Buttiglione, Carlo Casini y Luca Volonte, obtuvieron licencia del Tribunal en agosto para intervenir en el litigio y presentar observaciones por escrito.

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Por su parte, la pareja afirma que su derecho a la intimidad y a la vida familiar ha sido violado y creen que en comparación con las parejas infértiles o estériles o aquellas en donde el hombre porta una enfermedad de transmisión sexual, como el SIDA y el virus de la hepatitis B y C, ellos están siendo discriminados porque la ley 40 de dicho país, permite a estas parejas a recurrir a la reproducción asistida pero no a preimplantación.

¿Qué es la ley 40/2004?

Dicha ley regula las normas de reproducción asistida, después de un largo e intenso debate nacional. Prohíbe el diagnóstico genético de preimplantación. Sus oponentes, procedentes esencialmente de los movimientos radicales y acusando a la ley de ética cristiana, han intentado en muchas ocasiones revocarla, incluso mediante referéndum. Todos estos intentos han fracasado. El caso Costa y Pavan es un nuevo intento de revocar esta ley, no ya por el legislador o el pueblo italiano, sino por una autoridad internacional.

Los demandantes quieren recurrir a un PGD pero hasta ahora no hay nada que indique que solicitaron su petición a los tribunales nacionales, o que ésta fue rechazada por lo que no puede haber reclamación alguna por "ser víctimas de una violación de la Convención", ni de haber agotado todo recurso interno disponible. Esta aplicación es realmente una "actio popularis", es decir, un intento de desafío, en forma directa y abstracta, a la propia ley.

A fin de ser una víctima de violación, una persona debe haber sido directamente afectada por las consecuencias de la controvertida medida. Además, de tomar una acción legal ante el Tribunal Europeo, la persona debe haber llevado el caso ante los tribunales nacionales y haber agotado los recursos internos disponibles, que no ha sido el caso.

El derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a fundar una familia no confieren el derecho a recurrir a distintas técnicas de reproducción asistida. En esencia, la reproducción asistida excede el campo de la vida privada. El Estado debe respetar el deseo de la pareja de ser padres, pero no puede ser indiferente a los medios utilizados para cumplir con este deseo, que en lo sucesivo implica la inversión material y moral de la sociedad.

La aplicación Costa y Pavan v. Italia pretende impugnar la decisión del pueblo italiano en cuanto a la regulación de la reproducción asistida. La ley 40/2004 efectivamente expresa una decisión tomada al final de un largo proceso democrático y del que surge un consenso bioético equilibrado éticamente.

Esta aplicación debe declararse como inadmisible por no haberse agotado los recursos internos y la falta de estado de la víctima en el sentido de la Convención. Además de asumir que los solicitantes han estado reuniendo los requisitos de admisibilidad, debe desestimarse la demanda como una suposición errónea debido al equilibrio mantenido por el Estado entre los diferentes intereses en juego.

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